La presidenta Keiko Fujimori pidió al Congreso acelerar el análisis del proyecto de ley con el que el Poder Ejecutivo busca obtener facultades legislativas durante 120 días para responder al avance del crimen organizado. La solicitud, presentada formalmente el viernes anterior y registrada como Proyecto de Ley N.° 00098-2026-2031-CD, contiene 66 pedidos distribuidos en tres áreas: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias vinculadas al fenómeno El Niño.
El componente de seguridad concentra la mayor carga política. El Gobierno pretende fortalecer los servicios de inteligencia, coordinar operaciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ampliar la vigilancia en las fronteras y en los perímetros exteriores de los penales, incorporar drones y sistemas de cámaras a las comisarías y crear un marco para calificar a determinadas bandas criminales como organizaciones terroristas. El paquete también incluye medidas para acelerar la expulsión de migrantes indocumentados.
La urgencia oficial se apoya en un deterioro visible de la seguridad pública. El país registró 2.213 homicidios en 2025 y acumula miles de denuncias por extorsión y sicariato. En los últimos días, además, se reportó la presunta reaparición de organizaciones como Los Pulpos y La Jauría. Sin embargo, la discusión no se limita a determinar si el Estado debe actuar con mayor rapidez. La cuestión decisiva es si la delegación de poderes permitirá corregir fallas operativas concretas o si trasladará al Ejecutivo una capacidad normativa amplia sin resolver los problemas institucionales que han alimentado la expansión criminal.
El primer problema apareció antes del debate político
El trámite del proyecto comenzó con una observación administrativa: el Ejecutivo no había adjuntado inicialmente el documento formal que acreditaba la aprobación de la solicitud por parte del Consejo de Ministros. El Gobierno subsanó la omisión el 31 de agosto mediante el envío de una copia certificada del acta correspondiente. Después de esa corrección, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para acelerar el análisis.
El incidente puede parecer menor, pero revela una tensión relevante. El Ejecutivo está intentando transmitir una imagen de respuesta inmediata frente a una crisis que exige coordinación y velocidad, mientras que el procedimiento de delegación legislativa depende de requisitos formales y de la deliberación parlamentaria. Cuando una iniciativa que pretende reorganizar áreas sensibles del Estado llega con deficiencias documentales, la oposición encuentra un argumento para cuestionar la calidad de la preparación técnica. Al mismo tiempo, el Gobierno puede presentar la subsanación como una prueba de capacidad de reacción y utilizar la demora parlamentaria como parte de su discurso de urgencia.
La presión pública juega a favor de Fujimori. La campaña con la que llegó a la Presidencia, “Vuelve el orden”, colocó la seguridad en el centro de su mandato. Apenas un mes después del inicio de su gestión, la mandataria necesita demostrar que esa promesa se traduce en decisiones ejecutivas. El pedido al Congreso cumple así una doble función: busca habilitar cambios legales y establece una narrativa política en la que la Presidencia aparece como el actor dispuesto a actuar, mientras el Legislativo queda asociado al riesgo de demora.
La etiqueta de terrorismo cambia el terreno de la respuesta estatal
El punto más controvertido del proyecto es la posibilidad de catalogar a organizaciones criminales como organizaciones terroristas. El premier Luis Galarreta sostiene que la nueva calificación daría mayor respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas para actuar junto con la Policía y facilitaría la cooperación internacional contra estructuras transnacionales, entre ellas el Tren de Aragua.
La lógica del Gobierno tiene un elemento atendible: las bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de personas y el control territorial operan cada vez más allá de los límites de una jurisdicción policial ordinaria. La cooperación entre inteligencia financiera, control fronterizo, investigación criminal y fuerzas militares puede ser necesaria cuando las redes delictivas se financian, reclutan y movilizan en varios países. Una categoría legal que permita compartir información y activar mecanismos de asistencia internacional podría mejorar la persecución de sus dirigentes y de sus activos.
Pero la etiqueta de terrorismo no produce por sí misma mejores investigaciones. Si la clasificación se utiliza para ampliar facultades coercitivas sin criterios claros, supervisión judicial y mecanismos de revisión, puede generar tres efectos adversos. Primero, aumentar la litigiosidad de los operativos y poner en riesgo la validez de las pruebas. Segundo, diluir la diferencia entre violencia con finalidad política y criminalidad organizada con fines económicos. Tercero, incentivar que las instituciones midan el éxito por el número de organizaciones declaradas peligrosas, en lugar de hacerlo por condenas firmes, desarticulación financiera y reducción de homicidios.
La definición será determinante. Una norma demasiado abierta permitiría incluir desde estructuras con control territorial y capacidad armada hasta redes locales de extorsión, pese a que sus objetivos y métodos no son equivalentes. Una norma excesivamente restrictiva, en cambio, tendría un valor principalmente simbólico. El Congreso deberá decidir si el proyecto establece elementos objetivos, como jerarquía, permanencia, capacidad operativa, control territorial, uso sistemático de violencia y alcance transnacional, o si deja un margen amplio de interpretación al Ejecutivo.
El desequilibrio entre inteligencia, Policía y Fuerzas Armadas
Fujimori afirmó que el servicio de inteligencia carece de capacidad operativa desde hace varios años. Esa declaración apunta al núcleo menos visible de la crisis: el Estado no solo enfrenta delincuentes más violentos, sino que también tiene dificultades para producir información confiable, compartirla entre instituciones y convertirla en operaciones judicialmente sostenibles.
La propuesta de unificar las labores de inteligencia entre distintas entidades puede corregir duplicidades y mejorar el flujo de datos. En teoría, una arquitectura integrada permitiría relacionar denuncias de extorsión, movimientos financieros, comunicaciones, tráfico migratorio, registros penitenciarios y desplazamientos fronterizos. En la práctica, la integración enfrenta obstáculos de competencia institucional, protección de fuentes, clasificación de información y ausencia de protocolos comunes. Sin una autoridad de coordinación claramente definida, la “unificación” podría convertirse en una nueva capa burocrática.
El segundo riesgo es el desequilibrio operativo. Especialistas citados en el debate han advertido que el paquete prioriza el fortalecimiento militar por encima del policial. Las Fuerzas Armadas pueden aportar logística, vigilancia territorial y capacidad de despliegue, pero la investigación de delitos, la preservación de la cadena de custodia y la presentación de casos ante fiscales y jueces requieren capacidades policiales y civiles especializadas. El apoyo militar puede contener una emergencia; difícilmente reemplaza una investigación criminal sostenida.
La incorporación de drones y cámaras a las comisarías tampoco garantiza resultados automáticos. Estas herramientas solo son útiles si existen personal capacitado, mantenimiento, protocolos para almacenar imágenes, acceso fiscal oportuno y criterios que impidan la vigilancia indiscriminada. De lo contrario, el Estado puede adquirir tecnología visible para la opinión pública sin mejorar su capacidad de identificar autores, anticipar ataques o lograr sentencias.
Penales y fronteras: dos puntos de presión con resultados distintos
La vigilancia perimetral de los establecimientos penitenciarios y el control de las fronteras responden a problemas reales. Las cárceles son espacios estratégicos para las organizaciones criminales porque permiten mantener redes de extorsión, ordenar ataques y establecer alianzas entre internos y operadores externos. Las fronteras, por su parte, pueden ser utilizadas para el tránsito de personas, armas, dinero y dirigentes que intentan escapar de la persecución penal.
El desafío consiste en no confundir presencia estatal con control efectivo. En los penales, la vigilancia exterior puede reducir fugas, entregas clandestinas y movimientos no autorizados, pero no elimina la corrupción interna, el uso de teléfonos, el ingreso de dispositivos ni la capacidad de los reclusos para impartir órdenes. En las fronteras, el despliegue militar puede ampliar la cobertura territorial, aunque no sustituye la labor de aduanas, migraciones, fiscalías especializadas y unidades de investigación financiera.
Para evaluar estas medidas, el Congreso debería exigir indicadores verificables: reducción de comunicaciones ilícitas desde los penales, número de operaciones basadas en inteligencia compartida, decomiso de armas y activos, identificación de redes de lavado y porcentaje de casos que llegan a acusación fiscal. Sin metas de ese tipo, la delegación corre el riesgo de producir decretos difíciles de evaluar y políticamente costosos de revertir.
Expulsiones aceleradas y la disputa por la seguridad migratoria
El proyecto incorpora una política para acelerar la expulsión de migrantes indocumentados, aunque la presidenta no explicó el mecanismo ni el calendario de aplicación. El anuncio conecta con una preocupación social legítima: determinadas redes criminales transnacionales utilizan rutas migratorias, documentos falsos y sistemas de intermediación para movilizar integrantes. No obstante, la irregularidad migratoria no equivale a criminalidad, y mezclar ambas categorías puede debilitar la eficacia de la política pública.
Una expulsión rápida requiere identificar plenamente a la persona, comprobar su nacionalidad, determinar si enfrenta procesos judiciales, garantizar el derecho de defensa y coordinar con el país receptor. Si esos pasos se reducen por razones de velocidad, aumentan los riesgos de expulsiones erróneas, separación familiar y sanciones que luego sean anuladas por los tribunales. Además, una medida general puede empujar a personas vulnerables hacia la clandestinidad, dificultando que denuncien extorsiones, trata o explotación laboral.
La política sería más consistente si se concentrara en individuos condenados o vinculados mediante pruebas sólidas a delitos graves, con intercambio de información entre autoridades y procedimientos diferenciados para víctimas, testigos y solicitantes de protección. De lo contrario, la expulsión puede convertirse en una respuesta de alto impacto comunicacional pero de bajo rendimiento contra las estructuras que organizan y financian el crimen.
El Congreso enfrenta una decisión de velocidad y control
La posición de los legisladores se encuentra atravesada por incentivos contradictorios. Aprobar rápidamente el pedido permite acompañar la demanda ciudadana de seguridad y evita que el Ejecutivo los responsabilice por una eventual nueva ola de violencia. Rechazarlo o reducirlo, en cambio, puede ser interpretado como obstrucción, aunque también puede responder a la obligación parlamentaria de revisar la calidad y los límites de la delegación.
El contenido de 66 pedidos aumenta la complejidad. La seguridad ciudadana, la reactivación económica y la atención de emergencias por El Niño son asuntos distintos, con riesgos y plazos diferentes. Una delegación amplia puede acelerar reformas que requieren respuestas inmediatas, pero también dificultar el control democrático porque concentra en un mismo paquete materias heterogéneas. El Congreso podría optar por separar los ejes, establecer plazos diferenciados y excluir disposiciones que ya fueron modificadas recientemente, como algunas normas penitenciarias y regulaciones sobre extorsión.
La experiencia reciente demuestra que aprobar nuevas normas no basta cuando la ejecución institucional permanece débil. Si los cambios al sistema penitenciario y las disposiciones contra la extorsión ya han sido modificados en años recientes, el problema puede estar menos en la falta de legislación que en la aplicación fragmentada, la baja capacidad investigativa, la corrupción y la lentitud judicial. La delegación legislativa debe explicar qué falla concreta pretende corregir cada decreto y qué entidad será responsable de hacerlo cumplir.
Un mandato corto para demostrar resultados medibles
Durante los 120 días solicitados, el Gobierno tendrá una ventana limitada para producir resultados que sean perceptibles y verificables. La reducción de homicidios no puede atribuirse de inmediato a una sola norma, pero sí es posible medir avances intermedios: aumento de investigaciones patrimoniales, desarticulación de mandos, incautación de armas, disminución de llamadas extorsivas originadas en cárceles y mejora de los tiempos de respuesta policial.
El escenario más favorable sería una delegación acotada, acompañada por presupuesto, protocolos de coordinación y supervisión parlamentaria. En ese modelo, las Fuerzas Armadas apoyarían tareas territoriales específicas, mientras la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial conservarían el liderazgo de la investigación penal. La inteligencia integrada produciría objetivos priorizados y la tecnología se desplegaría donde existan capacidades para procesar la información.
El escenario más riesgoso combina una definición ambigua de terrorismo, expulsiones aceleradas sin garantías, ampliación de funciones militares y controles débiles sobre la vigilancia. Esa fórmula puede generar operaciones espectaculares en el corto plazo, pero también abusos, nulidades judiciales y un deterioro de la confianza institucional. Si las bandas se adaptan rápidamente y los resultados no llegan, el Ejecutivo podría responder con nuevas ampliaciones de poderes, profundizando la concentración de decisiones.
La petición de Keiko Fujimori, por tanto, no debe evaluarse únicamente por la rapidez con la que el Congreso la tramite. El criterio central será la relación entre facultades, capacidades y controles. El crimen organizado requiere un Estado más coordinado y técnicamente competente, pero esa coordinación no se obtiene mediante etiquetas jurídicas o anuncios de despliegue. La prueba política de la presidenta será convertir la urgencia de “Vuelve el orden” en investigaciones eficaces, instituciones responsables y resultados que puedan ser auditados por la ciudadanía.
