Los potentes sismos que golpearon Venezuela el miércoles han dejado un saldo oficial de 235 personas fallecidas y al menos 157 desaparecidas, según el último balance del ministro de Salud. Más de 24 horas después del doble terremoto, la búsqueda de sobrevivientes continúa en Caracas y La Guaira, donde las familias enfrentan la incertidumbre mientras las autoridades y grupos voluntarios intentan coordinar esfuerzos en un contexto de recursos limitados.
La magnitud de la tragedia se refleja en las cifras contradictorias sobre desaparecidos. Mientras el gobierno reporta 157 personas en paradero desconocido, plataformas independientes como la Red de Periodistas Venezolanas registran ya 505 nombres y la iniciativa Desaparecidos Terremoto acumula más de 49 mil registros sin depurar. Esta dispersión de datos revela la ausencia de un sistema centralizado que permita una respuesta más eficiente, un problema recurrente en situaciones de emergencia en el país.
Testimonios de la espera
Karina Blanco, residente en Caracas, busca a una familiar desaparecida en el edificio Petunia. “A estas alturas me imagino que ya debe estar muerta, pero tengo todavía la esperanza de que la pueda encontrar”, declaró a RFI mientras trabaja con un grupo de voluntarios. En otro punto de la capital, Marianela Cremi espera noticias de su hermano Juan Diego y su novia Sabrina Bolognesi, atrapados en la misma estructura. Su relato refleja la mezcla de fe y desesperación que caracteriza a decenas de familias.
José Francisco recorre hospitales en busca de ocho parientes sin localizar. “No sé si están tapados o tapiados, pero en los hospitales no los conseguimos. Tenemos fe en Dios”, afirmó. Por su parte, Juan Jiménez recibió la noticia de que un sobrino fue rescatado y trasladado a un centro de salud, aunque la confirmación sigue pendiente. Estos casos ilustran cómo la falta de información oportuna agrava el sufrimiento de los afectados.
Respuesta gubernamental e internacional
El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira zona de desastre. La presidenta informó haber contactado al coordinador de la ONU en el país, lo que permitió el envío de rescatistas especializados. Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones se destinarán al fondo humanitario de Naciones Unidas y el resto a organizaciones no gubernamentales ya activas en Venezuela.
El Comando Sur estadounidense anunció el despliegue de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros. Francia enviará 85 socorristas, mientras Chile y México, con experiencia en terremotos, también movilizan equipos. Brasil aportará un hospital de campaña y 36 bomberos, aunque dos ciudadanos brasileños fallecieron en el evento. España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea han expresado su solidaridad con ofertas de asistencia técnica y material.
Desafíos de coordinación y análisis
La multiplicidad de bases de datos de desaparecidos evidencia una debilidad estructural: la ausencia de protocolos unificados para el registro de víctimas en emergencias. Esta fragmentación puede retrasar la identificación de personas y la asignación de recursos de rescate, especialmente en zonas como Catia La Mar donde se reportan tres fallecidos en un mismo incidente familiar.
El envío de ayuda internacional, aunque bienvenido, plantea interrogantes sobre la capacidad de absorción local. Venezuela enfrenta limitaciones logísticas derivadas de años de crisis económica, lo que podría afectar la distribución eficiente de suministros y personal especializado. La promesa de Donald Trump de apoyar a sus “nuevos y grandes amigos” añade un componente geopolítico que requerirá monitoreo para garantizar que la asistencia priorice las necesidades humanitarias por encima de consideraciones políticas.
Los sismos han expuesto la vulnerabilidad de la infraestructura en zonas densamente pobladas cercanas al aeropuerto de La Guaira. La respuesta de los próximos días determinará no solo el número final de víctimas, sino también la efectividad de la cooperación entre actores estatales, internacionales y sociedad civil en un escenario de alta complejidad operativa.
