La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamó que la evaluación de la economía no quede limitada a la desaceleración de la inflación y contemple también la evolución de la actividad, el empleo y la capacidad productiva. El planteo fue realizado este miércoles por el presidente de la entidad, Martín Rappallini, durante el acto por el Día de la Industria celebrado en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, con participación de empresarios, funcionarios nacionales y representantes de otras entidades sectoriales.
“La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, afirmó Rappallini. El titular de la UIA sostuvo que existen ramas manufactureras especialmente afectadas y empresas que operan con niveles de utilización de capacidad inferiores a los posibles. Su mensaje buscó instalar una mirada más amplia sobre los efectos de la transición económica, en un contexto de orden fiscal, menor inflación y mayor apertura comercial.
Un diagnóstico sobre producción, empleo y crédito
Según expuso Rappallini, la producción industrial se ubica 10% por debajo de los niveles de 2022 y algunos sectores acumulan descensos de entre 25% y 30%. También señaló que, desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. Para la central fabril, la caída sostenida de la actividad no sólo repercute sobre las empresas: debilita el consumo, limita la inversión, reduce la recaudación y erosiona capacidades que luego resultan difíciles de reconstruir.
La argumentación de la UIA parte de un vínculo entre la microeconomía y los resultados macroeconómicos. Menos producción implica menor demanda de trabajo y menor circulación de ingresos; a su vez, esa dinámica reduce el mercado interno y restringe la posibilidad de financiar inversiones. Rappallini planteó que el desafío consiste en preservar el equilibrio macroeconómico sin que la transformación deje fuera de juego a segmentos industriales que participan de cadenas de valor, exportaciones y empleo formal.
El primer reclamo fue la recomposición del crédito. La entidad pidió instrumentos para financiar capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo, con el objetivo de que la estabilidad financiera se traduzca en crecimiento productivo. El pedido no supone abandonar el orden macroeconómico, según expresó el dirigente, sino crear mecanismos que permitan atravesar un período de tasas elevadas y demanda reducida sin profundizar el deterioro de las firmas, especialmente las pequeñas y medianas.
El “costo argentino” y la apertura comercial
El segundo eje estuvo centrado en la competitividad. Rappallini enumeró impuestos, regulaciones, costos logísticos, falta de infraestructura, dificultades de financiamiento, distorsiones de precios y cambios de reglas como componentes del denominado “costo argentino”. En una economía más abierta, indicó, la competencia ya no se define exclusivamente entre compañías, sino entre sistemas productivos con cargas tributarias, energía, transporte y acceso al crédito diferentes.
La UIA propuso un Pacto Fiscal Industrial Federal entre la Nación, las provincias y los municipios para reducir gradualmente impuestos que se acumulan durante la cadena productiva. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales e impuestos a créditos y débitos. El planteo busca extender al conjunto de la industria una lógica de competitividad internacional que, según Rappallini, ya está contemplada para grandes proyectos mediante instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La entidad también reclamó controles frente a prácticas que considera competencia desleal. El presidente de la UIA mencionó subsidios externos, dumping, sobreoferta, contrabando, subfacturación e incumplimiento de normas de calidad y seguridad. Sostuvo que, en algunas actividades, los productos que ingresan por vías irregulares representan entre 30% y 50% del mercado. La discusión abre una tensión relevante: la apertura puede ampliar opciones y presionar por eficiencia, pero requiere reglas equivalentes para evitar que los productores formales compitan con mercadería fuera de los marcos tributarios y regulatorios.
Energía, deudas e infraestructura en la agenda empresarial
Rappallini pidió que los recursos energéticos, incluido Vaca Muerta, funcionen como una ventaja para la producción local además de impulsar exportaciones de hidrocarburos. El dirigente señaló que numerosas pymes recibieron este año facturas de gas y electricidad entre tres y cinco veces superiores a las anteriores, y solicitó un mecanismo de financiamiento para amortiguar ese impacto. El argumento es que el costo energético puede afectar de modo desigual a industrias electrointensivas o radicadas lejos de los centros de abastecimiento.
La UIA incluyó además propuestas para reprogramar deudas bancarias y fiscales, suspender de manera extraordinaria embargos sobre empresas con problemas de liquidez y acelerar la devolución de saldos a favor tributarios. Para la entidad, esos recursos son capital de trabajo que las compañías necesitan para pagar salarios, proveedores e impuestos. El reclamo refleja la presión que generan la baja de ventas y el aumento previo de las tasas de interés sobre la regularidad financiera de muchas empresas.
En infraestructura, la organización advirtió sobre el estado de rutas, demoras portuarias, insuficiencias ferroviarias, redes eléctricas, gasoductos, conectividad y pasos fronterizos. Propuso combinar concesiones, licitaciones y esquemas público-privados, junto con inversión estatal en obras que el sector privado no pueda encarar por sí solo. El punto es central para una industria que busca competir tanto en el mercado interno como en exportaciones, donde el transporte y los tiempos logísticos inciden directamente en el precio final.
Debate laboral y críticas más duras dentro de la entidad
El séptimo punto presentado por Rappallini fue la modernización laboral y la reducción de la litigiosidad. El titular de la UIA consideró que la nueva legislación laboral ofrece herramientas para actualizar relaciones de trabajo y convenios colectivos, aunque advirtió que su resultado dependerá de la implementación, el diálogo con los trabajadores y criterios previsibles de la Justicia. La entidad sostiene que la incertidumbre sobre los costos de contratación limita nuevas incorporaciones e inversiones.
Antes del acto, el vicepresidente de la UIA Guillermo Moretti había formulado cuestionamientos de tono más severo contra la orientación oficial. En declaraciones a El Destape, definió las medidas como una política de desindustrialización y vinculó la fortaleza industrial con la existencia de escuelas técnicas, universidades, el CONICET y el INTI. Sus palabras exhibieron una posición más confrontativa que la expresada en el discurso institucional, aunque ambas intervenciones coincidieron en alertar sobre el impacto de la coyuntura en el entramado productivo.
El encuentro reunió a cerca de 200 industriales y contó con la presencia del secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne; el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; la senadora Flavia Royón; el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. Al cerrar, Rappallini sostuvo que la industria representa cerca de 18% del PIB, 20% del empleo y alrededor de 30% de la recaudación. La discusión planteada por la UIA se concentra así en cómo compatibilizar la estabilización con condiciones que permitan preservar producción, inversión y empleo durante la transición económica.
