La posibilidad de legalizar la eutanasia en la Ciudad de México entró formalmente en la agenda pública luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informara que 86 por ciento de las personas consultadas en una encuesta encargada por su administración se manifestó a favor de esta práctica y de la muerte digna. La mandataria adelantó que su gobierno comenzará a construir una ruta de discusión, aunque todavía no presentó una iniciativa, un calendario ni los criterios jurídicos y médicos que orientarían una eventual propuesta.
El anuncio coloca a la capital ante un debate de alta complejidad: no se trata sólo de autorizar o prohibir una intervención médica para poner fin a la vida bajo determinadas circunstancias, sino de definir quién puede solicitarla, qué diagnósticos serían aplicables, cómo se acreditaría una decisión libre e informada y qué mecanismos de supervisión impedirían abusos. La amplitud del apoyo reportado por el gobierno revela una disposición social favorable, pero no sustituye la deliberación técnica que exige una reforma de esta naturaleza.
Una encuesta favorable con información pendiente
Brugada dijo que le sorprendió el nivel de respaldo registrado en la consulta, pero reconoció que los detalles metodológicos serán dados a conocer posteriormente. Hasta ahora no se ha informado cuántas personas participaron, cómo se seleccionó la muestra, cuáles fueron las preguntas exactas, el periodo de levantamiento ni el margen de error. Esos elementos son indispensables para establecer si el 86 por ciento refleja una tendencia representativa de la población capitalina o una percepción acotada al universo consultado.
La diferencia importa porque el concepto de “muerte digna” suele abarcar más situaciones que la eutanasia. Puede incluir el derecho a rechazar tratamientos desproporcionados, recibir sedación paliativa en fases terminales, dejar instrucciones médicas anticipadas o contar con acompañamiento clínico para controlar el dolor. Una encuesta que agrupe esos conceptos puede medir una aceptación general de la autonomía al final de la vida, pero no necesariamente un consenso cerrado sobre cada modalidad de intervención.
Autonomía personal y controles institucionales
La jefa de Gobierno sostuvo que su administración cree en la “autonomía personal frente al sufrimiento intolerable” y señaló que deben escucharse a especialistas en bioética, salud y otros sectores involucrados. Esa definición anticipa que la discusión no quedará limitada al terreno político. Una regulación tendría que conciliar la voluntad del paciente con la obligación del Estado de proteger a personas en condición de vulnerabilidad, especialmente cuando existen dependencia económica, dolor intenso, deterioro cognitivo o presión familiar.
En los países y jurisdicciones donde existe algún esquema de muerte médicamente asistida, los marcos legales suelen establecer requisitos estrictos: diagnóstico verificable, evaluación de capacidad para decidir, consentimiento reiterado, opinión de más de un profesional de salud y registros sujetos a revisión. El reto para la Ciudad de México sería diseñar garantías aplicables dentro de un sistema sanitario desigual, donde la calidad de la atención y el acceso a especialistas varían según la institución, el nivel de ingreso y el lugar de residencia.
El punto crítico: cuidados paliativos insuficientes
El activista Aurélien Guilabert, integrante del colectivo ¡Muerte Digna Ya!, ha insistido en que el debate no puede reducirse a legalizar la eutanasia. Según datos citados por su organización, sólo cinco por ciento de las personas que requieren cuidados paliativos en México logra acceder a ellos. La cifra coloca el problema en una dimensión material: para una parte considerable de los pacientes, el sufrimiento no depende únicamente de la evolución de una enfermedad, sino de la falta de medicamentos, atención especializada y redes de cuidado.
Guilabert ha advertido que las personas sin recursos económicos pueden enfrentar el final de la vida en condiciones de alto sufrimiento. Su señalamiento introduce una tensión que cualquier reforma deberá atender: una decisión sobre morir no puede considerarse plenamente libre si la alternativa de vivir con alivio del dolor, apoyo psicológico y cuidados adecuados resulta inaccesible. La expansión de servicios paliativos no sería un asunto paralelo a la regulación de la eutanasia, sino una condición para que las opciones al final de la vida sean realmente equitativas.
Una discusión que rebasa al gobierno capitalino
La Ciudad de México cuenta con una trayectoria normativa vinculada a la voluntad anticipada, mecanismo que permite a las personas dejar constancia de decisiones sobre tratamientos médicos futuros. Sin embargo, ese instrumento no equivale a legalizar la eutanasia, pues se centra en la aceptación o rechazo de procedimientos y no en la intervención directa para causar la muerte. El paso que plantea Brugada exigiría revisar competencias locales, derechos constitucionales y posibles límites derivados de la legislación federal en materia de salud y responsabilidades profesionales.
Por ello, una ruta legislativa sólida requerirá participación del Congreso capitalino, autoridades sanitarias, personal médico, organizaciones de pacientes, familias y expertos en derechos humanos. También necesitará separar con precisión conceptos que en la conversación pública suelen mezclarse: eutanasia, suicidio médicamente asistido, limitación del esfuerzo terapéutico, sedación paliativa y voluntad anticipada responden a supuestos distintos y requieren salvaguardas específicas.
La calidad del debate dependerá de sus garantías
El respaldo expresado en la encuesta da al gobierno capitalino una base política para abrir la conversación, pero la legitimidad de una eventual reforma dependerá de la calidad de sus procedimientos. Publicar la metodología de la consulta, garantizar audiencias plurales y presentar evidencia sobre necesidades de cuidados paliativos permitiría transformar una declaración inicial en una política pública discutible y verificable. La cuestión de fondo no es únicamente si una persona debe tener derecho a decidir sobre el final de su vida, sino si la ciudad puede asegurar que esa decisión se adopte con información, atención médica y alternativas reales frente al sufrimiento.
