Rubén Rocha Moya dejó por segunda ocasión el gobierno de Sinaloa y Graciela Domínguez Nava asumió la conducción estatal, en un contexto marcado por el aumento de desapariciones, homicidios y extorsiones, así como por casi dos años de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. La salida de Rocha ocurrió después de acusaciones presentadas en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos y supuestas facilidades al narcotráfico a cambio de sobornos y apoyo político.
Domínguez Nava llega desde el mismo proyecto político de Rocha Moya: fue su secretaria de Educación y le manifestó públicamente su respaldo. Su administración recibe un estado afectado por la violencia, el cierre o reducción de horarios en comercios y restaurantes, modificaciones a actividades escolares y la pérdida de decenas de miles de empleos formales desde septiembre de 2024, cuando comenzó la actual disputa criminal.
Los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda reportan que las personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025, un aumento de 252 por ciento. Entre noviembre de 2021, inicio de la administración de Rocha, y su primera licencia en mayo pasado, se reportaron 5 mil 26 desapariciones. De ese total, 2 mil 553 personas continuaban sin ser localizadas y 413 de las personas encontradas estaban muertas.
Los homicidios dolosos también aumentaron durante ese periodo. Las víctimas pasaron de 478 en 2022 a mil 656 en 2025, más de tres veces la cifra inicial. La extorsión subió de 64 víctimas a 105. A esos indicadores se agregan los efectos de la confrontación entre grupos criminales, que ha dejado miles de asesinatos y desapariciones, según el recuento expuesto en el texto original.
La situación también ha tenido consecuencias en la actividad económica y cotidiana. Miles de patrones desaparecieron de los registros desde el inicio de la disputa criminal. Restaurantes redujeron sus horarios, algunos comercios cerraron y escuelas modificaron actividades durante diversos días debido al temor de madres y padres de enviar a sus hijos a clases.
Otro funcionario mencionado en las acusaciones de autoridades estadounidenses es Enrique Inzunza. Fue secretario general de Gobierno de Rocha Moya y anteriormente presidió el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. Actualmente es senador y regresó a sus funciones tras más de cien días de ausencia, conservando cargo, fuero y salario.
Morena tomó distancia de Inzunza y esta semana el senador dejó la bancada para continuar como independiente hasta 2030. Su salida ocurrió pese a llamados para que solicitara licencia y enfrentara las investigaciones. El texto no reporta una resolución judicial sobre las acusaciones referidas contra Rocha Moya o Inzunza.
El caso se suma a otros episodios citados en torno a responsabilidades políticas. En Morelos, la Cámara de Diputados desechó una solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, promovida por la Fiscalía estatal dentro de una investigación por presunta violación en grado de tentativa. También se menciona el caso Segalmex, donde hubo sanciones, inhabilitaciones y procesos contra funcionarios y operadores, sin que las responsabilidades políticas alcanzaran los niveles más altos señalados en el texto.
