La Embajada de Rusia en Colombia confirmó su disposición a retomar la cooperación para reparar y mantener los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, pero acompañó ese ofrecimiento con una advertencia política y técnica: las intervenciones deben realizarse mediante empresas certificadas por el fabricante. El mensaje, divulgado el 3 de septiembre, cuestiona los esfuerzos de la administración de Gustavo Petro para recuperar aeronaves mediante contratistas de terceros países y se produce en medio de versiones sobre posibles contactos con el despacho del presidente Abelardo de la Espriella.
Más que un anuncio de disponibilidad diplomática, la comunicación rusa plantea una condición de fondo. Moscú sostiene que no basta con asignar recursos o encontrar proveedores alternativos para devolver los aparatos al servicio: el mantenimiento mayor de una aeronave militar depende de repuestos, certificaciones, documentación técnica y garantías que, según la embajada, solo pueden ser ofrecidas por firmas avaladas directamente por el fabricante.
Una oferta con reproche al manejo anterior
La representación diplomática afirmó que la parte rusa ha mantenido la voluntad de garantizar las reparaciones requeridas para los Mi-17. Sin embargo, su pronunciamiento también fue una crítica directa a la estrategia seguida durante el gobierno anterior. Rusia calificó como “fallidos” los intentos de recuperar helicópteros inmovilizados con apoyo de “contratistas no autorizados de terceros países”, una expresión que apunta a la búsqueda de soluciones fuera de los canales reconocidos por la industria rusa.
La embajada fue más allá de una diferencia comercial. Según su versión, esas gestiones no resolvieron la pérdida de disponibilidad de la flota, expusieron recursos financieros cuantiosos y derivaron en procesos penales contra personas involucradas. Es una acusación relevante porque traslada el debate desde la simple demora contractual hacia la calidad y legalidad de las decisiones adoptadas para sostener una capacidad aérea esencial para el Ejército.
El Gobierno colombiano ha enfrentado restricciones reales para contratar de manera directa con proveedores rusos. Las sanciones internacionales impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, han afectado pagos, logística, seguros, transporte de componentes y relaciones con empresas vinculadas al sector de defensa ruso. Colombia, además, adoptó una posición crítica frente a la ofensiva militar rusa, lo que añadió un componente político a una dependencia técnica que venía de años atrás.
La magnitud del problema está en la disponibilidad
Las consecuencias de esa combinación de sanciones, dificultades contractuales y mantenimiento aplazado se reflejan en la composición actual de la flota. La Aviación del Ejército cuenta con 20 helicópteros Mi-17 de las variantes Mi-17 IV, Mi-17 MD y Mi-17V5. Nueve aeronaves, el 45% del total, permanecen en un programa de preservación porque alcanzaron el límite para recibir mantenimiento mayor, conocido como overhaul, y esperan recursos para esa intervención.
Otros ocho helicópteros, equivalentes al 40%, están operativos o bajo mantenimiento activo en el Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3. Dos se encuentran inactivos tras siniestros y esperan procesos de recuperación, mientras una aeronave avanza hacia su retiro definitivo. La cifra decisiva no es únicamente cuántos aparatos figuran en el inventario, sino cuántos pueden despegar con seguridad y sostener misiones continuas. Bajo esa medición, la capacidad disponible está sometida a una presión considerable.
Los Mi-17 cumplen funciones de transporte de tropas, abastecimiento, evacuación, movilización de carga y apoyo a operaciones en territorios donde las vías terrestres son limitadas o inexistentes. En zonas de frontera, selva o montaña, la indisponibilidad de un helicóptero no representa solo un activo detenido: puede alterar tiempos de respuesta, aumentar costos logísticos y reducir la presencia estatal en áreas de difícil acceso.
El centro de Tolemaida resume una dependencia no resuelta
Rusia recordó también el proyecto para construir un centro de reparación y mantenimiento de los Mi-17 en la base de Tolemaida, Tolima. De acuerdo con el comunicado, la iniciativa no fue concluida pese a que los recursos ejecutados dentro del proyecto offset se acercaron a los 90 millones de dólares. El dato introduce una dimensión adicional: Colombia no solo afronta la reparación de una flota envejecida, sino el resultado de una inversión concebida para reducir su dependencia externa que no llegó a consolidarse.
Un centro técnico plenamente habilitado habría permitido ampliar las capacidades locales, formar personal especializado y acortar parte de los tiempos asociados al envío de componentes o aeronaves al exterior. Pero la autonomía industrial en aviación militar no se obtiene únicamente con infraestructura. Requiere acceso permanente a manuales actualizados, repuestos originales, certificaciones vigentes y una relación estable con el fabricante. La posición rusa sugiere que esos elementos siguen bajo su control, incluso cuando el mantenimiento se ejecuta fuera de su territorio.
El próximo diálogo pondrá a prueba una decisión estratégica
La eventual apertura de conversaciones con la nueva administración podría destrabar una negociación, aunque todavía no existe un cronograma confirmado ni detalles sobre el formato de los encuentros. Para Colombia, la prioridad inmediata es recuperar disponibilidad sin incurrir en riesgos jurídicos, financieros o de seguridad operacional. Para Rusia, el interés parece ser preservar su papel como interlocutor indispensable en el sostenimiento de equipos de origen ruso.
La discusión revela una lección más amplia para la política de defensa colombiana: adquirir una plataforma militar implica asumir durante décadas una cadena de dependencia técnica, financiera y geopolítica. Resolver el estado de los Mi-17 exigirá definir quién certifica las reparaciones, cómo se sortean las restricciones internacionales y qué responsabilidades habrá sobre recursos ya invertidos. La respuesta determinará no solo el futuro de nueve helicópteros en tierra, sino la capacidad del país para evitar que una decisión de mantenimiento se convierta nuevamente en una crisis de movilidad militar.
