Los pesticidas provocan cada año unas 11.000 muertes por intoxicación en el mundo, según un estudio divulgado este miércoles que sitúa cerca del 60 % de esos fallecimientos en la India. La cifra concentra la atención sobre un problema que suele quedar fuera de las estadísticas más visibles de salud pública: el daño inmediato que sufren millones de personas al manipular productos químicos destinados a proteger cultivos.
La investigación, publicada en la revista Frontiers in Public Health, estima que entre 402 y 433 millones de casos de intoxicación aguda no intencionada por pesticidas ocurren anualmente. Aunque la mayoría no termina en muerte, la dimensión del fenómeno indica que no se trata de incidentes aislados en explotaciones agrícolas, sino de una exposición repetida y extendida entre quienes producen alimentos.
Una carga que rebasa los accidentes individuales
El trabajo fue elaborado por especialistas de Pesticide Action Network, una red que reúne a más de 600 organizaciones no gubernamentales de alrededor de 90 países y que promueve la eliminación de plaguicidas. Sus cálculos se basan en información recopilada entre 2006 y 2023 en 139 países, una cobertura que permite observar un patrón global, aunque con intensidades muy distintas según la región.
La estimación resulta especialmente relevante al compararla con la población agrícola mundial, calculada en unos 934 millones de personas. Bajo esa referencia, aproximadamente el 46 % de los agricultores padecería una intoxicación por estos productos cada año. Esa proporción no significa que todos los casos tengan la misma gravedad, pero sí revela que el contacto peligroso con pesticidas forma parte de la rutina laboral de una fracción muy elevada del sector.
El concepto empleado por los investigadores, intoxicación aguda no intencionada por pesticidas, incluye exposiciones que no responden a un uso deliberado para causar daño. Puede tratarse de salpicaduras durante la mezcla, inhalación al fumigar, contacto de la piel con plantas recién tratadas o manipulación de equipos y ropa contaminados. La suma de estas vías convierte la prevención en un asunto que va más allá de la decisión individual de cada trabajador.
El mapa de la exposición concentra el riesgo en el Sur Global
El sur de Asia registra el mayor número estimado de intoxicaciones, seguido del sureste asiático y África oriental. En esos territorios confluyen una agricultura intensiva en mano de obra, un uso extendido de insumos químicos y, en numerosos casos, limitaciones para acceder a equipos de protección, capacitación técnica, servicios sanitarios cercanos y mecanismos eficaces de vigilancia.
La India sobresale por concentrar casi seis de cada diez muertes estimadas. El dato no permite atribuir por sí solo la mortalidad a una única sustancia, cultivo o práctica agrícola, pero apunta a una combinación de exposición masiva y vulnerabilidades estructurales. Cuando los tratamientos se realizan en pequeñas explotaciones, con calor intenso, protección insuficiente o escasa información sobre la toxicidad de los productos, la distancia entre una herramienta agrícola y un riesgo sanitario se reduce drásticamente.
La mayor incidencia nacional de intoxicaciones se detectó en Burkina Faso, donde casi el 84 % de agricultores y trabajadores del campo habría sufrido algún episodio, de acuerdo con el informe. Esa cifra ayuda a distinguir dos dimensiones del problema: los países con más casos totales, por su población agrícola, y aquellos donde la probabilidad de enfermar es excepcionalmente alta. Ambas requieren respuestas diferentes, pero comparten la necesidad de reducir la exposición cotidiana.
Los casos no mortales también condicionan la salud y el trabajo
El foco sobre las 11.000 muertes puede ocultar la carga más amplia de las intoxicaciones que no son fatales. Los síntomas agudos pueden incluir mareos, náuseas, irritaciones, dificultades respiratorias y trastornos neurológicos, con efectos que pueden interrumpir jornadas de trabajo y exigir atención médica. En áreas rurales con escasos recursos, incluso episodios considerados leves pueden traducirse en pérdida de ingresos, endeudamiento familiar o ausencia de tratamiento.
La investigación reclama reconocer esta carga no mortal como un desafío sanitario global. Es una precisión importante porque los sistemas de registro suelen captar con mayor facilidad los fallecimientos o los casos que llegan a hospitales, mientras que muchas intoxicaciones ocurren lejos de centros asistenciales y pueden no quedar documentadas. Por ello, las estimaciones disponibles probablemente describen una realidad compleja en la que la falta de datos también forma parte del riesgo.
La prevención tampoco depende exclusivamente de repartir guantes o mascarillas. Los equipos de protección pueden reducir el contacto, pero su eficacia está condicionada por el clima, el costo, la disponibilidad, el mantenimiento y la formación. Además, si un producto es altamente tóxico, cualquier fallo en esa cadena puede tener consecuencias graves. La discusión, por tanto, incluye tanto las prácticas de uso como la peligrosidad intrínseca de las sustancias autorizadas.
La eliminación gradual de los productos más peligrosos
Los autores piden aplicar con urgencia una recomendación de Naciones Unidas para eliminar progresivamente los pesticidas altamente peligrosos. El planteamiento no implica prescindir de inmediato de toda protección fitosanitaria, sino priorizar la sustitución de las sustancias que generan los riesgos más severos y reforzar alternativas de menor toxicidad, manejo integrado de plagas y controles regulatorios.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuyo Consejo ha respaldado una aplicación escalonada de esa orientación, aparece como un actor central para trasladar el diagnóstico a políticas públicas. La reducción de las intoxicaciones requiere normas sobre comercialización y etiquetado, vigilancia de las exposiciones, asistencia técnica para agricultores y opciones productivas que no trasladen el costo de la seguridad a quienes trabajan en los campos.
El estudio no presenta el problema como una oposición simple entre productividad y salud. Más bien evidencia que un modelo agrícola basado en sustancias de alto riesgo puede generar daños que no siempre figuran en el precio final de los alimentos. Incorporar esas consecuencias humanas en las decisiones regulatorias y productivas es la condición para que la protección de los cultivos no continúe dependiendo de una exposición sistemática de los trabajadores.
