El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, puso en duda el desempeño de Miriam Aguilera Mercado al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, luego de las declaraciones atribuidas a la gobernadora Maru Campos sobre omisiones en esa área.
Aguilera encabezó la fiscalía entre 2022 y 2026 y actualmente preside la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estrada sostuvo que, según lo publicado por medios de comunicación, la mandataria estatal habría descrito como abandonado el trabajo de la instancia especializada. El legislador aclaró que su interpretación parte de esos reportes y no de una imputación sustentada en una revisión propia de expedientes o indicadores institucionales.
Una crítica que exige resultados verificables
La controversia coloca en el centro una responsabilidad especialmente sensible: la atención a víctimas de desaparición forzada y violaciones a derechos humanos. Más allá del intercambio político, cualquier señalamiento sobre abandono u omisiones requiere contrastarse con resultados medibles, como investigaciones iniciadas, avances en localización de personas, judicializaciones y calidad de la atención a familiares. Sin esos elementos, el debate corre el riesgo de reducir una crisis de derechos humanos a una disputa entre actores públicos.
Estrada también valoró positivamente el anuncio estatal de apoyos de 4 mil pesos para 450 familiares de víctimas. Consideró que representa una aportación social, aunque la ubicó por debajo de los recursos que, dijo, distribuye el Gobierno federal mediante los programas de Bienestar. El apoyo económico puede aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituye la obligación central de las autoridades: investigar con eficacia, buscar a las personas desaparecidas y garantizar verdad, justicia y reparación.
La Fiscalía Especializada está ahora bajo la conducción de Georgina Bujanda. El relevo abre una etapa en la que el Gobierno estatal deberá mostrar si las críticas derivan en correcciones operativas y transparencia. Para las familias, el criterio relevante no será el discurso entre partidos, sino la capacidad institucional para entregar avances comprobables en casos que permanecen sin respuesta.
