Elementos de la Secretaría de Marina localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos presuntamente destinados a la elaboración de metanfetamina en la sindicatura de Las Tapias, en la zona serrana de Culiacán, Sinaloa. En conjunto, las autoridades aseguraron alrededor de 16 mil 800 kilogramos de droga tipo crystal, además de precursores químicos, sustancias de uso dual y equipo empleado en el proceso de producción.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el viernes 4 de septiembre de 2026 que la intervención representa una afectación económica estimada en 347 millones de dólares para las organizaciones criminales con presencia en Sinaloa. La cifra corresponde a una valoración oficial sobre el impacto que tendría la pérdida de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución asociada con las instalaciones detectadas.
Las acciones se desarrollaron entre el 2 y el 3 de septiembre tras sobrevuelos realizados por personal naval en áreas serranas del municipio. Una vez identificados los puntos, los marinos desplegaron operaciones terrestres y solicitaron la intervención de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, para el aseguramiento, procesamiento ministerial y posterior destrucción de los inmuebles y materiales.
El mayor aseguramiento fue localizado en Corralejo
La operación de mayor alcance ocurrió el jueves 3 de septiembre en las inmediaciones de la comunidad de Corralejo. En ese sitio fue ubicado un laboratorio de aproximadamente 5 mil 700 metros cuadrados, una dimensión que, de acuerdo con las autoridades federales, lo coloca como el segundo centro clandestino de mayor magnitud inhabilitado durante la actual administración federal.
Dentro de esa instalación fueron asegurados cerca de 16 mil 50 kilogramos de metanfetamina en diferentes etapas de elaboración. El hallazgo incluyó producto terminado y materiales en proceso, lo que apunta a una operación con capacidad para concentrar varias fases de producción en un mismo punto: preparación de insumos, cocimiento, transformación química, almacenamiento y manejo de producto final.
Además, las fuerzas federales reportaron el aseguramiento de 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, junto con 5 mil 700 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas para fabricar la droga. Los compuestos de uso dual son materiales que pueden tener aplicaciones industriales o comerciales legales, pero también pueden emplearse en procesos ilícitos cuando se desvían de su destino autorizado.
La extensión física del laboratorio y el volumen de los materiales encontrados explican la estimación oficial sobre su relevancia operativa. Sin embargo, el monto de 347 millones de dólares difundido por la SSPC debe entenderse como una estimación de afectación a las estructuras delictivas, no como una cantidad de recursos líquidos asegurados durante el operativo. La autoridad no detalló públicamente el método empleado para calcular esa proyección.
Dos instalaciones adicionales fueron detectadas el 2 de septiembre
Un día antes, el miércoles 2 de septiembre, personal federal localizó otro laboratorio en el poblado de Corralejo, con una superficie cercana a 800 metros cuadrados. En ese lugar se aseguraron 300 kilogramos de metanfetamina terminada y 645 litros de producto en cocimiento, indicador de que el sitio se encontraba en una fase activa del proceso de manufactura al momento de su localización.
En la misma instalación se encontraron 450 litros y 165 kilogramos de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de equipo diverso utilizado para producir sustancias ilícitas. Aunque el volumen asegurado fue menor que el del laboratorio localizado al día siguiente, su hallazgo muestra que las operaciones identificadas no correspondían a un punto aislado, sino a una concentración de infraestructura clandestina en una misma región serrana.
La tercera intervención se llevó a cabo también el 2 de septiembre en las inmediaciones del rancho Corral Viejo. Ahí fue inhabilitado un laboratorio de unos 450 metros cuadrados, donde se aseguraron 160 kilogramos de metanfetamina terminada, 200 litros de químicos esenciales y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual. Entre los implementos detectados había quemadores, tinas, motogeneradores, básculas y otros instrumentos vinculados con la operación del lugar.
La superficie asegurada revela una infraestructura dispersa
Las tres instalaciones abarcaron una superficie aproximada de 6 mil 950 metros cuadrados. La dispersión entre Corralejo y Corral Viejo ilustra una característica recurrente de la producción clandestina en zonas rurales y serranas: la utilización de sitios apartados, de acceso complejo y con baja visibilidad para instalar centros de procesamiento de gran escala o unidades complementarias de producción.
Para las autoridades, la inhabilitación de estos espacios reduce de manera inmediata la capacidad material de las redes delictivas para fabricar metanfetamina. No obstante, el impacto sostenido dependerá de las investigaciones posteriores sobre responsables, rutas de abastecimiento de insumos, mecanismos financieros y redes de distribución. El aseguramiento de maquinaria y sustancias limita la actividad en los puntos intervenidos, pero las organizaciones pueden buscar sustituir infraestructura o trasladar operaciones si no se identifican sus estructuras logísticas.
La participación de la FGR implica que los laboratorios y los materiales fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes. Conforme a los protocolos federales, las instalaciones fueron inhabilitadas bajo supervisión de la autoridad ministerial competente, un procedimiento orientado a preservar indicios, documentar los aseguramientos y evitar que los insumos químicos o equipos vuelvan a ser utilizados.
Hasta el anuncio oficial no se reportaron detenciones relacionadas con los tres laboratorios ni se informó sobre personas localizadas en los inmuebles durante los operativos. Tampoco se detalló la presunta organización responsable de las instalaciones. Las indagatorias deberán determinar la propiedad de los predios, el origen de los precursores asegurados y la posible conexión entre los tres centros detectados en la zona serrana de Culiacán.
