El llamado del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, a convertir la seguridad en el eje práctico de la integración centroamericana llega en un momento de contraste profundo para la región. Por un lado, El Salvador exhibe una caída drástica de los homicidios tras la instauración del régimen de excepción y la ofensiva estatal contra las pandillas. Por otro, la arquitectura institucional que debía dar continuidad jurídica y política a la cooperación regional se ha debilitado: la Corte Centroamericana de Justicia dejó de operar tras las salidas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, perdiendo el número mínimo de Estados parte requerido para funcionar.
La propuesta no es simplemente retórica. Ulloa plantea que un país más seguro puede irradiar beneficios económicos y políticos hacia sus vecinos: mayor inversión, mejores condiciones para comerciar, conectividad más fluida y capacidad competitiva regional. Sin embargo, el desafío consiste en determinar si el modelo salvadoreño puede traducirse en cooperación regional sin trasladar sus costos institucionales, sus controversias en materia de derechos humanos y sus condiciones específicas a países con estructuras criminales y capacidades estatales distintas.
La paradoja: más coordinación operativa, menos instituciones regionales
Centroamérica enfrenta una paradoja difícil de ignorar. El crimen organizado opera con una lógica regional: las rutas de narcotráfico conectan costas, puertos, pasos fronterizos y corredores terrestres; la trata de personas se aprovecha de flujos migratorios y debilidades en los controles; el lavado de dinero utiliza sistemas financieros, empresas de fachada y actividades comerciales que rara vez quedan confinadas a una sola jurisdicción. Aun así, la respuesta política regional se ha vuelto más fragmentada.
La suspensión operativa de la Corte Centroamericana de Justicia en marzo de 2025 ilustra esa contradicción. La corte era el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, creado en 1991. Sus funciones incluían interpretar tratados, resolver controversias entre Estados y atender conflictos vinculados con los órganos de integración. La retirada de Nicaragua, seguida por Honduras el 30 de abril de 2026 y por El Salvador el 20 de mayo, dejó al tribunal sin la base legal necesaria para continuar.
El resultado no implica que toda cooperación desaparezca, pero sí elimina una instancia que podía ofrecer interpretación común de normas, mecanismos de resolución de disputas y una referencia jurídica para compromisos transfronterizos. En materia de seguridad, esa ausencia puede parecer secundaria frente a la urgencia operativa de capturar criminales o interceptar cargamentos ilícitos. No lo es. La cooperación sostenida requiere reglas para el intercambio de información, la entrega de sospechosos, el respeto a garantías procesales, la persecución de activos y la admisibilidad de pruebas obtenidas en otro país.
La primera conclusión es que la seguridad no sustituye a la institucionalidad regional: la pone a prueba. Una coordinación basada exclusivamente en decisiones bilaterales, reuniones de ministros o afinidades personales entre gobiernos puede funcionar durante una crisis concreta, pero es vulnerable a los cambios electorales, a los conflictos diplomáticos y a la falta de controles. Si los gobiernos centroamericanos quieren construir una política regional contra el crimen transnacional, necesitarán mecanismos más estables que las declaraciones políticas, precisamente cuando uno de los pilares judiciales del sistema ha quedado paralizado.
El caso salvadoreño ofrece resultados, pero no una fórmula automática
La reducción de la violencia homicida en El Salvador es el principal argumento político detrás de la intervención de Ulloa. El régimen de excepción, vigente desde 2022 y acompañado por arrestos masivos de presuntos integrantes de pandillas, cambió de manera visible la percepción de seguridad en comunidades históricamente dominadas por grupos como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. La disminución de homicidios y extorsiones reportada por las autoridades ha dado al Gobierno salvadoreño un activo interno relevante y una proyección internacional que otros dirigentes regionales observan con atención.
Pero el éxito de un indicador no resuelve por sí mismo la complejidad de la seguridad regional. Los homicidios son una métrica crítica, aunque no abarcan todo el fenómeno criminal. El narcotráfico, el contrabando, la corrupción aduanera, el tráfico de armas, la ciberdelincuencia y el lavado de dinero pueden adaptarse incluso en contextos donde baja la violencia visible. La presión policial también puede desplazar actividades ilícitas hacia municipios fronterizos, rutas menos vigiladas o países vecinos, una dinámica conocida en estudios de seguridad como efecto globo.
Esto no significa que la reducción de homicidios carezca de valor. Significa que debe medirse con indicadores complementarios: denuncias de extorsión, desapariciones, incautaciones, flujos financieros sospechosos, denuncias por abusos, capacidad de investigación de fiscalías y tasas de condena. Un sistema regional serio no debería limitarse a comparar cifras nacionales de asesinatos; tendría que establecer datos homologables que permitan saber si el delito disminuye, se transforma o se desplaza.
La segunda conclusión es que El Salvador puede ser un laboratorio regional, pero no un molde institucional para copiar sin ajustes. Su experiencia demuestra que el Estado puede recuperar capacidad coercitiva cuando enfrenta organizaciones violentas consolidadas. A la vez, evidencia los riesgos de utilizar medidas extraordinarias de forma prolongada. El régimen de excepción suspende garantías constitucionales para toda la población y ha sido objeto de críticas por detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones carcelarias. Exportar únicamente la dimensión punitiva del modelo sería una lectura incompleta; estudiar sus resultados, costos y límites permitiría una discusión más útil.
Inversión y comercio dependen de una seguridad que pueda demostrarse
El vínculo entre seguridad e inversión que plantea Ulloa tiene una base económica clara. Las empresas evalúan costos de transporte, riesgos de extorsión, robos de carga, tiempos de espera en aduanas, estabilidad regulatoria y previsibilidad judicial antes de invertir. Para una manufacturera, una firma logística o una empresa turística, una región donde los corredores terrestres son inseguros puede resultar menos atractiva que un mercado individual con mejor conectividad, aunque sea más pequeño.
Centroamérica tiene incentivos concretos para reducir ese costo regional. Sus economías están interconectadas por comercio intrarregional, cadenas agroalimentarias, transporte terrestre, puertos y migración laboral. Una mejora coordinada en seguridad de carreteras, control aduanero y trazabilidad de mercancías puede reducir pérdidas privadas y mejorar la recaudación pública. También puede facilitar que las compañías evalúen a la región como una plataforma productiva, en lugar de tratar cada frontera como un punto de incertidumbre.
Sin embargo, el argumento económico tiene una condición exigente: la seguridad debe ser previsible y compatible con reglas confiables. Un inversionista puede valorar la reducción de delitos violentos, pero también observa si existen procedimientos transparentes, tribunales funcionales, protección contractual y mecanismos de arbitraje. La desaparición operativa de la Corte Centroamericana de Justicia envía una señal ambivalente. Los gobiernos hablan de integración práctica, mientras se debilita un espacio que ayudaba a dar soporte jurídico al proceso integrador.
La tercera conclusión es que la competitividad regional no depende sólo de controlar el territorio, sino de reducir la incertidumbre. La seguridad física y la seguridad jurídica son complementarias. Una ruta comercial protegida por fuerzas de seguridad puede perder utilidad si el cruce fronterizo sigue expuesto a corrupción, si los requisitos cambian sin coordinación o si las empresas carecen de vías eficaces para reclamar ante controversias regionales. El reto no es elegir entre combate al delito e instituciones: ambos elementos forman parte de la misma ecuación económica.
Los intereses nacionales pueden bloquear la respuesta común
Los gobiernos de la región comparten la preocupación por el crimen organizado, pero no necesariamente la misma lectura sobre sus causas ni sobre los instrumentos aceptables para combatirlo. El Salvador puede priorizar el control territorial, la ampliación de facultades policiales y la cooperación de inteligencia. Costa Rica, con una tradición institucional distinta y un incremento de la violencia asociado al narcotráfico, puede poner mayor énfasis en investigación financiera, puertos y fortalecimiento judicial. Guatemala y Honduras enfrentan sus propias tensiones entre seguridad, corrupción, debilidad local y disputas políticas. Panamá, como nodo logístico y financiero, tiene intereses particulares en trazabilidad comercial y prevención del lavado.
Esta diversidad no invalida la cooperación; explica por qué debe ser modular. Pretender una política idéntica para los ocho miembros de pleno derecho del SICA probablemente produciría acuerdos vagos. Resultaría más viable avanzar con protocolos específicos: unidades de enlace para inteligencia financiera, bases de datos interoperables sobre vehículos robados y armas, canales de alerta para trata de personas, equipos conjuntos de investigación y estándares para proteger información sensible.
También existe un debate ineludible con organizaciones de derechos humanos, defensores públicos y familiares de detenidos. Desde esa perspectiva, la seguridad no puede medirse sólo por la baja de homicidios, porque la legitimidad del Estado se erosiona si personas inocentes no tienen vías efectivas para impugnar su detención o si las medidas excepcionales se vuelven permanentes. Los sectores empresariales, en cambio, suelen enfatizar la necesidad de resultados rápidos frente a extorsiones y bloqueos logísticos. Las comunidades afectadas por pandillas pueden valorar ante todo la recuperación inmediata de movilidad, actividad comercial y vida cotidiana.
Una política regional creíble tendría que reconocer estas prioridades sin convertirlas en un veto mutuo. El combate a las redes criminales necesita inteligencia, fuerza pública y cooperación fiscal; también necesita supervisión judicial, estadísticas verificables y reparación cuando el Estado comete abusos. La falta de ese equilibrio puede generar resultados rápidos en el corto plazo, pero debilitar la confianza ciudadana necesaria para sostenerlos.
La frontera decisiva está en el dinero y no sólo en las calles
El énfasis de Ulloa en narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y nuevas formas de delincuencia transnacional apunta a un problema que supera el combate contra las pandillas. Las estructuras criminales más resilientes no dependen exclusivamente de la violencia callejera. Dependen de capacidad financiera, redes de protección política, empresas legales utilizadas para ocultar recursos y corredores logísticos que enlazan distintos países. Arrestar a operadores visibles puede alterar temporalmente una red, pero no necesariamente desmantela su patrimonio ni su capacidad de reclutamiento.
Por eso, la cooperación regional más valiosa podría concentrarse en perseguir activos y no sólo personas. El intercambio de reportes de operaciones sospechosas, la identificación de beneficiarios finales de sociedades, la vigilancia de transferencias vinculadas a tráfico de personas y la coordinación entre fiscalías pueden golpear la rentabilidad del delito. Es una tarea más lenta y técnica que una operación masiva, pero suele tener efectos más duraderos si se sustenta en evidencia y procesos judiciales sólidos.
La vulnerabilidad es particularmente alta en sectores donde el efectivo, el comercio transfronterizo y la informalidad dificultan la trazabilidad. Transportistas, pequeños comercios, remesadoras, empresas de construcción, turismo y actividades agroexportadoras pueden sufrir extorsión o ser utilizados sin conocimiento pleno por redes ilícitas. Para estas actividades, una estrategia regional efectiva no significa únicamente mayor vigilancia, sino reglas simples para reportar riesgos, protección frente a represalias y reducción de trámites que empujan a operadores legítimos a circuitos informales.
Un nuevo ciclo regional dependerá de resultados verificables
La propuesta salvadoreña abre una oportunidad política, pero el contexto obliga a moderar las expectativas. La región no está ante una integración automática impulsada por un discurso de independencia o por coincidencias simbólicas. Está ante una prueba de capacidad estatal: demostrar que los países pueden coordinar acciones concretas pese a sus diferencias políticas y a la erosión de instituciones comunes.
En el corto plazo, es probable que crezcan los acuerdos bilaterales y las operaciones puntuales entre policías, fuerzas de seguridad, autoridades migratorias y fiscalías. Esa vía puede ofrecer resultados rápidos en pasos fronterizos o contra redes identificadas. En una segunda etapa, la presión de empresas, organismos internacionales y comunidades afectadas podría empujar a formalizar estándares regionales de información, extradición, protección de víctimas y combate al lavado de dinero.
El principal riesgo es que la integración de seguridad se convierta en una etiqueta para prácticas sin controles compartidos. Si cada gobierno interpreta la cooperación como autorización para extender medidas excepcionales, intercambiar datos sin salvaguardas o perseguir adversarios bajo categorías ambiguas de seguridad, la región podría ganar coordinación operativa y perder legitimidad democrática. El otro riesgo es el inverso: que las diferencias ideológicas y la ausencia de una instancia judicial regional dejen la cooperación reducida a comunicados sin efectos sobre las redes criminales.
La credibilidad de esta nueva etapa dependerá de hechos medibles: reducción sostenible de violencia, aumento de investigaciones financieras, protección efectiva de víctimas de trata, decomiso de activos ilícitos, controles fronterizos menos corruptos y garantías para que la seguridad no se construya a costa de derechos básicos. El Salvador ha puesto sobre la mesa una experiencia que cambió su realidad interna y una pregunta regional de mayor alcance: si Centroamérica puede actuar como una comunidad frente al delito transnacional sin renunciar a las instituciones que hacen duradera esa cooperación.
