El asesinato de James Flor y de María Ovidia Palechor, líderes comunitarios de Cajibío, Cauca, vuelve a exponer la fragilidad de quienes ejercen representación social e indígena en zonas disputadas por grupos armados. Según Indepaz, hombres armados irrumpieron en la vivienda de la pareja el 1 de septiembre y dispararon contra ambos. No se han reportado capturas ni una hipótesis oficial sobre los responsables.
Una advertencia que no evitó el crimen
Flor integraba la Mesa de Víctimas del municipio y desarrollaba labores sociales en La Pedregosa. Palechor era reconocida como lideresa indígena y defensora de derechos humanos, vinculada a procesos organizativos del Cauca. Con sus muertes, Indepaz eleva a 103 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2026, una cifra que convierte el caso en parte de un patrón nacional, no en un hecho aislado.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido, mediante la Alerta Temprana 007 de 2023 y su seguimiento de 2026, sobre riesgos derivados del control territorial de estructuras armadas en Cajibío. Indepaz ha señalado actividad del Frente Jaime Martínez, además del tránsito de los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño y de bandas locales. La distancia entre esas alertas y la ocurrencia del ataque plantea interrogantes sobre la capacidad estatal para traducir diagnósticos de riesgo en protección efectiva.
Exigencias de esclarecimiento
Gustavo Petro, Aida Quilcué e Iván Cepeda lamentaron el homicidio y exigieron una investigación exhaustiva. Petro afirmó que las víctimas eran cercanas a él y militantes del Pacto Histórico; Quilcué destacó su trabajo con las comunidades; y Cepeda pidió identificar tanto a los ejecutores como a quienes planearon el crimen. Las denuncias políticas reflejan la gravedad del contexto, pero el avance decisivo será judicial: establecer móviles, responsables y eventuales redes de apoyo para evitar que el doble asesinato quede impune.
