La Policía de Investigaciones de Chile desarticuló una presunta organización criminal vinculada a robos con intimidación contra estudiantes escolares y universitarios en el sector oriente de Santiago. Siete ciudadanos colombianos fueron detenidos en operativos realizados en Renca, Estación Central y Santiago, tras una investigación que los relaciona, al menos, con 11 hechos violentos cometidos entre 2025 y 2026.
El caso no se limita a una sucesión de asaltos callejeros. La pesquisa de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente y de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente apunta a una estructura con reparto de funciones: personas encargadas de acercarse a las víctimas, hombres que reforzaban la amenaza y un circuito posterior destinado a revender o intervenir los teléfonos sustraídos.
Una acusación falsa como mecanismo de control
Según los antecedentes reunidos por los detectives, la banda, conocida como “Las Patronas”, se acercaba inicialmente a jóvenes en espacios públicos con una apariencia cordial. Las mujeres abrían conversaciones casuales y buscaban reducir la desconfianza de estudiantes que circulaban cerca de colegios o universidades. El cambio ocurría cuando los acusaban de vender drogas en una zona que el grupo afirmaba controlar.
La acusación, de acuerdo con la investigación, no buscaba denunciar un delito, sino producir una situación de sometimiento. Al presentar el encuentro como una supuesta fiscalización dentro de un territorio bajo control criminal, los imputados habrían trasladado a la víctima la carga de demostrar su inocencia. Esa inversión de roles es relevante: la intimidación no dependía únicamente de una amenaza explícita, sino de la construcción rápida de una aparente autoridad sobre el joven abordado.
En varios casos, las sospechosas pedían a los estudiantes desbloquear sus dispositivos y acceder a una página web bajo el argumento de que debían ser revisados. Mientras eso ocurría, se aproximaban hombres vinculados al grupo y preguntaban si era necesaria ayuda o si existían más personas involucradas. La presencia de terceros reforzaba el aislamiento de la víctima y reducía sus opciones de resistencia o de pedir auxilio.
El objetivo iba más allá del aparato
Los teléfonos eran el principal botín, pero el acceso al equipo desbloqueado amplía el daño potencial. Un celular contiene conversaciones, fotografías, documentos, datos de ubicación, aplicaciones bancarias y mecanismos de recuperación de contraseñas. Por ello, exigir el desbloqueo antes de la sustracción podía exponer información personal incluso si el aparato era luego vendido o modificado.
Los investigadores también reportaron el robo de documentos y otros objetos personales. En ese contexto, la estrategia atribuida a la banda combinaba la apropiación inmediata de bienes con la posible obtención de datos privados. El perjuicio para las víctimas no se agota en reemplazar un teléfono: puede incluir la pérdida de acceso a cuentas, riesgos de suplantación y una sensación persistente de inseguridad en trayectos cotidianos hacia centros de estudio.
Las cámaras permitieron conectar hechos dispersos
La investigación se apoyó en registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el patrón de acercamiento y vincular episodios que, observados de manera aislada, podían parecer robos oportunistas. El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Biro Oriente, señaló que se logró acreditar una asociación criminal dedicada a robos con intimidación y a la venta posterior de las especies en el mercado informal o secundario.
Ese hallazgo modifica la dimensión del caso. La reiteración de un mismo guion, la selección de estudiantes y la coordinación entre quienes abordaban a la víctima y quienes intervenían después sugieren una operación diseñada para ser repetible. La policía busca ahora establecer si hay más afectados que no denunciaron y precisar la responsabilidad individual de cada integrante.
Los siete detenidos mantenían una situación migratoria irregular y, según informó la PDI, registraban antecedentes por delitos cometidos en distintos países. Una de las mujeres detenidas además mantenía una notificación roja de Interpol emitida por Brasil, relacionada con un doble homicidio ocurrido en 2023. Estos antecedentes deberán ser considerados dentro de los procedimientos judiciales correspondientes, sin sustituir la necesidad de probar de manera específica la participación de cada imputado en los robos investigados en Chile.
La ruta de reventa bajo escrutinio
La pesquisa avanzó también hacia locales de compra, venta y reparación de artículos tecnológicos que presuntamente recibían los equipos robados. Para una banda dedicada al hurto de celulares, el robo solo genera ganancias cuando el dispositivo logra incorporarse a un circuito de reventa. La existencia de compradores dispuestos a adquirir equipos de origen irregular facilita que un delito de contacto directo se convierta en una actividad sostenida.
A partir de esos antecedentes, la Fiscalía solicitó órdenes de entrega y registro para establecimientos bajo investigación. La diligencia permitió reunir indicios sobre una posible receptación por parte de algunos locatarios. Los encargados de esos comercios contaban con programas informáticos para restablecer o modificar teléfonos, práctica conocida como “flasheo”, que puede eliminar configuraciones previas, alterar el software o intentar acceder a datos almacenados.
Durante los allanamientos fueron incautados teléfonos celulares, cannabis, munición balística y otros elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía. La relación de cada objeto con los delitos investigados deberá ser determinada en la causa. Sin embargo, el foco puesto en los comercios revela una conclusión operativa central: perseguir a quienes ejecutan el robo resulta insuficiente si el mercado secundario sigue ofreciendo vías para limpiar, redistribuir y monetizar los aparatos sustraídos.
Un desafío que combina prevención y trazabilidad
El caso expone la vulnerabilidad particular de estudiantes que se desplazan solos y dependen de sus teléfonos para comunicarse, estudiar y realizar pagos. También muestra que las campañas preventivas deben acompañarse de controles eficaces sobre la comercialización de equipos usados, verificación de procedencia y cooperación entre policías, fiscalías, operadoras y comerciantes. Reducir la capacidad de reventa no elimina por sí solo la intimidación callejera, pero eleva el costo y reduce el incentivo económico de redes que convierten un engaño inicial en una cadena de daños para sus víctimas.
