Para marzo de 2026, un total de 114 sistemas educativos de todo el mundo había introducido restricciones o prohibiciones al uso de teléfonos celulares en las aulas, de acuerdo con el recuento más reciente de la Unesco. La cifra representa 58 por ciento de los países y confirma el avance acelerado de estas medidas a escala global, aunque su alcance y aplicación varían ampliamente entre los distintos sistemas escolares.
El dato de marzo contrasta con el registrado tres años antes, cuando sólo 24 por ciento de los países contaba con alguna regulación sobre los dispositivos. El recuento de la Unesco no presenta un modelo único de intervención: las disposiciones pueden establecerse mediante leyes o acuerdos ministeriales, y su cumplimiento puede definirse para todo el país o únicamente para determinadas regiones o entidades.
Medidas con alcances distintos
La diferencia entre las normas no se limita a su fundamento legal. Algunas abarcan ciertos niveles de enseñanza, mientras que otras se aplican a todos los grados. También cambia el espacio en el que rigen: pueden restringir el uso de los teléfonos únicamente durante las clases o extender la prohibición a todos los espacios del plantel durante la jornada escolar.
Por ello, el recuento agrupa políticas que no tienen necesariamente la misma intensidad. En algunos sistemas, la regulación se concentra en el momento de la enseñanza dentro del aula; en otros, la medida cubre el conjunto de actividades escolares y los distintos lugares del centro educativo. La información disponible no establece que todos los países hayan adoptado una prohibición total.
La regulación llega a países de la OCDE
Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que han regulado estos dispositivos se encuentran Francia, Países Bajos, Italia, Suecia, Finlandia y España. La lista muestra que las medidas aparecen en sistemas educativos con marcos normativos y políticas escolares diferentes, sin que el informe señale una fórmula común para aplicarlas.
En América Latina, el informe de la Unesco identifica una situación más acotada en el nivel legislativo nacional. Sólo cuatro países cuentan con leyes nacionales específicas sobre la materia: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Este dato se refiere a la existencia de una ley nacional y no excluye que otros sistemas de la región puedan aplicar restricciones mediante normas ministeriales, disposiciones locales u otros mecanismos.
Así, el proceso registrado hasta marzo combina una expansión clara de las regulaciones con diferencias importantes en su forma jurídica, cobertura territorial, niveles educativos incluidos y espacios donde se limita el uso de los celulares. La Unesco contabilizó 114 sistemas con restricciones o prohibiciones, frente al 24 por ciento de países registrado tres años antes.
