El gobierno municipal de Ciudad Juárez, a través del alcalde en funciones Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se comprometió a investigar las quejas presentadas por miembros de la Asociación Nacional de Propietarios de Automóviles Mexicanos (Anapromex) sobre presuntos actos de molestia por parte de agentes de Seguridad Vial. La reunión se celebró tras la difusión de varias denuncias que señalaban operativos selectivos dirigidos a vehículos con placas irregulares o denominados “chuecos”.
Según el comunicado emitido por la Presidencia Municipal, el edil reconoció que desconocía los detalles de estas acciones y solicitó de inmediato un informe detallado a la Dirección de Vialidad. La medida busca esclarecer si existió alguna instrucción específica para detener o sancionar de manera diferenciada a los conductores afiliados a la asociación civil.
Contexto de las quejas
Los afiliados de Anapromex han señalado que varios de sus vehículos han sido objeto de revisiones exhaustivas, retenciones prolongadas y aplicación de multas en puntos estratégicos de la ciudad. Estas acciones, según los denunciantes, se intensificaron en las últimas semanas sin que mediara una orden general publicada. La asociación sostiene que sus miembros cuentan con amparos definitivos que les permiten circular mientras se resuelve su situación legal ante instancias federales.
El dirigente nacional de Anapromex explicó durante el encuentro que los vehículos en cuestión poseen licencia de conducir vigente, engomado ecológico y la protección jurídica otorgada por los tribunales. Afirmó que la confianza en las autoridades municipales permanece intacta, siempre y cuando se garantice un trato equitativo y se evite cualquier forma de hostigamiento.
Postura de las autoridades
Ortiz Orpinel fue enfático al precisar que no existe una directriz oficial orientada a sancionar de forma particular a los automóviles irregulares. Sin embargo, subrayó la necesidad de mantener el orden en la circulación vehicular, especialmente en una ciudad fronteriza donde el flujo de vehículos con placas de ambos países genera constantes desafíos para la regulación del tránsito.
El funcionario indicó que las sanciones aplicadas responden a verificaciones rutinarias orientadas a garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de normas ambientales. Añadió que cualquier exceso cometido por elementos de Seguridad Vial será investigado y, de ser procedente, sancionado conforme a los reglamentos internos.
Implicaciones regulatorias
El caso pone de relieve la tensión permanente entre el derecho de los propietarios a circular bajo amparo y la facultad de las autoridades locales para hacer cumplir las normas de tránsito. En Ciudad Juárez, miles de vehículos con situación legal pendiente circulan diariamente, lo que obliga a las instancias municipales a diseñar protocolos claros que eviten interpretaciones discrecionales por parte de los agentes.
Especialistas en derecho administrativo consultados al respecto señalan que la ausencia de lineamientos públicos sobre cómo tratar a vehículos amparados puede generar inconsistencias en la aplicación de la ley. Esta falta de claridad, advierten, abre la puerta tanto a posibles abusos como a la percepción de impunidad por parte de la ciudadanía que cumple plenamente con los requisitos.
Próximos pasos
La Presidencia Municipal anunció que en los próximos días se reunirá con mandos de Seguridad Vial para revisar los operativos recientes y determinar si se requiere emitir una circular interna que precise los criterios de actuación. Paralelamente, Anapromex se comprometió a entregar un listado de casos concretos que permitan realizar una auditoría interna.
Ambas partes coincidieron en la importancia de establecer canales de comunicación permanentes que permitan resolver futuras incidencias sin necesidad de escalarlas a instancias superiores. El objetivo compartido, según manifestaron, es lograr un equilibrio entre el respeto al marco jurídico y la necesidad de ordenar el tránsito en una de las ciudades más dinámicas de la frontera norte.
