La Cámara Segunda en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña anuló la declaración indagatoria de Lidia Mabel Ojeda y dejó sin efecto actuaciones posteriores en la causa por las lesiones gravísimas sufridas por un joven que terminó con la amputación de una pierna. La resolución cuestionó la falta de precisión en la acusación inicial, pero no cerró el expediente: la fiscalía reformuló el hecho y sostuvo la imputación.
La jueza Rosana Mariela Glibota admitió parcialmente una apelación presentada por los defensores César Andrés López y Felipe Francisco Fontanetto. Consideró que la imputación no detallaba qué actos debía realizar Ojeda para evitar el agravamiento del cuadro clínico del paciente F.A.E. ni cuál habría sido la acción u omisión que podía encuadrarse como lesiones gravísimas.
Tras la decisión, Ojeda volvió a declarar este viernes y el fiscal readecuó la descripción del hecho para corregir los defectos señalados por la Cámara, según informó Diario Chaco. La investigación continúa bajo esa nueva formulación.
El caso está vinculado con la atención que recibió F.A.E. en el hospital de Quitilipi los días 4 y 5 de abril de 2026. La fiscalía atribuía a Ojeda no haber realizado las medidas necesarias para impedir el deterioro del paciente, que luego fue trasladado de urgencia, sufrió un shock séptico y fallas multiorgánicas, y finalmente fue sometido a la amputación de la pierna izquierda.
La defensa sostuvo que el joven había sido atendido inicialmente por Estefanía Pintos el 3 de abril, cuando le indicó medicamentos y la aplicación de una vacuna antitetánica. Según ese planteo, la intervención posterior de Ojeda se limitó a recetar diclofenac para el dolor y mantener el tratamiento ya prescripto. Los abogados también pidieron el cese de la prisión preventiva, aunque la Cámara no aceptó íntegramente ese pedido.
Acusaciones por ejercicio ilegal
Ojeda es investigada por presuntamente ejercer la medicina con una matrícula que correspondía a un médico varón. Realizaba guardias en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, y la denuncia fue impulsada por autoridades de la Región Sanitaria 2, que aportaron libros de guardia, derivaciones, registros electrónicos y documentación con su firma y sello.
La fiscalía también la imputó por homicidio con dolo eventual, usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina por la muerte de un hombre de 63 años en el hospital de Quitilipi. La pesquisa alcanza además a exdirectivos del centro asistencial para establecer cómo ingresó y bajo qué mecanismos desempeñó funciones reservadas a profesionales habilitados.
