La Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta un momento decisivo. Durante los Diálogos por la Justicia Abierta celebrados en Oaxaca, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía expuso que el órgano máximo del Poder Judicial debe recuperar la confianza no solo en la institución, sino en el sistema de justicia en su conjunto. El encuentro forma parte de una serie impulsada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, que ya se realizó en Querétaro y Quintana Roo y que continuará en Baja California y Puebla.
Figueroa Mejía respaldó la propuesta de aplazar a 2028 la elección de la mitad restante de jueces, magistrados y ministros federales y locales, originalmente programada para 2027. Esta medida abarcaría también a Oaxaca. Además, destacó que la Corte redujo de 2 200 a 57 los asuntos pendientes heredados de administraciones anteriores. Las mesas de trabajo abordaron temas como el cumplimiento de sentencias, la justicia indígena, la perspectiva de género y el enfoque migrante.
Reducción del rezago y sus límites estructurales
La disminución drástica del inventario de expedientes representa un logro técnico significativo. Sin embargo, el volumen de casos resueltos no mide automáticamente la percepción ciudadana sobre la justicia. Los datos del propio ministro revelan que la Corte procesó expedientes acumulados, pero las resoluciones siguen afectando de manera desigual a comunidades indígenas, mujeres en situación de violencia y personas migrantes. La eficiencia numérica no sustituye la necesidad de que las sentencias consideren contextos locales y realidades socioeconómicas específicas.
El traslado de la elección judicial a 2028 introduce un intervalo adicional para diseñar mecanismos de selección que eviten la politización excesiva. Esta ventana temporal permite evaluar los resultados de la primera mitad de la elección y corregir posibles distorsiones antes de repetir el proceso a escala nacional. No obstante, el aplazamiento también genera incertidumbre entre aspirantes y tribunales locales que ya preparaban infraestructura para 2027.
Perspectivas de los actores involucrados
Los representantes del Tribunal de Disciplina Judicial enfatizaron que los diálogos han identificado áreas de oportunidad ya en proceso de atención. Desde la óptica de la sociedad civil y usuarios del sistema, la apertura de la Corte contrasta con décadas de funcionamiento hermético. Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social, afirmó que el máximo tribunal ya no volverá a ser de puertas cerradas. Esta declaración apunta a un cambio cultural interno, aunque su traducción en prácticas cotidianas requerirá auditorías externas y rendición de cuentas periódicas.
Las organizaciones que trabajan justicia indígena señalaron durante las mesas que la incorporación de usos y costumbres sigue siendo fragmentaria. Los casos discutidos en Oaxaca evidencian tensiones entre resoluciones federales y sistemas normativos comunitarios, especialmente cuando involucran migración y género. Beatriz Casas Arellanes, de las Casas de los Saberes Jurídicos, insistió en la necesidad de formar ciudadanía informada para que estos espacios de diálogo no queden limitados a círculos especializados.
Tres implicaciones estructurales
Primero, la estrategia de apertura puede consolidar legitimidad si se traduce en resoluciones que reflejen las demandas regionales expresadas en Oaxaca. La inclusión de perspectiva de género y enfoque migrante en las mesas de trabajo sugiere que la Corte busca criterios más contextuales, aunque persiste el riesgo de que estos principios se diluyan al aplicarse en tribunales colegiados con menor exposición a los diálogos.
Segundo, el aplazamiento de la elección judicial otorga tiempo para diseñar filtros de idoneidad que combinen méritos técnicos con sensibilidad cultural. Sin embargo, cualquier retraso prolongado podría interpretarse como resistencia al mandato popular de renovación, alimentando narrativas de opacidad institucional.
Tercero, la reducción del rezago libera recursos humanos y presupuestarios que podrían destinarse a capacitación continua y monitoreo de sentencias. Esta reasignación resulta clave para que el Poder Judicial local en estados como Oaxaca cuente con herramientas para aplicar los estándares discutidos en los diálogos.
Riesgos y escenarios futuros
El principal riesgo radica en que los diálogos se perciban como ejercicios de comunicación sin impacto tangible en resoluciones cotidianas. Si las comunidades indígenas y organizaciones de mujeres no observan cambios en plazos de cumplimiento de sentencias o en criterios de admisión de pruebas culturales, la confianza recuperada podría erosionarse rápidamente. Otro riesgo es la fragmentación regional: mientras Oaxaca y Quintana Roo participan activamente, estados con menor presencia institucional podrían quedar rezagados en la implementación de las recomendaciones.
En el mediano plazo, la combinación de apertura institucional y aplazamiento electoral podría estabilizar el sistema si se establecen mecanismos de seguimiento público. La publicación periódica de avances en la atención de las áreas de oportunidad identificadas en cada diálogo regional funcionaría como indicador de credibilidad. De lo contrario, la narrativa de puertas abiertas quedaría limitada a eventos aislados sin continuidad operativa.
El proceso iniciado en Oaxaca muestra que la Suprema Corte reconoce la necesidad de reconstruir legitimidad mediante interacción directa con territorios y sectores históricamente excluidos. El éxito dependerá de que las resoluciones futuras reflejen consistentemente las perspectivas recogidas en estas mesas de trabajo, especialmente en materia indígena y de género, y de que el aplazamiento electoral se utilice para perfeccionar, no para postergar indefinidamente, la renovación del Poder Judicial.
