El Congreso de Jalisco aprobó una nueva legislación orientada a prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales y a establecer una atención especializada para quienes ya fueron captados. La norma busca que el Estado reconozca las condiciones particulares de estas víctimas, coordine la respuesta de sus instituciones y proteja sus derechos, aunque mantiene pendiente una definición penal específica del reclutamiento forzado.
Una respuesta centrada en las víctimas
La legislación aprobada coloca como prioridad el interés superior de la niñez y la progresividad de los derechos humanos. Su propósito no se limita a impedir que los menores sean incorporados a estructuras delictivas: también pretende definir qué debe ocurrir cuando la captación ya se produjo, desde la identificación de la víctima hasta la asistencia, protección y restitución de sus derechos.
Uno de los cambios centrales consiste en diferenciar a las víctimas de reclutamiento de aquellas afectadas por el delito de trata de personas. Aunque ambas situaciones pueden incluir engaño, coacción, explotación o violencia, no son idénticas. El reclutamiento por organizaciones criminales puede involucrar dinámicas de control territorial, amenazas contra la familia, adoctrinamiento, tareas de vigilancia, transporte, extorsión o participación en actividades violentas. La distinción legal busca evitar que todos los casos sean tratados bajo una misma categoría y que las autoridades apliquen medidas que no respondan a la experiencia concreta de cada menor.
El reto será convertir la ley en una operación permanente
El nuevo marco establece atribuciones para las autoridades estatales y municipales, además de mecanismos de cooperación y coordinación. También contempla políticas, planes y acciones públicas dirigidas a prevenir, atender y erradicar el reclutamiento, junto con un sistema de datos para conocer la magnitud del problema, identificar patrones y planear intervenciones.
Este componente resulta decisivo porque la captación de menores suele ocurrir de manera dispersa y bajo condiciones difíciles de documentar. Puede comenzar en entornos escolares, redes sociales, espacios comunitarios o zonas donde la presencia de grupos criminales limita la capacidad de denuncia. Sin registros confiables, las instituciones pueden conocer únicamente los casos que llegan a una autoridad, mientras permanecen invisibles aquellos en los que existen amenazas, desplazamiento, desaparición o temor de las familias.
Un sistema de información, sin embargo, solo será útil si cuenta con criterios comunes para registrar los casos, protege la identidad de las víctimas y permite compartir datos sin exponerlas a nuevos riesgos. La coordinación entre fiscalías, instituciones de seguridad, autoridades municipales, procuradurías de protección y servicios de salud será necesaria para evitar que el menor tenga que repetir su historia ante múltiples dependencias o quede atrapado entre competencias administrativas.
La omisión penal mantiene abierta una discusión nacional
La aprobación de la ley no convierte por sí misma el reclutamiento forzado en un delito autónomo dentro de Jalisco. Esa ausencia no elimina las herramientas jurídicas existentes para investigar conductas relacionadas, como la desaparición, la trata, la privación ilegal de la libertad, las amenazas o la participación en organizaciones criminales, pero sí deja sin una figura penal específica una conducta que puede presentarse antes de que se configure otro ilícito o junto con varios de ellos.
La falta de tipificación plantea una tensión entre la prevención y la persecución. La nueva norma puede ordenar políticas públicas, definir responsabilidades institucionales y mejorar la atención, pero su eficacia dependerá también de que las autoridades puedan investigar de forma clara quién captó al menor, mediante qué método, con qué finalidad y bajo qué nivel de coerción. En los casos de niñas, niños y adolescentes, además, será indispensable evitar que su propia participación en actividades ilícitas sea interpretada de manera automática como consentimiento o responsabilidad equivalente a la de los adultos que los controlaron.
Reformas sobre desaparición forzada refuerzan la respuesta institucional
En la misma sesión, el pleno aprobó reformas al Código Penal del Estado de Jalisco para establecer que el delito de desaparición forzada tenga carácter permanente e imprescriptible. También determinó que se persiga de oficio cuando una autoridad conozca, por cualquier medio o reporte, que podría haberse cometido.
Estas modificaciones tienen relevancia directa para la protección de menores, especialmente cuando la captación criminal se relaciona con ausencias, traslados obligados o desapariciones. Considerar el delito como permanente reconoce que sus efectos continúan mientras no se determine el paradero de la persona. La imprescriptibilidad impide que el paso del tiempo cierre automáticamente la posibilidad de perseguirlo, mientras que la investigación de oficio reduce la dependencia de una denuncia formal en contextos donde las familias pueden estar amenazadas o carecer de condiciones para acudir ante las autoridades.
El alcance real de ambas reformas se medirá en su aplicación cotidiana. Prevenir el reclutamiento exigirá detectar factores de riesgo antes de que la captación ocurra, ofrecer alternativas educativas y comunitarias, proteger a las familias y actuar con rapidez ante los primeros indicios. Atender a las víctimas requerirá acompañamiento psicológico, jurídico y social de largo plazo. Y perseguir a los responsables demandará investigaciones que no se detengan en el menor utilizado, sino que alcancen a las redes adultas que organizan, ordenan y se benefician de su incorporación.
