Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el litoral caribeño venezolano el 25 de junio dejaron al menos 920 muertos, 3.360 heridos y un número indeterminado de desaparecidos. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja activó de inmediato el despliegue de dos hospitales de campaña, uno aportado por la Cruz Roja Española y otro por la Cruz Roja Finlandesa, tras solicitud expresa del gobierno venezolano. Al mismo tiempo se lanzó un llamamiento de emergencia por 50 millones de francos suizos para reforzar la red de ocho hospitales y 34 policlínicas de la Cruz Roja Venezolana durante un periodo máximo de cuatro meses.
La operación se produce en un contexto de deterioro estructural del sistema de salud venezolano que el propio gobierno reconoció al crear, apenas un día antes del desastre, una comisión para contratar bienes y servicios médicos. Esta superposición de una emergencia aguda sobre una crisis crónica multiplica los riesgos de saturación y revela la fragilidad de cualquier respuesta que dependa exclusivamente de capacidad nacional.
Dependencia estructural de la ayuda internacional
El envío de hospitales móviles no constituye una novedad técnica, pero sí evidencia un patrón persistente: Venezuela recurre a actores externos para cubrir funciones básicas de atención de emergencia porque su red hospitalaria lleva años sin insumos ni personal suficiente. Los datos de la IFRC indican que estos hospitales pueden instalarse en horas y funcionar hasta cuatro meses, plazo que coincide con el periodo crítico de réplicas y posibles brotes secundarios. Sin embargo, la experiencia de otros países que han recibido unidades similares tras desastres muestra que, una vez retiradas las brigadas internacionales, la mortalidad por patologías tratables suele aumentar si no existe un plan de transición financiado.
La República Dominicana anunció el mismo viernes el envío de un hospital móvil y cerca de 40 profesionales sanitarios, incluyendo psicólogos. Esta respuesta regional añade un actor más a un escenario ya complejo donde conviven organizaciones humanitarias, gobiernos y autoridades locales con distintos niveles de coordinación y legitimidad.
Coordinación entre actores con agendas divergentes
La directora regional de la IFRC para las Américas, Loyce Pace, señaló que los terremotos afectan a comunidades sometidas simultáneamente a un sistema de salud sobrecargado, desplazamientos previos y una temporada climática adversa. Esta observación apunta a un problema de superposición de vulnerabilidades que los mecanismos tradicionales de respuesta humanitaria no siempre abordan de forma integrada. En Venezuela, la presencia de actores estatales y no estatales genera tensiones sobre quién controla los recursos, quién define las prioridades y cómo se garantiza el acceso neutral a las zonas más afectadas, especialmente en estados como La Guaira donde colapsaron edificios enteros.
Un análisis comparativo con el terremoto de Haití de 2010 muestra que la llegada masiva de ayuda sin protocolos claros de coordinación puede generar duplicidad de esfuerzos y dejar vacíos en zonas de difícil acceso. En el caso venezolano, la existencia previa de una red de policlínicas de la Cruz Roja local ofrece una base sobre la cual montar los hospitales de campaña, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad de absorción de personal extranjero y equipos en instalaciones ya tensionadas.
Riesgos de sostenibilidad y politización
El llamamiento de 61 millones de dólares cubre principalmente los primeros cuatro meses. Más allá de ese horizonte, el retiro de las unidades móviles podría dejar a las comunidades sin servicios de referencia si el sistema nacional no recupera capacidad operativa. Además, la creación de una comisión gubernamental para contrataciones en salud justo antes del sismo abre la posibilidad de que los procesos de adquisición se vean influenciados por intereses políticos o de contratistas, un factor que históricamente ha retrasado la llegada de insumos en Venezuela.
Otro riesgo radica en la percepción de neutralidad. Aunque la IFRC mantiene protocolos estrictos de independencia, cualquier percepción de alineación con el gobierno o con donantes externos puede limitar el acceso a determinadas zonas o generar resistencia comunitaria. La experiencia de operaciones similares en contextos de alta polarización política indica que la transparencia en la distribución de recursos y la inclusión de actores locales independientes resultan determinantes para mantener la confianza.
Tendencias futuras en respuesta a desastres compuestos
El caso venezolano anticipa un escenario cada vez más frecuente: desastres naturales que coinciden con crisis sanitarias preexistentes y flujos migratorios. Los hospitales de campaña, diseñados originalmente para intervenciones de corta duración, podrían evolucionar hacia modelos híbridos que incluyan componentes de formación de personal local y transferencia de tecnología. Países de la región con experiencia en desastres recurrentes, como Chile o México, han desarrollado protocolos de respuesta que integran unidades móviles con planes nacionales de mediano plazo, una práctica que Venezuela podría adaptar si se prioriza la continuidad sobre la emergencia puntual.
La combinación de factores climáticos, demográficos y de infraestructura sugiere que las solicitudes de apoyo internacional para hospitales móviles aumentarán en los próximos años. La pregunta central no es si estos recursos llegarán, sino si los países receptores contarán con marcos institucionales que permitan absorberlos sin generar dependencia prolongada ni distorsionar las prioridades sanitarias nacionales.
