El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la deportación a Venezuela de Rafael José Quero Silva, ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusado por autoridades estadounidenses de participar en la detención y tortura de opositores al gobierno de Nicolás Maduro. La expulsión se concretó el 18 de agosto, después de que un juez de inmigración del Departamento de Justicia emitiera una orden de remoción.
Quero Silva había sido detenido el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida, y desde entonces permanecía bajo custodia de ICE. Según la agencia, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero no abandonó el país conforme a las condiciones de su admisión.
Antes de su llegada a territorio estadounidense, Quero Silva estuvo al frente del Destacamento 47 de la GNB en Barquisimeto. ICE sostiene que, durante ese periodo, participó en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y tuvo conocimiento de actos de tortura cometidos por integrantes de la unidad bajo su mando.
Los informes citados por la agencia estadounidense señalan que en 2013 el entonces oficial habría supervisado directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. De acuerdo con esos reportes, las víctimas fueron sometidas a descargas eléctricas, golpes con porras y botellas congeladas, amenazas de violación y otros abusos físicos y psicológicos.
Matthew Elliston, director de la oficina de campo de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Miami, afirmó que los agentes de la agencia continúan deportando a personas acusadas de violaciones de derechos humanos hacia sus países de origen. La declaración fue difundida junto con el anuncio de la expulsión de Quero Silva.
José R. Figueroa, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, indicó por su parte que la agencia mantiene el compromiso de identificar e investigar a personas señaladas por abusos contra los derechos humanos que intenten refugiarse en Estados Unidos.
El caso se enmarca en las acciones estadounidenses dirigidas contra personas acusadas de violaciones graves a los derechos humanos. ICE informó que, desde 2003, ha arrestado a más de 520 individuos por presuntas violaciones de este tipo y ha obtenido 1.178 órdenes de deportación en ese mismo periodo, además de ejecutar expulsiones físicas.
La agencia añadió que facilitó la salida voluntaria de 208 personas. El Centro para la Denuncia de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra, dirigido por HSI, ha emitido más de 80.000 alertas para identificar a posibles responsables y ha contribuido a impedir el ingreso a Estados Unidos de más de 415 personas consideradas violadoras de derechos humanos o sospechosas de crímenes de guerra.
