La investigación por la distribución de fentanilo contaminado en la Argentina sumó un nuevo capítulo el 1 de septiembre, cuando el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó a las ex responsables de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La resolución atribuyó a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó una participación necesaria en la adulteración de sustancias medicinales, por haber omitido medidas preventivas y correctivas frente a deficiencias críticas en los laboratorios involucrados.
El expediente reconoce hasta el momento 90 pacientes fallecidos y 44 sobrevivientes con secuelas, aunque la imputación penal vinculada a lesiones graves o gravísimas alcanza a 43 personas. La investigación también registra 47 querellas y mantiene bajo custodia judicial más de 230.000 ampollas retiradas de circulación. Para el magistrado, la intervención estatal en el control de los establecimientos constituye una parte central de una cadena de responsabilidades que permitió que el medicamento llegara a hospitales y sanatorios de distintas provincias.
Una tragedia extendida durante casi cinco meses
Las muertes confirmadas ocurrieron entre el 12 de febrero y el 2 de julio de 2025. La víctima más joven fue Catarina Chamorro, una beba de siete meses que murió el 23 de mayo en el Sanatorio de Niños y Maternidad Oroño de Rosario. También fallecieron Bautista Mena Báez, de 17 años, y Renato Nicolini, de 18, ambos atendidos en el Hospital Italiano de La Plata. La persona de mayor edad fue Rosa Gómez, de 90 años, quien murió en el Sanatorio Diagnóstico de Santa Fe.
El grupo de entre 65 y 79 años concentra 43 de los 90 fallecimientos, el 47,8 por ciento del total. La edad promedio de las víctimas fatales es de 61 años. Dos sobrevivientes continuaban internados en centros de rehabilitación cuando sus informes fueron incorporados a la causa, un dato que refleja que el impacto no se limitó a los decesos: algunos pacientes enfrentaron tratamientos prolongados y secuelas severas.
El vínculo entre los lotes y las infecciones
Según la resolución, las ampollas fueron contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii o mannitolilytica. El Cuerpo Médico Forense sostuvo que el contagio bacteriano agravó de manera significativa el estado de pacientes que ya se encontraban internados por enfermedades de base y elevó su riesgo de muerte.
El vínculo epidemiológico comenzó a establecerse después de que la Coordinación de Microbiología del Hospital Italiano de La Plata detectara, el 15 de abril de 2025, tres cultivos positivos de Ralstonia pickettii, un microorganismo de presencia intrahospitalaria poco frecuente. Días más tarde, ese hallazgo fue relacionado con el fentanilo producido por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. La investigación judicial sostiene que los lotes 31202 y 31244 fueron distribuidos pese a fallas en los controles microbiológicos y en la documentación de fabricación.
Los familiares cuestionan la información recibida
Los testimonios incorporados al expediente muestran que muchas familias conocieron la posible causa de las muertes después de reclamar las historias clínicas. Anabela, hermana de Santiago Castillo, un visitador médico de 45 años fallecido el 8 de mayo en el Hospital Rossi, afirmó que recién entonces encontró consignados el fentanilo, el número de lote y el laboratorio fabricante.
Dionisio, hermano de Celia Hernández, de 74 años, fallecida tras 23 días de terapia intensiva, planteó por qué los hospitales no convocaron a las familias para informar que sus seres queridos habían recibido un medicamento adulterado. El reclamo apunta a una falla institucional adicional: la demora en comunicar una exposición potencialmente riesgosa dificultó que los allegados comprendieran la evolución clínica y pudieran participar de decisiones informadas.
Sol Francese, madre de Renato Nicolini, cuestionó que la tragedia sea presentada como un error técnico. “Lo que hicieron los dueños del laboratorio no fue un error, fue un crimen”, sostuvo, y también responsabilizó al Estado por su ausencia en los controles. Liliana y Luis Ayala, padres de Leonel, un hombre de 32 años internado por pancreatitis, rechazaron que la muerte se explicara únicamente por esa enfermedad. Relataron que el paciente comenzó a empeorar el 9 de abril, con fiebre, distensión abdominal e infección en el drenaje.
Qué sostiene el juez y cuál es la situación procesal
Kreplak afirmó que Bisio y Mantecón Fumadó conocían la situación de los laboratorios y, aun así, no adoptaron decisiones oportunas para proteger a la población. En su resolución mencionó demoras, reuniones no registradas y acuerdos que, según su interpretación, privilegiaron los intereses de las empresas frente a los riesgos sanitarios. El procesamiento, sin embargo, no equivale a una condena: la responsabilidad de las exfuncionarias deberá ser revisada durante las etapas posteriores y puede ser apelada por sus defensas.
La fiscalía había encuadrado los hechos en el artículo 201 bis del Código Penal, referido a la adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, y en el artículo 200 respecto de otro lote. Además, dejó abierta la posibilidad de analizar la figura de homicidio agravado. Los fiscales advirtieron que la combinación de negligencia, connivencia o complicidad generó un riesgo sanitario penalmente relevante, aunque la calificación definitiva dependerá del avance de la prueba.
La causa tiene 15 procesados. Entre ellos se encuentran Ariel García Furfaro, señalado como propietario real del conglomerado; su hermano Diego García; directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; y las exfuncionarias de los organismos de control. García Furfaro, Diego García y José Antonio Maiorano permanecen detenidos en prisión preventiva; Nilda Furfaro, Javier Tchukrán y Carolina Ansaldi cumplen arresto domiciliario. Los responsables técnicos intermedios fueron procesados sin prisión preventiva, con medidas cautelares.
Un expediente de dimensiones excepcionales
La causa FLP 17371/2025, tramitada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, reúne más de 400 legajos y sublegajos. El cuerpo principal tiene 6.234 fojas en 31 cuerpos; otros documentos registran el seguimiento de las ampollas incautadas, historias clínicas, investigaciones conexas y dispositivos electrónicos secuestrados.
La magnitud del expediente acompaña una pregunta que excede la determinación de responsabilidades individuales: cómo fallaron, al mismo tiempo, la producción, el control de calidad, la fiscalización estatal y la comunicación con los pacientes. Santa Fe concentra 57 de los 90 fallecimientos, con Rosario como principal foco, mientras que la provincia y la ciudad de Buenos Aires reúnen otros 21 casos. Las defensas de Bisio y Mantecón Fumadó anticiparon que apelarán el procesamiento. Mientras la Justicia define el alcance penal de las conductas investigadas, las familias reclaman que la causa establezca toda la cadena de decisiones y que ninguna víctima quede reducida a una cifra.
