La intervención del consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, pocos días antes de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, trasciende el habitual diagnóstico empresarial sobre crecimiento, impuestos o costes energéticos. Su mensaje coloca una cuestión política en el núcleo de la discusión económica: la capacidad de Alemania para atraer capital, trabajadores cualificados y socios comerciales dependerá también de que preserve un marco institucional previsible frente al avance del populismo. La advertencia llega en un momento especialmente sensible, con Alternativa para Alemania (AfD) cerca del 40 % de intención de voto según los sondeos citados y con opciones de convertirse en la fuerza dominante de un estado oriental clave.
Sewing evitó entrar en detalles de campaña, pero su formulación fue inequívoca. A su juicio, el aislacionismo, el nacionalismo y la desconfianza hacia las instituciones no solucionarán los problemas estructurales de la economía alemana; por el contrario, pueden debilitar su competitividad. No se trata únicamente de una posición ideológica del principal banco del país. Es una evaluación basada en la naturaleza de un modelo económico que continúa dependiendo de exportaciones, cadenas industriales europeas, financiación internacional, innovación tecnológica y mano de obra procedente del exterior.
Una elección regional con consecuencias que superan a Sajonia-Anhalt
Formalmente, los comicios de Sajonia-Anhalt no deciden la composición del Gobierno federal ni modifican de manera directa la política fiscal o comercial de Berlín. Sin embargo, un resultado contundente de AfD tendría efectos nacionales por tres vías. La primera es parlamentaria: reforzaría la capacidad del partido para condicionar coaliciones regionales, bloquear acuerdos y aumentar la presión sobre las formaciones tradicionales. La segunda es política: alimentaría la percepción de que el centro ideológico pierde capacidad de representación, especialmente en el este del país. La tercera es económica: cada elección que complique la gobernabilidad añade incertidumbre sobre la continuidad de las reformas anunciadas.
La inquietud de Sewing se entiende mejor al observar la fragmentación política alemana. Una coalición entre conservadores y socialdemócratas ya debe conciliar intereses distintos en materias tan sensibles como pensiones, defensa, infraestructuras, tributación empresarial y mercado laboral. Si los socios de gobierno interpretan cada elección regional como un plebiscito sobre su estrategia nacional, aumenta la tentación de corregir medidas antes de que produzcan efectos. Para los inversores, esa dinámica tiene un coste: no sólo importa el contenido de una reforma, sino la probabilidad de que se mantenga durante el tiempo necesario para justificar inversiones de largo plazo.
La afirmación de que los mercados quieren un Gobierno federal funcional puede sonar abstracta, pero tiene traducción concreta. Una empresa industrial que evalúa construir una planta, electrificar procesos productivos o ampliar capacidad de investigación necesita estimar durante años el coste de la energía, la disponibilidad de trabajadores, la fiscalidad y las reglas regulatorias. La volatilidad electoral no impide automáticamente esas decisiones, pero eleva el valor de esperar. Cuando esperar parece más prudente que invertir, la economía pierde proyectos, productividad y empleo futuro.
La competitividad no depende sólo de impuestos y subsidios
El debate alemán suele concentrarse en asuntos tangibles: el elevado precio de la energía tras la ruptura con el gas ruso, la competencia de fabricantes chinos, el deterioro de parte de la infraestructura ferroviaria y digital, la presión demográfica sobre el sistema de pensiones o la carga burocrática. Todos son problemas reales. Pero la declaración de Deutsche Bank introduce un elemento que con frecuencia se subestima: la confianza política funciona como infraestructura económica. No se ve como un puente o una red eléctrica, pero reduce el riesgo percibido y permite que empresas, hogares y entidades financieras planifiquen.
La primera conclusión original que se desprende de esta coyuntura es que Alemania afronta una doble brecha de inversión. La visible es física y tecnológica: carreteras, redes, vivienda, defensa, digitalización y capacidad industrial. La menos visible es de previsibilidad. Un presupuesto especial para las Fuerzas Armadas, más inversión pública y una reforma del impuesto de sociedades pueden mejorar la primera brecha. Pero si el debate político deja abierta la posibilidad de revertir esas decisiones tras cada revés electoral, la segunda brecha limita la eficacia de la primera. El dinero público moviliza menos capital privado cuando el horizonte regulatorio se acorta.
Por eso Sewing defendió las medidas iniciadas por el Ejecutivo como “primeros pasos importantes”, al tiempo que advirtió de que son insuficientes. La combinación es relevante. No está planteando que Alemania carezca por completo de política económica, sino que el programa actual corre el riesgo de quedarse a mitad de camino. Las reformas estructurales rara vez entregan resultados inmediatos: una rebaja o simplificación fiscal tarda en reflejarse en nuevas decisiones corporativas; una inversión en infraestructuras requiere licitaciones, permisos y ejecución; la apertura a trabajadores cualificados exige vivienda, reconocimiento de títulos, aprendizaje del idioma e integración local.
En ese sentido, una agenda que se limite a anunciar fondos sin resolver los cuellos de botella administrativos puede generar frustración social. Y esa frustración, a su vez, es terreno fértil para quienes ofrecen respuestas simples a problemas complejos. El vínculo entre estancamiento reformista y auge populista no es lineal ni inevitable, pero forma un círculo de riesgo: las reformas incompletas decepcionan, la decepción fragmenta el sistema político y la fragmentación hace aún más difícil completar las reformas.
La disputa por la inmigración revela el conflicto económico de fondo
La segunda idea clave es que la política migratoria ya no puede analizarse sólo desde la seguridad, la identidad o la gestión de fronteras. Es también una variable decisiva de oferta laboral. Alemania envejece y muchas empresas informan de escasez de personal en oficios técnicos, sanidad, logística, construcción, tecnologías de la información y sectores industriales especializados. Deutsche Bank sostiene que el país necesita apertura a trabajadores cualificados extranjeros. La lógica es sencilla: sin una base laboral suficiente, las inversiones en fábricas, transición energética y digitalización tropiezan con la falta de personas capaces de ejecutarlas.
AfD y otros movimientos críticos con la inmigración capitalizan preocupaciones existentes sobre integración, presión sobre la vivienda, seguridad y capacidad de los servicios públicos. Ignorar esas inquietudes sería políticamente contraproducente y socialmente insuficiente. Pero equiparar la inmigración irregular con la llegada regulada de profesionales cualificados tampoco ofrece una solución funcional. La cuestión para Alemania no es elegir entre apertura ilimitada y cierre total, sino construir una política que distinga con claridad entre protección de fronteras, procedimientos de asilo eficaces, integración exigente y captación competitiva de talento.
Esta distinción importa también para las regiones orientales. Sajonia-Anhalt, como otros territorios del este, combina áreas industriales con pérdida de población, envejecimiento y dificultades para atraer profesionales jóvenes. Un clima político percibido como hostil hacia extranjeros puede agravar esa desventaja. No sólo puede disuadir a potenciales trabajadores internacionales; también puede afectar a investigadores, estudiantes, emprendedores y empleados alemanes móviles que comparan oportunidades entre ciudades y regiones. La reputación territorial se ha convertido en un activo económico, especialmente en sectores donde el capital humano pesa más que la disponibilidad de suelo barato.
El empresariado pide apertura, pero también debe responder a sus propias omisiones
La posición de Deutsche Bank refleja una preocupación extendida entre grandes empresas exportadoras, asociaciones industriales y entidades financieras. Para ellas, una Alemania más nacionalista o menos integrada en la Unión Europea elevaría costes, dificultaría el acceso a mercados y dañaría la influencia normativa del país. El mercado único europeo sigue siendo una ventaja central para la industria alemana: permite vender, contratar, financiarse y organizar cadenas de suministro en un espacio de reglas relativamente homogéneas. Debilitar ese entramado no eliminaría la competencia exterior; reduciría la capacidad alemana de afrontarla en bloque.
Sin embargo, la advertencia empresarial también expone una contradicción. Parte del malestar que alimenta al populismo procede de la sensación de que los beneficios de la globalización y de la estabilidad macroeconómica no se distribuyeron de manera uniforme. Trabajadores de zonas con salarios estancados, municipios con servicios debilitados o pequeñas empresas sometidas a costes regulatorios pueden percibir que las apelaciones a la apertura llegan desde centros urbanos y corporativos alejados de su realidad. El sector privado no puede limitarse a pedir estabilidad institucional; necesita demostrar cómo la inversión, la innovación y la transición industrial generan oportunidades concretas fuera de los grandes polos económicos.
Ahí aparece una tercera conclusión: el discurso contra el populismo será más eficaz si se traduce en resultados locales verificables. Defender Europa o el comercio internacional es necesario, pero insuficiente para un elector que enfrenta cierres de comercios, transporte escaso, listas de espera o incertidumbre laboral. La respuesta democrática y económica exige combinar apertura exterior con capacidad estatal interna: mejores escuelas técnicas, permisos más rápidos, servicios públicos fiables, conectividad digital, vivienda asequible y políticas industriales adaptadas a cada región. Sin ese puente entre estrategia nacional y experiencia cotidiana, la promesa de soluciones simples seguirá siendo competitiva.
Las previsiones de crecimiento no eliminan la vulnerabilidad
Sewing estima que la economía alemana puede crecer algo más del 1 % este año y alrededor del 1,5 % el próximo, pese a la incertidumbre geopolítica. Es una perspectiva más favorable que la narrativa de crisis permanente que ha dominado buena parte del debate público. También confirma que Alemania conserva fortalezas considerables: una base industrial diversificada, empresas medianas exportadoras, capacidad tecnológica, instituciones financieras profundas y una posición central en Europa. Pero un crecimiento del 1 % no resuelve por sí mismo los problemas acumulados de productividad ni compensa automáticamente años de inversión insuficiente.
El riesgo principal no es una recesión causada exclusivamente por una elección regional. El riesgo es una suma de decisiones aplazadas. Si la polarización endurece las líneas rojas entre partidos, la formación de gobiernos se vuelve más difícil. Si las coaliciones son más frágiles, las reformas se diseñan con menor ambición. Si las empresas dudan de la continuidad de las reglas, retienen inversión o la trasladan a jurisdicciones más previsibles. Y si el crecimiento se mantiene modesto, aumenta de nuevo la frustración que nutre la polarización. Es un proceso gradual, no una ruptura instantánea, y precisamente por eso puede ser más difícil de corregir.
Los mercados financieros suelen reaccionar rápido a las crisis visibles, pero los costes de reputación institucional se acumulan lentamente. Una subida puntual de las primas de riesgo o una caída bursátil puede revertirse en días; recuperar la confianza de un ingeniero extranjero, de un centro de investigación internacional o de un fabricante que ha escogido otra ubicación puede tomar años. La advertencia del principal banco alemán apunta a esa dimensión de largo plazo. Alemania no compite sólo por financiación, sino por ser considerada un lugar estable, abierto y capaz de ejecutar decisiones complejas.
El siguiente examen será la ejecución política
Tras las elecciones de Sajonia-Anhalt, el foco se desplazará rápidamente de la aritmética regional a la reacción de Berlín. Los partidos de la coalición deberán decidir si responden al resultado con repliegue táctico o con una agenda más coherente que combine disciplina fiscal, inversión selectiva, simplificación administrativa, seguridad y una política migratoria operativa. Ceder a la parálisis para preservar equilibrios internos podría ofrecer calma temporal, pero validaría la crítica de Sewing sobre una coalición que se reordena después de cada cita electoral.
También habrá una prueba para AfD. Un avance electoral concede influencia y visibilidad, pero obliga a demostrar si sus propuestas pueden traducirse en gestión concreta sin deteriorar la inversión, las relaciones europeas o la capacidad regional para captar talento. La diferencia entre protesta y gobierno se mide en presupuestos, escuelas, hospitales, empresas y administración, no sólo en mensajes de campaña. Esa prueba será observada con atención por votantes, rivales políticos y actores económicos.
La advertencia de Deutsche Bank no debe interpretarse como una intervención bancaria capaz de decidir una elección, ni como una negación de problemas reales que explican el apoyo al populismo. Su relevancia reside en otra parte: recuerda que la economía alemana necesita simultáneamente reformas internas y vínculos externos sólidos. Si la política convierte ambos objetivos en bandos enfrentados, el país arriesga perder tiempo en una competencia global que no espera. La estabilidad que reclaman los inversores sólo será sostenible si va acompañada de una prosperidad más visible para las regiones y los grupos sociales que hoy sienten que esa estabilidad no les ha beneficiado por igual.
