La comunidad wixárika de Taateikie San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, denunció nuevos hechos de violencia e inseguridad contra familias y autoridades indígenas, presuntamente vinculados con integrantes del Cártel Nueva Generación. Según los comuneros, habitantes fueron privados temporalmente de la libertad en días recientes.
La crisis provocó la suspensión de actividades comunitarias y clases en planteles de educación básica y media superior. La medida seguirá vigente hasta que los gobiernos presenten acciones concretas para recuperar la seguridad en un territorio fronterizo con Durango, Nayarit y Zacatecas.
Diálogo interrumpido
El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, acudió este domingo para reunirse con representantes comunitarios, pero se retiró sin alcanzar un acuerdo. Los pobladores afirmaron que, durante su salida, un policía estatal disparó al aire y señalaron que cuentan con evidencia. El Gobierno estatal no se refirió directamente al disparo, aunque reconoció que hubo “algunos momentos de tensión”.
La administración estatal explicó que el diálogo fue pospuesto porque los comuneros exigieron la presencia simultánea de autoridades federales, estatales y municipales. Aseguró que la comunidad permanece en paz y que existe vigilancia de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército; sin embargo, esa respuesta no atiende todavía la exigencia central: una estrategia verificable de protección y el esclarecimiento del uso del arma.
La comunidad pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, los gobernadores de Jalisco y Nayarit, así como autoridades indígenas, de derechos humanos y municipales. También solicitó una mesa formal de diálogo y medidas para evitar nuevas agresiones.
Los reclamos se apoyan en antecedentes recientes: en septiembre de 2024, cinco habitantes fueron privados de la libertad y posteriormente localizados con vida; en 2025, cinco autoridades tradicionales fueron asaltadas por civiles armados. La continuidad de estos episodios muestra que la presencia operativa, sin coordinación institucional ni resultados visibles, no ha restablecido la confianza ni la seguridad en la región.
