El procedimiento de amparo promovido por el activista Markoa Vásquez y la asociación civil Litigio Estratégico Indígena contra la construcción de la presa Mujer Solteca, también identificada como Margarita Maza y anteriormente vinculada al proyecto Paso Ancho, continúa en trámite. El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, reconoció este lunes que en ese expediente todavía no se ha celebrado la audiencia incidental que definirá si procede o no la suspensión definitiva de los trabajos.
La precisión modifica la información expuesta por el propio funcionario el pasado 21 de julio, cuando afirmó que las suspensiones definitivas solicitadas en los dos amparos promovidos por integrantes de la sociedad civil habían sido negadas. En la conferencia del Ejecutivo estatal, Vásquez Sagrero explicó ahora que sólo se tiene confirmación de una negativa de suspensión definitiva en uno de los recursos, presentado por una organización integrante del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA).
Un expediente aún espera la audiencia incidental
Respecto del amparo impulsado por Markoa Vásquez, el consejero jurídico señaló que el proceso permanece en una fase previa a la decisión cautelar definitiva. Según expuso, estaban pendientes emplazamientos y notificaciones, por lo que no se había realizado la audiencia incidental. Mientras ésta no ocurra, la autoridad judicial no ha resuelto de fondo si mantiene, modifica o niega la medida solicitada para impedir o limitar actos relacionados con el proyecto.
La diferencia procesal es relevante porque una suspensión provisional o temporal no equivale a una resolución definitiva. La primera suele dictarse para preservar la materia del juicio mientras se recopilan elementos y se escucha a las partes; la segunda se determina después de la audiencia incidental y valora, entre otros factores, la posible afectación al interés social, al orden público y los derechos invocados por quienes promueven el amparo. Posteriormente, las audiencias constitucionales deberán resolver el fondo de cada juicio.
Vásquez Sagrero sostuvo que la información disponible para el Gobierno estatal indica que la audiencia definitiva fue negada en uno de los recursos. Sin embargo, no detalló en la conferencia los alcances específicos de esa determinación ni si existen medios de impugnación posteriores. Tampoco se informó una fecha para la audiencia incidental del expediente promovido por Vásquez y Litigio Estratégico Indígena, de modo que el calendario judicial seguirá siendo determinante para conocer el efecto concreto del litigio sobre la obra.
El Gobierno defiende continuidad de los trabajos
El consejero jurídico afirmó que la construcción puede continuar y subrayó que el proyecto es ejecutado por el Gobierno federal. También sostuvo que, a diferencia de lo planteado en los amparos, existen trámites previos para la obra, entre ellos una consulta indígena y los permisos correspondientes. Esa postura es central para la defensa oficial, pues la legalidad de las autorizaciones, la consulta a comunidades y los impactos ambientales forman parte del contexto que ha motivado la inconformidad de organizaciones y habitantes vinculados al territorio.
En julio, el funcionario había declarado que los trabajos no estaban detenidos y que las solicitudes de suspensión definitiva habían sido rechazadas porque se acreditaron elementos durante las audiencias incidentales. Añadió que se trata de una obra de interés general y recordó que la Ley de Amparo limita la posibilidad de conceder medidas cautelares cuando éstas afectan el interés social. La actualización de este lunes matiza esa versión: ese razonamiento podría ser aplicable al expediente ya resuelto en fase incidental, pero no al amparo cuya audiencia todavía está pendiente.
La rectificación evidencia que los dos juicios no se encuentran en la misma etapa y que sus resultados no pueden tratarse como una sola definición judicial. Aunque ambos cuestionan aspectos asociados con la presa, cada expediente depende de sus propios promoventes, autoridades señaladas, pruebas, notificaciones y resoluciones. La situación también deja abierta la posibilidad de que un juzgado federal adopte criterios distintos sobre las medidas cautelares, sin que ello implique por sí mismo una sentencia definitiva sobre la viabilidad integral del proyecto.
Nuevas licitaciones amplían el alcance operativo
El litigio se desarrolla mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en marcha procedimientos de contratación relacionados con la infraestructura. Después de las adjudicaciones para construir la presa, supervisar la obra y el inicio de trabajos en junio, la dependencia federal emitió hace unas semanas dos nuevas licitaciones públicas para ejecutar dos tramos del acueducto asociado al proyecto Mujer Solteca.
El sistema de conducción previsto supera los 100 kilómetros y busca trasladar agua desde la zona del río Sola de Vega hacia la capital oaxaqueña. La emisión de estas licitaciones muestra que la planeación gubernamental no se limita al embalse, sino que comprende una red de infraestructura destinada a captar, transportar y entregar el recurso a los Valles Centrales. En términos administrativos, esa expansión vuelve más importante que las autoridades transparenten los permisos, los estudios técnicos y los mecanismos de participación social que sustentan cada etapa.
Para las autoridades, la presa y el acueducto se plantean como una alternativa de abasto para Oaxaca de Juárez y su zona conurbada, donde el acceso al agua ha sido una demanda recurrente. Para los promoventes de los amparos y organizaciones ambientalistas, el debate exige revisar con rigor las condiciones de consulta, la protección de las comunidades involucradas y los efectos sobre la cuenca. La definición judicial pendiente no resolverá por sí sola todas esas discusiones, pero establecerá un precedente inmediato sobre las condiciones bajo las cuales puede continuar la obra mientras se analiza el fondo de las impugnaciones.
