La familia de Teresa pidió justicia y una investigación completa después de que la madre de familia muriera por una descarga eléctrica al acudir por su hijo a la primaria General Teófilo Álvarez Borboa, en la colonia 10 de Mayo, Culiacán. El caso llevó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (Sepyc) a suspender las clases y ordenar una revisión integral del plantel, mientras la Fiscalía General del Estado busca establecer cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades.
La descarga se produjo durante la tarde del miércoles 2 de septiembre, en medio de una intensa lluvia. Como parte de las medidas adoptadas, madres y padres de familia ingresaron a la escuela para recoger a sus hijos. De acuerdo con el testimonio de Alisson Vázquez, sobrina de la víctima, Teresa se encontraba cerca de la salida cuando recibió la descarga. La mujer dejó a un hijo en condición de orfandad.
La pregunta central: ¿había un riesgo que pudo detectarse?
La exigencia de los familiares no se limita a conocer la causa inmediata de la muerte. También busca determinar si la infraestructura eléctrica del plantel presentaba señales de deterioro, si había cables expuestos y si alguna falla había sido reportada o podía ser identificada antes de que ocurriera la tragedia.
Vázquez señaló que en el lugar había cables expuestos y pidió que la investigación establezca las condiciones reales de la instalación. Esa afirmación deberá ser contrastada con los peritajes, la inspección técnica y los registros de mantenimiento de la escuela. La existencia de humedad, cableado vulnerable o protecciones dañadas no demostraría por sí sola una responsabilidad, pero sí sería relevante para determinar si el accidente pudo prevenirse mediante una reparación o una advertencia oportuna.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Hasta ahora no se ha informado de una conclusión pericial ni de personas señaladas como responsables. Esa falta de resultados inmediatos es esperable en una investigación que debe revisar el sistema eléctrico, las condiciones meteorológicas, los protocolos aplicados durante la lluvia y las decisiones tomadas para permitir el acceso de las familias.
Una hipótesis todavía pendiente de confirmar
La titular de la Sepyc, Gloria Himelda Félix Niebla, planteó que una posible fisura en el tubo de asbesto que protegía los cables encargados de suministrar energía a la cisterna pudo permitir el contacto entre la humedad y la instalación eléctrica. El agua acumulada durante la tormenta habría contribuido a generar las condiciones para la descarga.
La funcionaria aclaró que no podía confirmar esa explicación y que corresponde a la Fiscalía determinarla mediante peritajes. La precisión es importante: una hipótesis comunicada por una autoridad no equivale a una conclusión técnica. Para establecer la secuencia de los hechos será necesario examinar el tubo, el aislamiento de los conductores, la conexión a tierra, los dispositivos de protección y el punto exacto en el que Teresa tuvo contacto con la corriente.
La directora del plantel, Cynthia Guicho Labrada, afirmó por separado que la escuela no había registrado problemas previos con el cableado eléctrico. Félix Niebla también aseguró que la Sepyc no contaba con reportes anteriores sobre anomalías en esa instalación. La revisión deberá aclarar si la falla apareció de manera repentina por la combinación de lluvia y deterioro, o si existía una condición que no fue advertida por el personal escolar o por las instancias responsables del mantenimiento.
La suspensión de clases busca evitar un segundo accidente
Las actividades escolares permanecerán suspendidas hasta que Protección Civil y el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife) concluyan la valoración del suministro eléctrico. El objetivo inmediato es inspeccionar la instalación que proporciona energía a la cisterna, identificar daños en el cableado y sus protecciones, y decidir si el plantel requiere reparaciones o una intervención más amplia.
La medida preventiva no resuelve el caso, pero reduce el riesgo de que estudiantes, trabajadores o familiares regresen a una zona cuya seguridad aún no ha sido certificada. La fecha de reapertura dependerá de los resultados técnicos, no únicamente de la reparación visible de un cable o de la ausencia de agua en el patio. Una escuela puede parecer operativa y conservar peligros ocultos en tuberías, conexiones, sistemas de bombeo o circuitos afectados por la humedad.
Más allá del plantel, el caso expone una responsabilidad permanente
El accidente coloca bajo escrutinio la forma en que se supervisan las instalaciones eléctricas de las escuelas, especialmente en una entidad donde las lluvias intensas pueden convertir una falla menor en una amenaza grave. La ausencia de reportes previos será un elemento de la investigación, pero no debería cerrar la discusión sobre las inspecciones preventivas, la periodicidad del mantenimiento y la capacidad de las comunidades escolares para informar riesgos.
La Sepyc informó que mantendrá comunicación con la familia de Teresa y dará seguimiento a la investigación. También ofreció acompañamiento emocional y atención psicológica a quienes integran la comunidad escolar. Ese apoyo resulta necesario, pero la respuesta institucional tendrá mayor alcance si logra traducir la tragedia en medidas verificables: dictámenes técnicos, correcciones documentadas y protocolos claros para suspender actividades o restringir el acceso durante condiciones de riesgo.
Mientras la Fiscalía determina qué provocó la descarga, la familia espera que el caso no quede impune. La justicia dependerá de establecer con precisión qué falló, quién debía revisar o corregir esa condición y si las decisiones tomadas antes del accidente permitieron que un peligro eléctrico permaneciera dentro de una escuela. Esa cadena de responsabilidades será tan importante como la reparación física del plantel, porque definirá si la suspensión fue únicamente una reacción ante la tragedia o el inicio de una revisión más profunda de la seguridad escolar.
