El abogado Elar Juan Bolaños Llanos presentó su renuncia como Secretario General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales el 23 de junio de 2026. En su carta dirigida a la institución, señaló un escenario complejo de cara a las Elecciones Regionales programadas para octubre de ese año y denunció la manipulación de sus equipos de cómputo con información que él no generó ni redactó.
Según el documento, los problemas incluían el ingreso constante de solicitudes a través de un Sistema de Gestión Documentario vulnerado, con afectación grave de datos personales. Esta situación habría provocado un trámite errático de expedientes y dificultades para responder de manera oportuna.
Decisión institucional y resolución inmediata
La ONPE no procesó la renuncia como tal. Ese mismo día emitió la Resolución Jefatural N° 00100-2026-JN/ONPE, firmada por el jefe interino Bernardo Pachas, que dio por concluida la designación de Bolaños Llanos en el cargo de confianza. Su último día laboral quedó fijado en el 23 de junio. Las funciones de la Secretaría General fueron encargadas a Héctor Martín Rojas Aliaga, gerente de Recursos Humanos, a partir del 24 de junio y hasta que se designe un titular.
Esta forma de terminación del vínculo genera un matiz importante: mientras el funcionario alega presiones y alteraciones ajenas a su control, la entidad optó por una resolución formal que evita reconocer la renuncia voluntaria. El texto de Bolaños concluye poniéndose a disposición de la justicia para cualquier investigación.
Contexto electoral y posibles implicaciones
La salida ocurre en un momento delicado para la ONPE. La entidad prepara las Elecciones Regionales de octubre de 2026 y, al mismo tiempo, concluye el escrutinio de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Con el 99,88 % de actas procesadas, Keiko Fujimori mantiene una ventaja de 44.588 votos sobre Roberto Sánchez que se considera irreversible. Solo restan 131 actas de más de 92.700 mesas.
Los problemas descritos por el exsecretario general —acceso no autorizado a sistemas, documentos alterados y afectación de datos personales— podrían impactar la percepción de integridad de los procesos administrativos internos. Aunque la ONPE no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, la transición de funciones a un gerente de Recursos Humanos indica que la institución busca mantener la continuidad operativa sin interrupciones.
Análisis de riesgos institucionales
La denuncia de manipulación de equipos de cómputo plantea interrogantes sobre los controles de seguridad de la información dentro de un organismo electoral. En contextos de alta sensibilidad como la organización de comicios, cualquier señal de vulnerabilidad documental puede alimentar cuestionamientos sobre la transparencia de los procedimientos. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden las afirmaciones de Bolaños Llanos ni se han reportado irregularidades en el conteo de votos.
La decisión de la ONPE de concluir la designación en lugar de aceptarla como renuncia podría interpretarse como una medida para preservar la cadena de mando en un periodo crítico. Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que las autoridades competentes investiguen las alegaciones de alteración de información y vulneración de datos personales, tal como el propio funcionario solicitó.
El episodio refleja las tensiones habituales en organismos electorales latinoamericanos cuando se acercan procesos de votación de alto perfil. La combinación de plazos ajustados, sistemas informáticos complejos y escrutinio público exige mecanismos robustos de control interno. La forma en que la ONPE gestione las investigaciones derivadas de esta renuncia determinará si el episodio afecta o no la confianza ciudadana en la institución antes de las elecciones regionales.
