La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura una amplia reforma constitucional promovida por el copresidente Daniel Ortega. El proyecto extiende de cinco a siete años el periodo de los cargos de elección popular y establece nuevas restricciones para quienes sean considerados “traidores a la patria” o estén vinculados con acciones que el Gobierno califique como amenazas contra la soberanía y la seguridad del país.
La reforma fue aprobada por unanimidad y a mano alzada durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua. Para entrar en vigor, deberá recibir una segunda aprobación en la próxima legislatura, que se desarrollará entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027. El cambio constitucional alteraría el calendario político previsto, ya que las elecciones generales inicialmente debían celebrarse en noviembre de 2026.
Una reforma que redefine las prohibiciones políticas
El nuevo texto incorpora al artículo 47 de la Constitución una lista de impedimentos para aspirar a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas. Entre los excluidos figuran “los traidores a la patria”, una expresión empleada por las autoridades nicaragüenses para referirse a opositores y críticos a quienes se les ha retirado la nacionalidad.
Según el texto difundido, al menos 452 personas han sido desnacionalizadas bajo esa clasificación. Entre ellas se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, además de dirigentes opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y otros críticos del Gobierno. La norma no limita la prohibición a quienes hayan sido formalmente condenados por un delito, sino que también contempla una serie de conductas y vínculos definidos en términos amplios.
La reforma impide asimismo ocupar cargos públicos a quienes hayan dirigido, financiado o participado, directa o indirectamente, en la planificación o ejecución de un intento de golpe de Estado. También incluye a quienes, según la interpretación oficial, hayan promovido la injerencia extranjera, solicitado una intervención militar, recibido financiamiento del exterior para organizarse políticamente o respaldado bloqueos económicos, comerciales o financieros y sanciones contra el Estado, sus instituciones o sus ciudadanos.
El proyecto añade que tampoco podrán ejercer funciones públicas las personas que hayan violentado principios fundamentales de la Constitución. Quienes estén comprendidos en esas prohibiciones no podrán integrar las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. La amplitud de las categorías deja en manos de las instituciones estatales la interpretación de conductas que pueden tener consecuencias electorales y administrativas.
El mandato de siete años y el nuevo calendario electoral
La modificación no se limita a la Presidencia. El periodo de siete años se aplicaría a los copresidentes de la República, los diputados, los alcaldes, los magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía. El texto, por tanto, reordena simultáneamente la duración de los principales cargos políticos, judiciales, electorales y de seguridad del Estado.
La extensión del mandato presidencial permitiría que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, permanezcan en el poder durante un periodo más prolongado antes de someterse nuevamente a las urnas, siempre que la reforma sea ratificada en la siguiente legislatura. Desde 2017, ambos dirigen el país como una fórmula conjunta, y una reforma constitucional aprobada en 2025 estableció la figura de la copresidencia.
El cambio también modifica de hecho el calendario electoral. Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero con la ampliación del periodo presidencial los comicios quedarían desplazados a noviembre de 2027. La Asamblea no detalló en la información disponible cómo se ajustarán los mandatos de los demás funcionarios electos ni el procedimiento institucional para aplicar el nuevo calendario.
Ortega acumula tres décadas en el poder
Ortega, antiguo comandante guerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Antes de regresar a la Presidencia, coordinó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre 1979 y 1985 y ocupó por primera vez la jefatura del Estado entre 1985 y 1990. Con esos periodos, acumula alrededor de 30 años al frente de las instituciones del país, una permanencia superior a la de cualquier otro dirigente nicaragüense.
Su retorno al poder fue posible después de un acuerdo político mantenido desde 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán, quien gobernó entre 1997 y 2002. Ese entendimiento condujo, entre otros cambios, a una reforma constitucional que redujo del 40% al 35% el porcentaje mínimo de votos necesario para ganar la Presidencia. Ortega volvió a ganar las elecciones de 2006 y asumió el cargo en enero de 2007.
Desde entonces, el oficialismo ha impulsado sucesivas modificaciones legales e institucionales que han reforzado la continuidad del Ejecutivo. El Parlamento aprobó la reforma actual después de que Ortega afirmara el 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, una declaración que el proyecto constitucional vincula con una reorganización del sistema político y de los periodos de gobierno.
Alcance institucional y cuestionamientos pendientes
La aprobación unánime refleja el control que el oficialismo ejerce sobre la Asamblea Nacional, pero no resuelve las dudas sobre el alcance práctico de las nuevas prohibiciones. Al incluir referencias a la financiación extranjera, las sanciones internacionales, la supuesta injerencia y la defensa de la soberanía, la norma puede afectar tanto a dirigentes opositores como a organizaciones civiles y actores políticos que hayan pedido medidas externas contra el Gobierno.
La reforma tampoco ofrece, en el texto divulgado, detalles sobre los mecanismos de revisión o defensa para las personas a las que se aplique la categoría de “traidores a la patria”. Esa ausencia será relevante en la segunda votación y en la eventual aplicación de la norma, especialmente porque las restricciones podrían impedir no solo competir en elecciones, sino también ocupar puestos públicos o dirigir organizaciones políticas.
La siguiente legislatura tendrá la decisión definitiva sobre el proyecto. Si lo ratifica, Nicaragua avanzará hacia un modelo de mandatos más extensos y con mayores barreras legales para la participación de sectores definidos por el Gobierno como adversarios del Estado. El efecto inmediato será la postergación de las elecciones generales y la consolidación del actual esquema de copresidencia, mientras el país continúa bajo la conducción de Ortega y Murillo.
