México se ha consolidado como un “muro virtual” para la migración hacia Estados Unidos, según especialistas y datos recopilados por EFE: mientras los cruces en la frontera norte cayeron más del 84 % entre 2024 y el año fiscal 2025, miles de personas que permanecen en territorio mexicano afrontan demoras documentales que les impiden trabajar, estudiar, alquilar o acceder a servicios bancarios. El fenómeno combina una reducción drástica del tránsito hacia EE.UU. con obstáculos de integración para quienes necesitan reconstruir su vida en México.
Un filtro antes de la frontera
José Antonio Aguilar, director de RacismoMX y coautor del índice Semillas en Trayectoria, sostiene que México cumple una función de contención sin requerir una barrera física. A su juicio, las señales enviadas desde Washington y el endurecimiento de la política migratoria estadounidense han tenido un efecto en cadena sobre las prácticas mexicanas. “México se ha vuelto el muro de Estados Unidos, pero es un muro virtual”, afirma Aguilar, quien describe al país como un filtro para las personas migrantes.

Los registros de la Patrulla Fronteriza estadounidense muestran la dimensión del descenso: los encuentros con migrantes en la frontera con México pasaron de más de 1,5 millones en 2024 a 237.538 en el año fiscal 2025. La caída supera el 84 %. Aguilar señala que las restricciones no se limitan al punto fronterizo, sino que se manifiestan antes, mediante procedimientos que prolongan la espera de quienes solicitan documentos o refugio dentro de México.
Documentos que condicionan la vida cotidiana
La experiencia de Amarilis Eunice ilustra el impacto de esas demoras. La activista nicaragüense llegó a México en 2024 tras huir de la persecución política y tardó casi nueve meses en obtener los documentos necesarios para comenzar de nuevo. Durante ese periodo no pudo abrir una cuenta bancaria ni encontrar empleo. Eunice, subdirectora de Comunidad y Acompañamiento de Casa Centroamérica, considera que su situación fue más favorable que la de otras personas que permanecen más de un año esperando una resolución migratoria.
Entre los casos que acompaña está el de una mujer admitida y becada en dos programas de maestría, pero que no ha podido inscribirse porque aún no recibe una resolución sobre su situación migratoria. Para Eunice, la falta de documentos bloquea derechos concretos: acceso a salud, educación, empleo y operaciones bancarias. La espera, además, afecta con mayor intensidad a quienes llegan sin redes de apoyo en la ciudad o comunidad donde se instalan.
Integración limitada y menor protección
El índice Semillas en Trayectoria sitúa el nivel de integración de las personas migrantes en México en 0,6 sobre 1. El estudio, elaborado con las últimas encuestas censales disponibles hasta 2024, registra que casi el 60 % percibió discriminación al buscar empleo y que el 59 % la experimentó en centros de salud. En la búsqueda de vivienda, el 4,9 % reportó discriminación, frente al 1,8 % de la población local.
Las personas desplazadas concentran las mayores dificultades en educación: el índice reporta una negación del derecho a estudiar del 4,6 % y una percepción de discriminación en ese ámbito del 63,9 %. Aguilar precisa que el retrato estadístico corresponde a una realidad previa a 2025, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según su valoración, los indicadores de integración podrían deteriorarse con las prácticas más restrictivas adoptadas posteriormente por el Estado mexicano.
Una de las señales más visibles de ese cambio fue la emisión de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. De acuerdo con datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, México redujo estos documentos un 97 % en 2024 respecto del año anterior: pasaron de 128.974 tarjetas en 2023 a 3.755 entre enero y noviembre de 2024. Para las personas que dependen de ellas, el descenso se vincula directamente con la posibilidad de regularizarse y acceder a derechos básicos mientras permanece abierta su solicitud.
