La muerte de alias Perjuicio, señalado por las autoridades como jefe de sicarios de una subestructura del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño, y la captura de alias Danilo o Charly, identificado como cabecilla en Sucre, marcaron dos golpes recientes contra mandos regionales de esa organización. Aunque los procedimientos ocurrieron en escenarios distintos, ambos apuntan a componentes esenciales para el control armado: la capacidad de ejecutar homicidios y la conducción de redes ligadas al narcotráfico y la extorsión.
Operación rural en Andes
La Séptima División del Ejército informó el 31 de agosto de 2026 que alias Perjuicio murió durante una operación militar en la vereda La Meseta, zona rural de Andes, Antioquia. El despliegue fue realizado por el Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía de Antioquia y la Dijín.
Según la información oficial, el hombre presuntamente dirigía un grupo de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle. La institución indicó que acumulaba más de cinco años de trayectoria en organizaciones criminales y que estaría relacionado con homicidios recientes en Andes y Jardín. En el lugar fue incautada un arma corta con munición, sin que se precisaran el calibre ni la cantidad de cartuchos.
El reporte deja asuntos pendientes de aclaración: las autoridades no divulgaron la fecha exacta del procedimiento, ni informaron si hubo capturados adicionales o personas heridas. Esos detalles son relevantes para establecer el alcance judicial y operativo de la intervención, especialmente en una zona donde las economías rurales, las rutas de movilidad y la presencia armada pueden entrelazarse.
Qué implica la baja de un presunto jefe de sicarios
La salida de un mando encargado de sicarios puede afectar temporalmente la ejecución de órdenes violentas y la coordinación de células locales. El comandante de la Cuarta Brigada, Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, sostuvo que el resultado representa una afectación importante para la subestructura y para las condiciones de seguridad del Suroeste antioqueño.
Sin embargo, la disminución sostenida de homicidios y amenazas no depende únicamente de retirar a un presunto cabecilla. Requiere impedir reemplazos rápidos, identificar fuentes de financiación, judicializar a las redes de apoyo y mantener presencia institucional en los corregimientos. La capacidad de recomposición suele ser un factor decisivo en organizaciones con estructuras territoriales y mandos intermedios.
Captura de un mando en Sucre
En una operación diferente, comandos de la Armada de Colombia y la Policía Nacional capturaron en San Benito Abad, Sucre, a Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias Danilo o Charly. El Ministerio de Defensa lo identifica como máximo cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, con influencia reportada en Sampués, El Roble y San Benito Abad.
La detención se produjo en el sector de Caño Grande, corregimiento de Santiago Apóstol, tras un enfrentamiento armado con integrantes de su esquema de seguridad, según el reporte oficial. Las autoridades señalaron que no hubo bajas en la fuerza pública y que en el sitio fueron hallados una pistola, munición y equipos de comunicación, ahora bajo custodia judicial.
Dos escenarios, una disputa por el control territorial
Las autoridades atribuyen a alias Danilo cerca de seis años de vínculo con el grupo armado y le señalan presunta participación en narcotráfico, extorsión y homicidios selectivos. También lo relacionan con hechos de violencia que habrían derivado en desplazamientos forzados y presiones contra comunidades rurales de Sucre, además de la muerte del infante de marina profesional Esteban Francisco Porras Blanquiceth en enero de 2024, durante un hostigamiento en el río Magdalena.
La coincidencia de ambos resultados revela que la ofensiva estatal está enfocada en mandos con funciones diferenciadas: uno asociado a la violencia selectiva en Antioquia y otro a la dirección de una subestructura en el Caribe. El efecto de estas acciones se medirá en las próximas semanas por la evolución de los homicidios, las denuncias de extorsión, los movimientos de hombres armados y la capacidad de las instituciones para proteger a las poblaciones rurales expuestas a retaliaciones o nuevas disputas de poder.
