Las primeras indagaciones sobre el secuestro del empresario minero Jenss Lara apuntan a una operación diseñada con anticipación y coordinada desde el sistema penitenciario. La Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que parte de las órdenes para retenerlo por más de 24 horas habría salido del penal El Milagro, en Trujillo, y que el caso estaría vinculado con integrantes de Los Pulpos, organización atribuida a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo. La liberación de Lara permitió que regresara a su vivienda junto a su familia, pero no cerró una investigación que todavía busca determinar la dimensión completa de la red.
Una operación con mandos fuera de la calle
Cinco personas fueron detenidas durante las diligencias posteriores al secuestro, aunque la Policía considera que existen otros participantes aún no identificados. La hipótesis central no describe un delito improvisado: plantea una cadena de coordinación entre personas ubicadas en Chile, operadores en Trujillo y contactos dentro de distintos penales. Esa distribución de funciones es relevante porque reduce la dependencia de un solo grupo ejecutor y dificulta establecer responsabilidades directas entre quienes ordenan, vigilan, trasladan o custodian a la víctima.
El penal El Milagro aparece como un punto especialmente sensible. Según la información policial citada por Perú21, Richard Daniel Briceño Gamboa, alias Crespo, habría retomado desde allí coordinaciones para ejecutar el secuestro. Briceño fue detenido el 18 de mayo por su presunta implicación en el atentado contra la discoteca Dalí, después de haber llegado desde Chile, y posteriormente fue internado en ese establecimiento. La sospecha de que pudo comunicarse con lugartenientes que operaban en El Porvenir vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de los penales para impedir que internos mantengan control operativo sobre estructuras delictivas externas.
El secuestro como mensaje dentro del negocio del oro
El caso no se investiga únicamente como un ataque contra un empresario. Las versiones recogidas por medios locales indican que la retención de Lara habría buscado enviar una señal a comerciantes relacionados con el traslado de oro ilegal. En esa economía criminal, la protección armada de rutas, cargamentos y operaciones mineras representa una fuente de poder y de ingresos. Quien controla ese servicio no solo obtiene pagos: también accede a información sobre clientes, movimientos de dinero y decisiones empresariales.
La PNP sitúa el hecho en la disputa entre Los Pulpos y La Jauría, grupo relacionado con Jolín Bazán, alias Jolín. Ambas organizaciones habrían trabajado juntas hasta inicios de 2025 en actividades de seguridad para mineros ilegales y en el traslado de oro desde Pataz hacia plantas de procesamiento situadas en la costa de La Libertad. Esa alianza, conocida como La Gran Alianza, permitió que grupos criminales ofrecieran una estructura de resguardo a una cadena económica que atraviesa zonas mineras, carreteras y centros de procesamiento.
La ruptura que reordenó el control territorial
La separación entre ambas redes cambió los incentivos de la confrontación. Los Pulpos habrían conservado buena parte del mercado de protección, mientras La Jauría mantuvo operaciones con determinados comerciantes de Pataz. Perú21 ubicó el inicio de la fractura en enero de 2025, tras el atentado con dinamita contra la sede del Ministerio Público en Trujillo. De acuerdo con esa versión, Los Pulpos responsabilizaron a Jolín Bazán Valderrama por pérdidas que sufrió la organización durante 2024.
Para 2026, La Jauría había ampliado su presencia en el negocio del traslado ilegal de oro. La información policial difundida por el diario indica que Jhonsson Pulpo conocía a sus clientes y buscaba imponer un mensaje inequívoco: que La Jauría no podía garantizar protección y que solo Los Pulpos tenía esa capacidad. Bajo esa lógica, el secuestro de Lara adquiere una dimensión de coerción comercial. No se trataría solamente de obtener un beneficio inmediato de la víctima, sino de elevar el costo para empresarios que elijan trabajar con una red rival.
Información interna y exposición pública
La planificación también habría incluido inteligencia previa sobre Lara. Los investigadores determinaron que integrantes de Los Pulpos habrían contado con un informante dentro de su equipo de seguridad, quien les habría proporcionado datos sobre sus desplazamientos. A ello se sumaría el rastreo de publicaciones en redes sociales de la víctima y de personas de su entorno, utilizadas presuntamente para identificar lugares que frecuentaba en Trujillo.
La combinación de una fuente interna con información abierta muestra un patrón que excede este expediente. Las organizaciones criminales no necesitan vulnerar sistemas sofisticados cuando pueden reunir rutinas, ubicaciones y vínculos a partir de trabajadores, redes sociales y observación. Para empresarios que operan en sectores expuestos a extorsión o economías ilícitas, la seguridad ya no puede limitarse a la custodia física: requiere protocolos sobre circulación de información, verificación del personal y manejo de la presencia digital de directivos y familiares.
Intervenciones en cuatro penales
La respuesta estatal se extendió a varios establecimientos penitenciarios. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, informó el despliegue de equipos especializados hacia Puno y Chiclayo para realizar diligencias contra los presuntos autores intelectuales. Después de las primeras capturas, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó intervenciones en El Milagro, Yanamayo, en Puno; Pixie, en Chiclayo; y el anexo de máxima seguridad de Chorrillos.
En Pixie permanece recluido Andy Quispe Cruz, capturado en julio tras un seguimiento tecnológico con drones tácticos. En Chorrillos se encuentra Keisy Salvatierra, pareja de Jhonsson Pulpo, quien fue capturado el 1 de septiembre en Bolivia, según informó el ministro del Interior, César Astudillo. Las intervenciones reflejan que la investigación persigue comunicaciones y vínculos entre personas recluidas en lugares distintos. El reto para las autoridades será transformar esas acciones simultáneas en evidencia verificable sobre la cadena de mando, la financiación y los responsables materiales del secuestro.
La liberación de Jenss Lara elimina la urgencia inmediata sobre su integridad, pero deja abierta una cuestión más amplia: la persistencia de redes capaces de disputar mercados ilegales desde dentro y fuera de prisión. La eficacia del caso no se medirá solo por el número de detenidos, sino por la capacidad de desarticular los canales de comunicación penitenciarios, proteger a potenciales víctimas y cortar la relación entre la violencia organizada y el negocio del oro ilegal en La Libertad.
