Un grupo de organizaciones de derechos civiles solicitó este miércoles a una corte federal de Massachusetts una orden de emergencia para impedir que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplique su nueva regulación sobre el voto por correo en las elecciones de noviembre. Las demandantes sostienen que la norma invade competencias reservadas al Congreso y a los estados, además de imponer la recopilación y difusión masiva de datos personales sin cumplir los requisitos legales de información pública y participación.
Una petición urgente ante las elecciones
La acción fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el Fondo de Defensa Legal, Asian Americans Advancing Justice y LatinoJustice. Las organizaciones ampliaron una demanda presentada en mayo contra la orden ejecutiva con la que el presidente Donald Trump buscó restringir el voto por correo, incorporando ahora sus objeciones específicas a la regulación emitida por USPS el viernes pasado.
En un comunicado, las demandantes afirmaron que las presuntas infracciones les están causando un “daño irreparable” a ellas, a sus integrantes y a los votantes que representan. La solicitud de medidas cautelares tiene como argumento adicional el calendario electoral: faltan menos de 70 días para los comicios de mitad de mandato de noviembre, por lo que piden que el tribunal intervenga antes de que la norma pueda aplicarse a los procedimientos electorales.
El conflicto sobre las competencias electorales
Las organizaciones alegan que la regulación viola la separación de poderes establecida en la Constitución. Según su demanda, las reglas para administrar las elecciones corresponden a los estados y al Congreso, y no pueden ser fijadas unilateralmente por el Servicio Postal ni por el presidente. El planteamiento coloca el caso en el límite entre la operación del correo nacional y la autoridad constitucional para establecer las condiciones de una elección.
La impugnación también acusa a USPS de incumplir varias leyes que regulan su propio funcionamiento y la Ley de Privacidad de 1974. Las demandantes cuestionan que se obligue a reunir y divulgar información personal de millones de estadounidenses sin el aviso público correspondiente ni el periodo de comentarios que, según sostienen, exige la legislación.
Listas estatales y nuevos sobres
La norma exige que los estados registren a todos los votantes que reúnan los requisitos para votar por correo. Con esa información, USPS elaboraría listas específicas de electores para cada estado. El servicio postal también fijó nuevos requisitos de diseño para los sobres de las boletas aprobadas por la agencia.
Además, USPS estableció que no entregará boletas a los electores que no figuren en las listas generadas ni aquellas que estén dentro de sobres que no cumplan los nuevos estándares. Las organizaciones consideran que estas disposiciones forman parte de las restricciones impulsadas por la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, cuya aplicación fue bloqueada por un tribunal federal. Esa decisión fue posteriormente impugnada ante la Corte Suprema.
