El proyecto Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en aguas próximas a las islas Malvinas, entró en una etapa decisiva tras la aprobación de su inversión final y el avance de los contratos de infraestructura. La iniciativa, que aspira a convertirse en la primera producción comercial de crudo del archipiélago, enfrenta al mismo tiempo una nueva demanda en Argentina, donde organizaciones ambientalistas y excombatientes cuestionan tanto la legalidad de las licencias como sus posibles consecuencias ecológicas.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en el Atlántico Sur, a una profundidad aproximada de 450 metros. Rockhopper anunció el descubrimiento en mayo de 2010 y mantuvo desde entonces el interés en el área, aunque la viabilidad comercial del desarrollo dependió durante años de la obtención de socios financieros, equipos especializados y condiciones favorables en el mercado petrolero internacional.
Una inversión aprobada para iniciar la fase operativa
En diciembre de 2025, Navitas y Rockhopper comunicaron la decisión final de inversión, un hito que normalmente confirma que los estudios técnicos, financieros y comerciales han permitido considerar viable el proyecto. Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, posee el 65 % y actúa como operadora; Rockhopper conserva el 35 % restante y cotiza en Londres. La firma israelí ingresó en Sea Lion a comienzos de 2020, cuando adquirió inicialmente una participación del 30 %.
Las compañías calculan una inversión de 1.800 millones de dólares hasta la primera extracción, prevista para marzo de 2028. Para el conjunto de la explotación, estimada en unos 30 años, la inversión adicional ascendería a 2.100 millones de dólares. Según datos divulgados por Navitas, las licencias PL032 y PL004b, situadas en la cuenca Malvinas Norte, contenían al 31 de julio reservas probadas y probables por 314 millones de barriles.
Pozos submarinos y dos plataformas flotantes
El desarrollo será escalonado. La primera etapa se concentrará en el Área de Desarrollo Norte, conocida por sus siglas en inglés NDA. Allí se prevé perforar once pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, o FPSO. Este tipo de instalación procesa el petróleo en alta mar, lo almacena a bordo y permite transferirlo a buques cisterna, un esquema habitual en proyectos alejados de la costa y sin redes de oleoductos.
Tres años después del inicio de la producción, las empresas proyectan una segunda fase en el mismo sector, con otros doce pozos. El plan contempla luego el Área de Desarrollo Central, o CDA, donde la primera fase incluiría veinte perforaciones y tendría como objetivo producir el primer barril a finales de 2030. Una etapa posterior sumaría dieciocho pozos más. La secuencia busca distribuir el riesgo financiero y técnico, aunque también hace que el resultado final dependa de la continuidad de las inversiones y de la evolución del precio del crudo.
La primera unidad FPSO, denominada Aoka Mizu, debía llegar este mes a un astillero del Sudeste Asiático para ser modernizada antes de su traslado al Atlántico Sur. Navitas también ejerció el 17 de agosto una opción de compra por 125 millones de dólares sobre el buque OSX1, previsto como segunda FPSO. Rockhopper sostuvo que esa adquisición podría acelerar el desarrollo del área central y elevar la capacidad hasta 180.000 barriles diarios hacia el cierre de 2030.
La controversia por soberanía y ambiente
Argentina rechaza las actividades hidrocarburíferas autorizadas por las autoridades isleñas porque reclama la soberanía sobre las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Buenos Aires sostiene que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en el área requiere su consentimiento y considera ilegítimos los permisos concedidos unilateralmente. Reino Unido administra el archipiélago y respalda el derecho de las autoridades locales a autorizar estas operaciones.
La demanda presentada en Argentina incorpora además un planteo ambiental. Los demandantes advierten sobre los riesgos asociados a la perforación en aguas profundas, la navegación de grandes unidades de producción y la eventualidad de derrames en un ecosistema marítimo sensible. Las empresas no han reconocido irregularidades y aseguran que el proyecto se desarrolla con proveedores y contratistas especializados, mientras avanzan preparativos en las islas, incluidos trabajos en el muelle, la base costera, alojamientos laborales e infraestructura de apoyo.
El caso combina una disputa territorial histórica con un negocio energético de gran escala. Para Navitas y Rockhopper, Sea Lion puede abrir una nueva frontera petrolera y ampliar sus recursos mediante yacimientos cercanos como Isobel-Elaine. Para Argentina, el avance operativo añade presión a un reclamo diplomático persistente. La evolución judicial, la capacidad de ejecutar las obras previstas y las condiciones del mercado determinarán si el calendario de producción puede cumplirse sin que la controversia política y ambiental altere el proyecto.
