El candidato presidencial Roberto Sánchez, derrotado en la segunda vuelta electoral de Perú, presentó este miércoles una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta electa. La petición llega dos días antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenga previsto oficializar los resultados, programado para el viernes 3 de julio al mediodía.
Con el escrutinio completo, Fujimori superó a Sánchez por 49.641 votos. Sánchez sostiene que la anulación de los sufragios emitidos en el extranjero revertiría el resultado y le otorgaría la victoria por 32.014 votos. El reclamo fue rechazado previamente por el JNE, máxima instancia electoral del país, por presentarse fuera de plazo y sin el pago de las tasas requeridas.
Cronología del proceso electoral
Las elecciones peruanas de 2026 se desarrollaron en dos rondas. En la primera vuelta, celebrada en abril, los votos del extranjero se escanearon y enviaron digitalmente para su cómputo. Para la segunda vuelta, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió suspender ese procedimiento tras detectar fallos en la plataforma informática y ordenó el envío físico de las actas a Lima. Sánchez argumenta que esta modificación rompió la cadena de custodia y abrió la posibilidad de manipulación, aunque hasta la fecha no ha presentado pruebas concretas de fraude.
El JNE desestimó el recurso de Sánchez por dos razones formales: la presentación extemporánea y la falta de pago de las tasas, que ascienden a 1.375 soles (aproximadamente 402 dólares) por cada mesa que se pretende anular. El candidato respondió que el monto de estas tasas constituye una barrera económica que impide el acceso efectivo a la justicia electoral.
Fundamentos de la solicitud ante la CIDH
Al acudir a la Comisión Interamericana, Sánchez busca que este organismo adopte medidas cautelares que suspendan la proclamación de resultados hasta que se resuelva el fondo de su reclamo. La solicitud se basa en presuntas violaciones al debido proceso y al derecho a la justicia, contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH deberá evaluar si existe riesgo inminente de daño irreparable que justifique la intervención antes de que el JNE entregue las credenciales a Fujimori el próximo 15 de julio.
Perú ha sido objeto de observación electoral por parte de organismos internacionales en anteriores procesos. Sin embargo, el recurso presentado por Sánchez representa la primera vez que un candidato perdedor solicita medidas cautelares a la CIDH para frenar la proclamación oficial de resultados.
Contexto político e implicaciones
Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), competía por tercera vez por la presidencia. Su victoria por estrecho margen refleja la profunda polarización del electorado peruano. Sánchez, líder de Juntos por el Perú, había prometido antes de los comicios respetar los resultados. Su cambio de postura tras la derrota ha generado críticas desde sectores que consideran que el cuestionamiento sin pruebas erosiona la confianza en las instituciones electorales.
La proclamación oficial está prevista para el 3 de julio. Posteriormente, el 28 de julio, día de la independencia nacional, Fujimori asumiría el mandato para el período 2026-2031. Cualquier retraso derivado de una eventual intervención de la CIDH afectaría los plazos constitucionales establecidos para la transición de poder.
El caso plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho de los candidatos a impugnar resultados y la necesidad de preservar la certidumbre electoral. Organismos internacionales observarán cómo responden tanto las autoridades peruanas como la CIDH ante esta solicitud, en un contexto regional donde la confianza en los procesos electorales ha sido puesta a prueba en varios países.
