La Fiscalía General de la República ha difundido con detalle una investigación sobre contrabando de combustibles atribuida a un exfuncionario de oposición, detenido y recluido rápidamente, mientras continúan cuestionamientos por la lentitud y el silencio administrativo frente a señalamientos sobre una red de huachicol fiscal vinculada con integrantes de alto nivel de la clase política y empresarial.
Ambos expedientes se relacionan con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. Sin embargo, el tratamiento institucional y mediático ha sido distinto: en un caso se informó sobre resultados de una investigación de alta complejidad y una captura; en el otro persisten referencias a información publicada por medios que, aparentemente, no ha derivado en respuestas públicas equivalentes de las autoridades investigadoras.
El llamado huachicol fiscal es considerado el mayor escándalo de la actual administración por la presunta participación de destacados miembros de la Armada de México, algunos ya encarcelados, y por los señalamientos que apuntan a un entramado de instancias oficiales, empresas y organizaciones criminales dedicado al tráfico ilegal de combustibles.
Según los planteamientos alrededor del caso, las operaciones habrían provocado un daño de dimensiones exorbitantes al erario público. También se ha sugerido que una parte de los recursos obtenidos mediante el contrabando pudo destinarse al financiamiento de otras actividades criminales.
La explicación difundida por la fiscal general sobre el expediente atribuido al exfuncionario opositor desplazó el foco de una conversación que inicialmente se concentraba en personajes conocidos del ámbito político y empresarial que permanecen en funciones. El asunto sigue abierto y mantiene relevancia por el interés de Estados Unidos, donde el financiamiento de organizaciones criminales catalogadas como terroristas forma parte de su agenda de seguridad nacional.
La controversia aumentó tras conocerse que el exsecretario de Marina fue citado a declarar por la jueza que lleva el caso de su sobrino político, Fernando Farías. El almirante no acudió porque, según se informó, la Fiscalía General de la República no logró localizarlo en ninguno de sus domicilios.
