La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) para castigar con penas de entre 80 y 140 años de prisión a funcionarios relacionados con organizaciones criminales abrió un nuevo frente de confrontación en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, adelantó que su bancada no respaldará la iniciativa en los términos planteados y cuestionó que el endurecimiento de las sanciones sea suficiente para reducir la delincuencia.
“Yo no soy draconiano”, respondió Monreal al ser interrogado sobre el proyecto, presentado por Acción Nacional un día antes. El legislador utilizó la referencia a Dracón, jurista de la antigua Grecia asociado con un sistema legal de castigos particularmente severos, para argumentar que elevar las penas no garantiza por sí mismo una disminución de los delitos.
La posición del líder parlamentario morenista no equivale a rechazar cualquier reforma contra la infiltración criminal en las instituciones. Su objeción se concentra en la duración de las condenas y en la idea de que una sanción extrema puede resolver un problema cuya persistencia también está relacionada con la falta de investigación, la corrupción, la protección política y la baja capacidad de las autoridades para llevar los casos ante los tribunales.
El PAN propone castigos máximos y delitos imprescriptibles
La iniciativa panista contempla penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y la posibilidad de que los delitos cometidos por funcionarios coludidos con el crimen organizado no prescriban. Esta última medida permitiría perseguir los hechos aunque hubiera transcurrido un periodo prolongado desde su comisión, siempre que se acreditaran los elementos del delito conforme al debido proceso.
El planteamiento busca atender un reclamo político recurrente: que los funcionarios acusados de colaborar con grupos criminales no queden protegidos por sus cargos, sus redes partidistas o el paso del tiempo. En ese sentido, la imprescriptibilidad pretende cerrar una vía de escape procesal, mientras que las penas extraordinariamente largas buscan impedir que los responsables recuperen la libertad.
Sin embargo, una condena de 140 años plantea una discusión jurídica y penitenciaria distinta a la de aumentar moderadamente las sanciones. En la práctica, una pena de esa magnitud puede operar como una forma de prisión permanente, por lo que requeriría revisar su compatibilidad con los principios constitucionales de proporcionalidad, reinserción social y derechos humanos. La viabilidad de la propuesta dependería no sólo de su aprobación legislativa, sino también de su defensa ante eventuales impugnaciones.
Monreal advierte que la severidad no sustituye a la investigación
Monreal sostuvo que desde la antigüedad se ha demostrado que castigos más duros, incluso la pena de muerte o la mutilación, no bastan para disminuir el delito. Su argumento apunta a un principio básico de política criminal: la capacidad disuasoria de una sanción depende también de la probabilidad de ser detenido, investigado y condenado.
Cuando las instituciones carecen de fiscalías eficaces, controles patrimoniales, mecanismos de protección para denunciantes y jueces con condiciones adecuadas para resolver los casos, el aumento de la pena puede tener un efecto limitado. Una condena más severa sólo puede aplicarse después de que el Estado logra probar la responsabilidad del acusado. Por ello, el debate no se reduce a cuántos años debe durar una sentencia, sino a si las autoridades tienen capacidad para desarticular las redes políticas y económicas que permiten la colaboración con el crimen organizado.
El coordinador de Morena reconoció que el PAN tiene derecho a presentar las reformas que considere necesarias y a buscar los votos para aprobarlas. No obstante, descartó que su grupo parlamentario acompañe el proyecto en su redacción actual. Incluso si los panistas aceptaran negociar la duración de las penas, consideró difícil alcanzar un acuerdo en ese punto.
La respuesta panista: impedir que los acusados vuelvan a la libertad
El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, defendió la iniciativa con un mensaje de máxima dureza. Planteó que los funcionarios vinculados con organizaciones criminales deben recibir sanciones que les impidan recuperar la libertad y mencionó expresamente la posibilidad de establecer cadena perpetua para gobernantes relacionados con actividades delictivas.
Lixa vinculó su propuesta con los señalamientos públicos alrededor del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y del legislador Sergio Torres Félix, conocido como “El Insunza”, aunque las acusaciones y responsabilidades concretas deben determinarse mediante investigaciones y resoluciones judiciales. El panista cuestionó que las respuestas políticas, como solicitar nuevamente una licencia o separar a un legislador de un grupo parlamentario, sean suficientes frente a posibles vínculos con estructuras criminales.
El contraste entre ambos partidos refleja dos enfoques. El PAN intenta convertir la indignación social por la presunta penetración del crimen organizado en una reforma penal de castigo extremo. Morena, por conducto de Monreal, sostiene que la respuesta debe evitar el punitivismo y concentrarse en medidas que produzcan condenas efectivas. La tensión central estará en definir si una reforma con penas extraordinarias fortalece la persecución penal o si sólo eleva las expectativas políticas sin resolver las fallas institucionales.
La discusión que seguirá en el Congreso
Para que la iniciativa avance, el PAN tendría que construir una mayoría capaz de modificar el marco penal y superar las objeciones de Morena, que encabeza el grupo parlamentario más numeroso. También tendría que precisar qué conductas quedarían incluidas, cómo se probaría la colusión con el crimen organizado, qué reglas aplicarían a los delitos no prescritos y cómo se evitaría que la norma se utilizara con fines políticos.
La discusión parlamentaria permitirá medir si existe disposición para fortalecer las investigaciones financieras, la coordinación entre fiscalías, los controles sobre candidatos y servidores públicos y la protección de testigos, además de revisar las sanciones. Sin esos componentes, una pena de 140 años podría convertirse en el elemento más visible de una reforma que no necesariamente aumentaría la cantidad de casos resueltos. El desacuerdo entre Monreal y Lixa apenas marca el inicio de un debate en el que la eficacia de la justicia será tan importante como la severidad del castigo.
