La mención de Sinaloa en el centro del debate sobre Morena no surge de un episodio aislado. Desde hace más de dos décadas, el estado ha funcionado como laboratorio de las tensiones entre poder político y estructuras criminales. La detención y entrega de dos exfuncionarios estatales vinculados al exgobernador Rubén Rocha, junto con las acusaciones formuladas en tribunales de Estados Unidos, reactivan preguntas que atraviesan toda la llamada Cuarta Transformación.
Orígenes del vínculo entre política y crimen organizado
El proceso de alternancia en Sinaloa desde 2010 mostró cómo las redes de narcotráfico adaptaron su estrategia a cada nuevo gobierno. En lugar de confrontación abierta, se privilegió una coexistencia que permitía gobernabilidad a cambio de márgenes de operación. Cuando Morena llegó al poder estatal en 2021, heredó esa misma ecuación: municipios donde el control territorial sigue dependiendo de acuerdos tácitos con grupos armados. Los 22 meses de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa que comenzaron en 2023 no fueron un estallido repentino, sino la ruptura de esos equilibrios previos.
Las acusaciones estadounidenses contra exsecretarios de Seguridad y Finanzas revelan un patrón ya documentado en otros estados: el uso de estructuras oficiales para facilitar movimientos financieros o logísticos. El hecho de que dos de los implicados se entregaran voluntariamente sugiere que el margen de maniobra se redujo drásticamente una vez que la justicia estadounidense activó órdenes de aprehensión. Este detalle resulta clave porque modifica la narrativa oficial de “persecución política” y obliga a Morena a enfrentar evidencias concretas en lugar de descalificaciones genéricas.
El riesgo de las candidaturas sin filtros
Morena se prepara para definir aspirantes a nueve gubernaturas y cientos de presidencias municipales en 2027. La experiencia de Guerrero, Michoacán y Baja California muestra que la ausencia de mecanismos rigurosos de selección permite que figuras con vínculos locales controvertidos accedan a candidaturas. En Michoacán, la designación de candidatos cercanos a grupos de autodefensa o con historial de negociación con el crimen organizado no impidió que Morena mantuviera el poder estatal, pero sí generó fracturas internas que hoy se expresan en disputas por el control territorial. Sinaloa repite el mismo riesgo: si la dirigencia nacional opta por defender a ultranza a los señalados sin esperar el desenlace judicial, la lista de candidatos podría incluir perfiles que, una vez electos, reproduzcan la misma dinámica de dependencia.
El costo no es solo judicial. En América Latina, los electores han comenzado a castigar a partidos que priorizan la lealtad sobre la rendición de cuentas. El caso de Venezuela ilustra el límite de esa estrategia: a pesar de años de control institucional, el deterioro económico y la pérdida de legitimidad terminaron erosionando la base electoral del chavismo. Morena aún conserva amplias mayorías, pero la acumulación de casos sin resolver en estados estratégicos puede acelerar un proceso similar de desgaste gradual.
Impacto en la gobernabilidad y la legitimidad institucional
La relación entre gobiernos estatales y organizaciones criminales afecta directamente la capacidad de implementar políticas públicas. En municipios donde el cartel determina quién puede circular o qué proyectos se autorizan, cualquier programa federal de inversión queda subordinado a esos acuerdos. Los datos de incidencia delictiva en Sinaloa durante 2024 y 2025 muestran que la violencia no se concentra únicamente en disputas entre bandas, sino que también involucra ataques contra funcionarios que intentan modificar las reglas del juego. Esta dinámica erosiona la autoridad del Estado y genera un círculo vicioso: para mantener el control, el gobierno necesita tolerar márgenes de operación que, a su vez, debilitan su legitimidad ante la ciudadanía.
A nivel nacional, el caso de los exfuncionarios sinaloenses obliga a la presidenta Claudia Sheinbaum a definir una postura clara antes de que los procesos judiciales avancen. Si las evidencias presentadas por Estados Unidos resultan insuficientes, Morena podrá argumentar persecución. Si, por el contrario, se confirman los cargos, el partido enfrentará la disyuntiva de expulsar a sus miembros o mantenerlos, con el consecuente costo electoral. La historia reciente de partidos que optaron por la segunda opción en Brasil y Argentina demuestra que la factura llega en las urnas, aunque tarde varios ciclos electorales.
Perspectivas de largo plazo para la 4T
El verdadero desafío para Morena no radica en conservar la Presidencia, sino en determinar qué tipo de partido quiere ser cuando el poder deja de ser novedad. La depuración interna que se propone para las candidaturas de 2027 requeriría mecanismos de revisión independientes y no solo filtros partidistas. Sin esa transformación, el voto de castigo que ya se observa en otras latitudes latinoamericanas podría materializarse en México antes de lo esperado. Los estados mencionados —Guerrero, Michoacán, Baja California, Baja California Sur, Colima, Sinaloa y Sonora— concentran una porción significativa del electorado y, al mismo tiempo, los mayores niveles de violencia vinculada al crimen organizado. Cualquier error en la selección de candidatos allí multiplicará el desgaste nacional.
El desenlace del caso sinaloense funcionará como termómetro. Si Morena logra separar la defensa institucional de la defensa personal de los acusados, podrá mitigar el daño. Si, en cambio, repite la estrategia de descalificación automática, el partido confirmará ante la ciudadanía que la lealtad sigue por encima de la rendición de cuentas. Esa decisión, más que cualquier resultado electoral inmediato, definirá la capacidad de la Cuarta Transformación para sostenerse más allá de un ciclo de gobierno.
