El Instituto Nacional de Medicina Legal identificó a 20 de los 24 cuerpos recibidos tras la operación militar ejecutada en la vereda Lagos del Dorado, en Miraflores, Guaviare. El balance, divulgado el 4 de septiembre, confirmó que entre los fallecidos hay ocho mujeres y 12 hombres, incluidos dos menores de edad.
Identificaciones aún pendientes
Los cuerpos ingresaron a la entidad el 1 de septiembre, después de una ofensiva que incluyó bombardeos contra estructuras armadas con presencia en el arco amazónico. Cuatro cadáveres continúan en proceso de análisis forense debido a las condiciones en que fueron entregados. Medicina Legal no estableció una fecha para concluir esas identificaciones y señaló que mantendrá su actuación bajo criterios de independencia técnica y transparencia.
La confirmación de la presencia de menores aumenta a seis el número de niños, niñas y adolescentes muertos en operaciones militares recientes: tres fallecieron en otra acción desarrollada en Guaviare durante la última semana de agosto y uno murió días antes en un bombardeo en el Catatumbo. El dato refuerza la controversia sobre los controles aplicados cuando existe información sobre posible reclutamiento o presencia de menores en los objetivos militares.
Disputa por los bombardeos
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno apelará el fallo que ordena abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando haya información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores. Lara calificó la decisión de “absurda e inconstitucional”, aunque afirmó que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales.
El Gobierno sostiene que un criterio amplio podría limitar el uso de bombardeos contra grupos que reclutan menores. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se registraron 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados ilegales. La identificación de dos menores en la Operación Azarías convierte esa disputa jurídica en un problema concreto de responsabilidad militar, protección de civiles y verificación independiente de los resultados.
