Graciela Benítez recuerda con angustia la detención de su padre Derlis en 1972 bajo el régimen de Alfredo Stroessner. El político, intendente de Encarnación y miembro disidente del Partido Colorado, fue arrestado sin cargos claros, torturado durante un año y medio y luego desterrado. Su hija, testigo indirecta de esas secuelas, sigue experimentando efectos psicológicos 54 años después. El caso ilustra un patrón más amplio documentado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy): entre 1954 y 1989 fueron detenidas 19.862 personas, de las cuales solo 90 declararon no haber sufrido torturas. El total de afectados directos e indirectos asciende a 128.076.
El relato de Graciela revela cómo la represión modeló conductas colectivas. Crecer bajo la consigna de “callarse y aceptar” generó una generación acostumbrada al silencio. Ese aprendizaje, transmitido de padres a hijos, explica por qué muchas víctimas adultas siguen evitando hablar del pasado o reclamar reparaciones. El mecanismo no fue solo físico; consistió en una pedagogía del miedo que permeó escuelas, familias y espacios laborales.
El impacto intergeneracional en la salud mental
Los datos de Codehupy muestran que la tortura no se limitó a los detenidos. Hijos, cónyuges y comunidades enteras cargan con secuelas que se manifiestan en ansiedad, desconfianza institucional y dificultades para establecer vínculos. El caso de Derlis Benítez, quien nunca recibió reparación pese a haber formado parte del propio aparato estatal stronista, evidencia que ni la pertenencia partidaria protegió a las víctimas. Esta realidad contradice la narrativa simplificada de que solo los opositores sufrieron. El trauma se extendió a sectores que inicialmente apoyaron el régimen, complicando las clasificaciones binarias de víctima y victimario.
El presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Óscar Ayala, señala que el monitoreo regular de centros de detención es indispensable para obligar al Estado a cumplir obligaciones internacionales. Sin embargo, la transformación de prácticas estatales requiere más que inspecciones: exige reformas culturales dentro de las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Paraguay sigue enfrentando el desafío de pasar de la denuncia puntual a cambios estructurales sostenidos.
Tres lecturas sobre la persistencia del daño
La primera lectura apunta al carácter pedagógico de la dictadura. Durante 34 años se educó a la población en la obediencia pasiva. Esa formación no desapareció con la transición democrática; persiste en actitudes de reserva frente a la autoridad y en la dificultad para articular demandas colectivas. Las organizaciones de derechos humanos observan que muchas víctimas prefieren el anonimato antes que exponerse nuevamente.
La segunda lectura se refiere al fracaso de la reparación simbólica y material. Derlis Benítez murió sin que el Estado reconociera formalmente su sufrimiento ni restituyera sus derechos políticos. Cuando las reparaciones llegan tarde o son incompletas, el mensaje que recibe la sociedad es que el costo de la represión puede quedar impune. Este vacío alimenta la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la memoria.
La tercera lectura destaca la tensión entre memoria y estabilidad institucional. Algunos sectores argumentan que reabrir expedientes del stronismo podría polarizar nuevamente la sociedad. Sin embargo, la evidencia de Codehupy indica que la ausencia de reconocimiento mantiene vivo el daño psicológico. La polarización no surge de la memoria, sino de su negación prolongada.
Perspectivas de actores involucrados
Las víctimas directas e indirectas coinciden en la necesidad de apoyo psicológico especializado y acceso a archivos. Organismos como el Museo de las Memorias ofrecen espacios de escucha, pero carecen de recursos suficientes para atender demanda creciente. El Estado, por su parte, enfatiza avances legislativos y la creación de mecanismos de prevención, aunque reconoce que la transformación de prácticas policiales y judiciales avanza lentamente.
El Partido Colorado, fuerza hegemónica durante el stronismo, mantiene posiciones divididas. Algunos dirigentes defienden la necesidad de cerrar el capítulo por razones de gobernabilidad; otros admiten que la falta de reparaciones afecta la credibilidad del partido ante sectores que fueron afectados internamente. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, insisten en que sin verdad y reparación no hay reconciliación genuina.
Tendencias futuras y riesgos latentes
Si Paraguay no fortalece los programas de salud mental orientados a víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, el costo social aumentará en forma de trastornos crónicos y menor participación ciudadana. La digitalización de archivos represivos podría acelerar el acceso a la verdad, pero también genera riesgos de manipulación política o filtraciones que revictimicen a las familias.
Otro riesgo radica en la erosión de la confianza institucional. Cuando generaciones enteras crecieron bajo la consigna del silencio, la disposición a denunciar abusos actuales disminuye. Esto afecta no solo la memoria histórica, sino la capacidad del Estado para prevenir nuevas violaciones en cárceles y centros de detención.
La experiencia paraguaya sugiere que las transiciones democráticas incompletas dejan huellas duraderas en la psique colectiva. El trabajo de reparación exige simultáneamente políticas de memoria, atención psicológica y reformas institucionales que impidan la repetición. Sin estos tres pilares, las secuelas identificadas por Graciela Benítez seguirán transmitiéndose a nuevas generaciones.
