La Ciudad de México dará más tiempo a propietarios y compradores de motocicletas y bicicletas eléctricas para cumplir con las nuevas reglas de circulación. La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que las sanciones por incumplir las disposiciones aplicables a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepes) comenzarán el 20 de noviembre, en lugar de activarse durante septiembre como contemplaba el calendario inicial.
La dependencia también anunció una reducción en el costo previsto para el emplacamiento. La tarifa pasaría de 710 a 355 pesos, aunque el ajuste todavía requiere la modificación correspondiente por parte del Congreso de la Ciudad de México. La medida busca facilitar la regularización de vehículos eléctricos que ya circulaban antes de que entraran en vigor los cambios a la Ley de Movilidad en julio.
Un nuevo plazo para unidades ya en circulación
El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que el nuevo límite responde a la necesidad de dar margen a quienes adquirieron un Vemepe antes del 1 de julio y aún no han completado su registro. También incluye a compradores recientes que recibieron sus unidades sin la documentación necesaria para iniciar el trámite de placas.
La fecha es relevante porque, desde el 1 de julio, los vehículos nuevos sujetos a esta regulación debían comercializarse con placas. El esquema buscaba que las tiendas entregaran las unidades regularizadas y que los propietarios de vehículos previamente adquiridos realizaran su registro ante Semovi. Sin embargo, la transición ha mostrado dificultades operativas tanto para vendedores como para usuarios.
Con el aplazamiento, las autoridades conceden varios meses adicionales para que los dueños de motocicletas y bicicletas eléctricas incorporadas al nuevo régimen cumplan con el emplacamiento antes de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueda aplicar multas. El 20 de noviembre se convierte así en la referencia central de la etapa de regularización.
Persisten ventas sin matrícula pese a la nueva norma
El cambio ocurre mientras persisten reportes de establecimientos que continúan vendiendo vehículos eléctricos personales sin placas. El Universal informó que algunos comercios de la capital todavía entregan este tipo de unidades sin matrícula, pese a que el calendario original establecía que los vehículos nuevos debían salir de las tiendas ya regularizados.
La situación plantea un problema práctico para los compradores: una persona puede adquirir una bicicleta o motocicleta eléctrica en un comercio formal y, aun así, quedar temporalmente fuera del esquema de cumplimiento si el vendedor no proporciona los elementos requeridos para el emplacamiento. En ese escenario, el aplazamiento reduce el riesgo inmediato de sanciones, pero no elimina la obligación de regularizar el vehículo antes del nuevo plazo.
Semovi sostiene que mantiene reuniones semanales con las empresas que comercializan estos vehículos. El objetivo es que registren ante la dependencia las unidades clasificadas como Vehículos de Movilidad Personal de tipo A o B que ponen a la venta. Esa coordinación es necesaria para identificar los modelos sujetos a registro, ordenar la información comercial y permitir que el trámite pueda realizarse de manera consistente.
La reducción de tarifa busca facilitar el cumplimiento
El ajuste en el costo de las placas representa uno de los cambios más concretos para los usuarios. La tarifa prevista inicialmente era de 710 pesos, pero el Gobierno capitalino determinó reducirla a la mitad al considerar que se trata de vehículos eléctricos. El precio de 355 pesos todavía deberá formalizarse mediante la modificación legislativa correspondiente.
La disminución puede aliviar parte de la carga económica de la regularización, especialmente para propietarios que compraron su vehículo antes de que las nuevas obligaciones fueran conocidas o aplicables. No obstante, el costo de las placas no es el único factor del proceso: los usuarios deberán contar con la documentación requerida y completar el registro en la plataforma de Semovi.
Para los dueños de un Vemepe adquirido antes del 1 de julio, la regularización no exige comprar una unidad nueva ni sustituir el vehículo. La autoridad prevé que se registren en la plataforma disponible en el sitio de Semovi y realicen el procedimiento de emplacamiento. Una vez cubierto el pago y concluidos los requisitos administrativos, se entregarán las placas correspondientes.
Una transición que pone a prueba la aplicación de la regulación
Las disposiciones derivan de las modificaciones a la Ley de Movilidad que entraron en vigor en julio y que incorporaron reglas específicas para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales. La intención es integrar estos medios de transporte a un marco de control vial, en un contexto de crecimiento de las alternativas eléctricas para trayectos urbanos y de mayor presencia de unidades con características cercanas a las de una motocicleta.
El reto inmediato no está en la existencia de la norma, sino en su aplicación ordenada. La venta de unidades sin placas, la necesidad de registrar modelos ante la autoridad y el proceso de adaptación de quienes ya poseían un vehículo muestran que la implementación requiere coordinación entre gobierno, comercios y usuarios. Un inicio de sanciones sin esos elementos resueltos podría trasladar a los compradores responsabilidades que también dependen de la cadena comercial y administrativa.
El aplazamiento hasta el 20 de noviembre ofrece una ventana para corregir esas diferencias, pero mantiene vigente la obligación de regularizarse. Para los propietarios, la ampliación debe entenderse como un periodo de cumplimiento y no como una suspensión de la regulación. Para las autoridades, el resultado dependerá de que el registro, la definición de modelos sujetos a placas y la atención a los usuarios estén plenamente operativos antes de que comiencen las multas.
