El 26 de junio de 2026 Israel ejecutó dos operaciones aéreas en la Franja de Gaza que causaron al menos cuatro muertes palestinas, tres de ellas identificadas como agentes de policía por el Ministerio del Interior de Hamás. El primer ataque, en el campamento de Al Maghazi, destruyó un vehículo en la calle Salah al Din e hirió de gravedad a otras tres personas. Horas antes, un dron israelí lanzó una bomba sobre Beit Lahia, al norte, matando a un civil. Desde el alto el fuego de octubre de 2025, las autoridades gazatíes registran 1030 fallecidos y más de 3300 heridos, con un promedio diario de cuatro víctimas.
Estas cifras se suman a los más de 73 000 muertos acumulados desde octubre de 2023, entre ellos alrededor de 20 000 menores. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha reiterado que las operaciones israelíes han generado un volumen sin precedentes de muertes, lesiones y traumas infantiles, ampliando las acusaciones previas de genocidio.
Estructura de poder y control territorial
La persistencia de ataques selectivos contra vehículos y posiciones cercanas a las tropas israelíes revela un patrón de mantenimiento de control sobre aproximadamente el 70 % del territorio gazatí. Al eliminar agentes de policía, Israel debilita la capacidad de Hamás para imponer orden interno, lo que complica la distribución de ayuda y la gestión de emergencias. Esta táctica reduce la autoridad del gobierno de facto sin requerir una ocupación total, pero genera un vacío que organizaciones armadas más radicales pueden ocupar.
Efectos sobre la población civil y los menores
El recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza indica que, desde el alto el fuego, los ataques diarios han producido un flujo constante de heridos graves que saturan los hospitales restantes. La Comisión de la ONU subraya que los niños gazatíes acumulan niveles de trauma nunca registrados en conflictos contemporáneos. Esta situación afecta la capacidad futura de la sociedad para reconstruirse: generaciones con secuelas psicológicas graves enfrentan mayores tasas de deserción escolar y problemas de salud mental que se extenderán décadas.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el gobierno de Hamás, los fallecidos en Al Maghazi son presentados como miembros de las fuerzas de seguridad que cumplían funciones rutinarias, lo que refuerza el relato de agresión israelí injustificada. Israel, por su parte, justifica las operaciones como respuesta a intentos de aproximación a sus posiciones, argumentando que el alto el fuego no impide acciones de autodefensa. La comunidad internacional, a través de la ONU, documenta violaciones sistemáticas pero carece de mecanismos efectivos para detenerlas. La población civil, atrapada entre ambos bandos, percibe que ningún acuerdo reduce realmente la violencia cotidiana.
Riesgos de escalada y tendencias futuras
El promedio de cuatro muertes diarias, aunque inferior a las fases de combate intenso, mantiene una dinámica de erosión constante. Si el número de víctimas policiales aumenta, Hamás podría responder con cohetes o atentados, rompiendo el alto el fuego de manera irreversible. Al mismo tiempo, la presión internacional sobre Israel se intensificará a medida que se acumulen informes de la ONU sobre el impacto en la infancia, lo que podría derivar en nuevas sanciones o aislamiento diplomático. La reconstrucción de Gaza, ya de por sí improbable, se vuelve aún más lejana mientras persista la inseguridad diaria.
El escenario más probable a medio plazo es la continuación de un conflicto de baja intensidad que impida cualquier forma de normalización. La ausencia de un mecanismo de verificación independiente permite que ambas partes interpreten el alto el fuego según sus conveniencias, perpetuando la inestabilidad y el sufrimiento civil sin que ninguna de las partes asuma el costo político de reanudar una guerra abierta.
