La crisis de violencia en Sinaloa ha colocado a siete mujeres en posiciones con capacidad de intervenir en la conducción del estado, la seguridad, la gobernabilidad y la definición electoral. Entre ellas se encuentran la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, la senadora Imelda Castro, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la presidenta Claudia Sheinbaum. El caso también remite a Yeraldine Bonilla, quien ocupó de manera provisional el Ejecutivo estatal durante más de cuatro meses.
La presencia de estas funcionarias y dirigentes ocurre en un momento marcado por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, así como por asesinatos, desapariciones y reclamos de familias que demandan investigaciones y resultados. El debate ya no se limita a cuántas mujeres ocupan cargos públicos. La cuestión central es si cuentan con capacidad efectiva para tomar decisiones, modificar estructuras y responder ante una emergencia que ha rebasado los límites de la seguridad pública.
Una interina con el cargo, pero sin control político
Yeraldine Bonilla llegó al gobierno estatal después de desempeñarse como secretaria general de Gobierno de Rubén Rocha Moya. Durante ese periodo, el gobernador la presentó públicamente como su ahijada política y se refirió a su pasado laboral en una lonchería con expresiones que fueron consideradas clasistas y ofensivas. Para el análisis planteado por la exgobernadora y socióloga Dulce María Sauri Riancho, esos comentarios revelaban una relación de subordinación: la funcionaria ocupaba temporalmente el despacho, pero la autoridad política continuaba asociada a quien la había promovido.
Bonilla mantuvo en lo esencial la estructura administrativa heredada. Cuando Rocha decidió regresar al cargo, ella volvió de inmediato a la Secretaría General de Gobierno. La secuencia expuso la diferencia entre desempeñar una función institucional y disponer de autonomía para ejercerla. El interinato, en ese sentido, no significó una modificación sustantiva del poder estatal.
El nuevo interinato y la incógnita sobre sus decisiones
Graciela Domínguez Nava asumió posteriormente como gobernadora interina, tras el fracaso de la primera fórmula para conducir el estado. Socióloga, militante de izquierda desde hace décadas, diputada local y exsecretaria de Educación, fue presentada como la responsable de llevar a Sinaloa hasta el final del periodo constitucional.
Sin embargo, al asumir conservó el gabinete heredado. La continuidad administrativa puede facilitar la operación cotidiana del gobierno, pero también limita la posibilidad de identificar un cambio de rumbo. La evaluación de Domínguez Nava no puede hacerse únicamente por sus primeros días, advierte el planteamiento, pues sería desproporcionado exigirle en un plazo breve lo que las instituciones no resolvieron durante años. Sus decisiones iniciales, no obstante, permitirán establecer si se trata de una nueva conducción política o solamente de una nueva ocupante del despacho.
La sucesión electoral abre otra disputa
Imelda Castro aparece encaminada hacia la candidatura de Morena para la gubernatura. Como senadora y coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Sinaloa, representa la posibilidad de que una mujer llegue por primera vez al Ejecutivo estatal mediante el voto popular. Su eventual postulación trasladaría la discusión desde el interinato hacia la construcción de un mandato propio.
La principal interrogante para Castro sería su relación con el poder que gobernó Sinaloa durante el actual sexenio. Una candidatura femenina no garantiza por sí misma una ruptura con las prácticas políticas anteriores. Podría significar continuidad, revisión o una reorganización de alianzas y prioridades. La respuesta dependería de las decisiones que adoptara, de los equipos que integrara y de su disposición para revisar las responsabilidades institucionales acumuladas durante la crisis.
Partido, Fiscalía y Federación
Ariadna Montiel ocupa un espacio distinto, pero determinante. Como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabeza el partido que gobierna México y Sinaloa. Su dirigencia tendrá influencia en la selección de la candidatura estatal, la resolución de conflictos internos y la construcción de lealtades políticas. También deberá enfrentar la exigencia de revisar críticamente el poder que su propio partido edificó en la entidad, especialmente si las decisiones partidistas inciden en la continuidad o el relevo del grupo gobernante.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, concentra una parte decisiva de la respuesta institucional frente a la violencia atribuida a la disputa entre facciones criminales. La Fiscalía mantiene abiertos 10 expedientes, incluido uno relacionado con Rocha. Para las familias de personas asesinadas o desaparecidas, la actuación de la institución se mide en investigaciones concluidas, detenciones, procesos judiciales y sentencias. Hasta ahora, esos resultados no se han producido en la magnitud que reclaman las víctimas.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, interviene directamente en la crisis. Su responsabilidad no se limita a la seguridad: también incluye preservar la gobernabilidad y la relación entre la Federación y el estado. Por ello, su papel plantea una diferencia relevante entre administrar una situación de emergencia y resolver las causas que la originan. La coordinación política puede contener una crisis, pero no sustituye las investigaciones ni la reparación para las víctimas.
La Presidencia enfrenta la prueba de los resultados
Claudia Sheinbaum es la primera mujer en ocupar la Presidencia de México y, por tanto, la funcionaria con mayor capacidad constitucional y política para intervenir en un conflicto como el de Sinaloa. Al presentar su Segundo Informe de Gobierno, dos años después de la llegada de una mujer a la Presidencia, el significado histórico de la paridad comenzó a quedar acompañado por una exigencia más concreta: evaluar cómo se ejerce el poder y qué resultados produce.
La elección de Sheinbaum culminó una larga lucha por la igualdad política, pero también abrió una etapa distinta. La representación permitió que más mujeres accedieran a congresos, gobiernos, fiscalías y gabinetes. El siguiente desafío consiste en determinar si esa presencia transforma las decisiones públicas, modifica las relaciones de subordinación y responde de manera distinta a la violencia, la impunidad y el miedo.
La ficción como pregunta para la realidad
La novela La sirena y el jubilado, de Elmer Mendoza, ofrece una imagen literaria de ese dilema a través de Carmen Larráñaga, conocida como “La Sirena”. Sinaloense, víctima de violencia familiar, sexual y criminal, el personaje busca ser diputada federal para cambiar las condiciones que hicieron posibles sus experiencias. Tras sobrevivir a dos disparos durante su primer mitin, reúne a madres de desaparecidos, viudas de policías, feministas, académicas y trabajadoras sexuales.
Carmen es la octava mujer del relato, aunque no existe fuera de la ficción. Su presencia permite formular una pregunta que los cargos públicos no resuelven por sí solos: para qué se quiere el poder. En Sinaloa, la paridad ya produjo una presencia femenina inédita en distintos niveles de decisión. La evaluación pendiente tendrá que considerar sus decisiones, omisiones y resultados, no solamente el número de mujeres que ocupan las instituciones.
