La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, solicitó revisar y, en su caso, reducir el salario de Erandi López, rectora de El Colegio de Veracruz, luego de que se difundiera que la funcionaria percibe un ingreso mensual neto de 106 mil 433 pesos. López es identificada como sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, un elemento que elevó la atención pública sobre su nombramiento y sobre las condiciones económicas asociadas al cargo.
Nahle sostuvo que ninguna persona que forme parte de la administración estatal debe recibir una remuneración superior a la de la titular del Ejecutivo. La mandataria afirmó que pidió revisar el caso de inmediato al conocer la cifra reportada y adelantó que solicitará a la secretaria de Educación, Raquel Bonilla, analizar el expediente y ajustar la percepción correspondiente si se confirma que está fuera de los límites aplicables.
La orden de revisión y el criterio salarial del gobierno
“Una de las jóvenes sí me llamó la atención por el salario. Inmediatamente pedí que lo revisaran, porque ni ella ni nadie puede tener ese salario”, declaró Nahle. La gobernadora también señaló que la revisión debe realizarse con independencia del parentesco de la rectora con el exmandatario federal. Con ello, intentó separar dos asuntos que se han mezclado en la discusión pública: la legalidad de la remuneración y las dudas políticas derivadas de la relación familiar.
El planteamiento de Nahle coloca el tabulador salarial y el principio de austeridad como los criterios centrales para determinar si existe una irregularidad. La revisión deberá establecer cuál es el sueldo bruto y neto autorizado para la dirección general de El Colegio de Veracruz, qué compensaciones adicionales están contempladas y si el monto difundido corresponde realmente a una percepción ordinaria o incluye prestaciones, estímulos u otros conceptos.
La diferencia entre salario bruto y salario neto puede modificar de manera significativa la lectura de una cifra. Por esa razón, no basta con comparar el monto difundido con el ingreso de la gobernadora; también es necesario conocer el documento presupuestario o administrativo que respalda la remuneración, así como la metodología utilizada para calcularla.
La rectora rechaza la cifra difundida
Erandi López negó que perciba más de 100 mil pesos mensuales. La rectora afirmó que recibe el salario establecido en el tabulador de sueldos y salarios correspondiente a su cargo como directora general, aunque no precisó cuál es la cantidad exacta ni presentó públicamente, hasta el momento, el documento con el que pueda verificarse esa afirmación.
Esta respuesta introduce una contradicción directa con la información que motivó la intervención de la gobernadora. Mientras la cifra de 106 mil 433 pesos fue presentada como un ingreso mensual neto, López sostiene que su remuneración se apega a la norma interna. La resolución dependerá, por tanto, de la documentación oficial y no únicamente de declaraciones públicas.
La revisión anunciada por el gobierno estatal podría incluir la consulta del presupuesto autorizado para El Colegio de Veracruz, los registros de nómina y los acuerdos administrativos que definieron las condiciones del puesto. También será relevante determinar si el cargo de rectora tiene una denominación equivalente a la de dirección general dentro del tabulador, pues la funcionaria utilizó ambas referencias al explicar su salario.
El parentesco como factor político, no como prueba de irregularidad
La relación familiar con López Obrador ha convertido el caso en un episodio políticamente sensible, pero por sí sola no demuestra que exista una violación administrativa. Para acreditar un posible beneficio indebido tendrían que encontrarse elementos adicionales, como un procedimiento de designación irregular, un salario autorizado fuera del tabulador, incompatibilidades o una diferencia injustificada frente a puestos con responsabilidades semejantes.
La decisión de Nahle de subrayar que el ajuste debe aplicarse sin importar si la funcionaria es o no sobrina del expresidente busca preservar un criterio general. Esa posición también impone una exigencia al gobierno: si se modifica la remuneración de López, la medida debería explicarse con base en reglas verificables y aplicarse de manera consistente a otros funcionarios con percepciones similares.
En instituciones públicas de educación superior y formación especializada, los salarios directivos suelen justificarse por el nivel de responsabilidad, la administración presupuestaria y la autonomía operativa. Sin embargo, esas razones pierden fuerza cuando la institución no transparenta con precisión la estructura salarial o cuando las percepciones reportadas no coinciden con los tabuladores vigentes.
La transparencia definirá el desenlace
El caso no se resolverá únicamente con una reducción salarial. La Secretaría de Educación deberá aclarar cuál era el monto autorizado, desde cuándo se paga, qué conceptos integran la percepción mensual y si existe una diferencia entre lo registrado oficialmente y lo comunicado por la rectora. Esa información permitiría distinguir entre un error de reporte, una interpretación distinta del tabulador o una irregularidad que requiera medidas administrativas.
La controversia también pone a prueba la política de austeridad de la administración veracruzana. Si el gobierno establece que nadie puede ganar más que la gobernadora, tendrá que hacer público el criterio utilizado para calcular ese límite y revisar que no se eluda mediante compensaciones, bonos o prestaciones extraordinarias. Una política salarial creíble depende tanto del monto final como de la trazabilidad de las decisiones que lo determinan.
Mientras se realiza la revisión, la principal incógnita sigue siendo la cifra efectiva que recibe Erandi López. La gobernadora ya ordenó analizar el tema y la rectora negó el dato difundido; corresponde ahora a las autoridades presentar los documentos que permitan confirmar o descartar la percepción señalada y explicar, con criterios administrativos, cualquier ajuste que se determine.
