El aseguramiento de más de ocho millones de litros de diésel en El Sauzal, Baja California, en marzo de 2025, expuso una operación de contrabando que evitó controles aduaneros en el puerto de Ensenada. La causa penal 79/2025 vinculó inicialmente a los hermanos Christian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera por almacenamiento ilícito, aunque la red involucraba al menos doce personas y empresas de transporte constituidas apenas meses antes del operativo. A diferencia de casos paralelos en Tamaulipas, aquí no se procesó a personal naval ni aduanal, concentrando la acción penal en operadores logísticos de origen potosino.
La investigación de la Fiscalía General de la República reveló que el combustible ingresó por vía marítima sin pedimentos de importación ni pago de impuestos, utilizando facturación apócrifa y cartas porte timbradas. Las escuchas telefónicas interceptadas entre junio y julio de 2025 mostraron a los Amaya coordinando renta de pipas, precios de mercado negro entre 18 y 21 pesos por litro, y esfuerzos por liberar unidades aseguradas. El predio perteneciente al exsenador Gerardo Novelo Osuna operaba sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía ni de Pemex, con 120 frac tanks y 16 motobombas conectadas de forma rudimentaria.
Impacto en la logística y el comercio energético
La operación evidenció cómo una flota de 85 vehículos, de los cuales al menos diez estaban registrados a nombre de Transportes Especializados AMOL, pudo movilizar volúmenes equivalentes a importaciones legales sin generar ingresos fiscales. Este esquema generó competencia desleal directa contra distribuidores autorizados, afectando márgenes de empresas que cumplen con pagos de IVA, IEPS y derechos portuarios. El riesgo ambiental derivado del derrame y el almacenamiento sin protocolos de seguridad industrial también elevó costos para autoridades locales de Protección Civil y Bomberos, que debieron activar operativos de contención en zona habitada.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde la óptica de los imputados Amaya Olvera, la defensa sostiene que la ausencia física en el predio y la falta de reportes de robo de unidades desvirtúan el dominio funcional del hecho. Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Apelación modificó el delito a almacenamiento ilícito basándose en la propiedad empresarial y las conversaciones interceptadas. El exsenador Novelo Osuna, por su parte, busca mediante amparo la restitución del terreno arrendado a Luis Francisco Rodríguez Orozco, argumentando que el aseguramiento precautorio afecta derechos de propiedad sin resolución definitiva. Autoridades federales, en cambio, destacan la necesidad de priorizar el desmantelamiento de estructuras que operan con precisión empresarial, aunque el contraste con el caso de Tampico-Altamira genera cuestionamientos sobre la uniformidad de la persecución penal.
Tres lecturas estructurales del caso
La primera observación radica en que la constitución de Transportes Especializados AMOL apenas cinco meses antes del aseguramiento ilustra una estrategia de creación rápida de fachadas legales para operaciones de alto volumen. Esta práctica reduce el tiempo de exposición fiscal pero aumenta la trazabilidad documental una vez que las autoridades cruzan padrones federales. La segunda lectura apunta a que la ausencia de imputaciones contra funcionarios aduanales o elementos de la Marina en Baja California, a diferencia del frente paralelo en el Estado de México, revela posibles asimetrías en la capacidad de investigación de la Fiscalía en distintos puertos. La tercera consideración es que el uso de escuchas telefónicas como elemento central de prueba confirma la importancia creciente de la inteligencia digital para vincular a propietarios ausentes físicamente con la operación diaria de la red.
Tendencias futuras y riesgos latentes
El modelo de ingreso marítimo de hidrocarburos sin registro aduanero podría replicarse en otros puertos del Pacífico si persisten controles laxos en la verificación de manifiestos de carga. La presión sobre el mercado negro de diésel, que ofrecía precios hasta 30 % inferiores al oficial, probablemente impulse a los grupos restantes a fragmentar operaciones en predios más pequeños y dispersos, elevando el riesgo de derrames ambientales en zonas urbanas. Además, la extinción de dominio de los diez tractocamiones de los Amaya en juzgados especializados de la Ciudad de México establece un precedente que podría acelerar procesos similares contra flotas vinculadas a otros casos de contrabando fiscal, aunque también genera incentivos para el uso de vehículos de terceros o arrendados para diluir la propiedad directa. Las autoridades portuarias enfrentan el desafío de implementar sistemas de monitoreo en tiempo real que detecten descargas masivas sin pedimento, antes de que el producto llegue a patios de almacenamiento clandestino.
El caso de El Sauzal deja abierta la posibilidad de que redes similares continúen operando mientras la persecución penal se concentre en actores logísticos intermedios sin alcanzar los nodos de protección institucional que permitieron el libre tránsito de buques como el Blue Pride. La evolución del proceso judicial determinará si el sistema logra equilibrar la imputación de responsables operativos con la investigación de responsabilidades aduaneras y marítimas que hasta ahora permanecen en segundo plano.
