El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificó como un “desliz” y una “torpeza” personal la fotografía que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, difundió en redes sociales después de regresar de Trujillo, donde un ataque armado terminó con el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas. Para Galarreta, la imagen fue un error de criterio del titular de Defensa, pero no una señal de que el Gobierno haya perdido el rumbo o actúe sin coordinación.
La respuesta oficial ante una imagen que generó rechazo
En declaraciones al diario El Comercio, Galarreta sostuvo que Belaunde habría comprendido que no era conveniente publicar ese tipo de contenido en un contexto marcado por la violencia. El primer ministro intentó así separar la conducta comunicacional del ministro de la evaluación política del Ejecutivo: admitió una actuación desafortunada, pero rechazó que el episodio permita concluir que existe una crisis general de conducción.
“Es un tema más personal para él”, afirmó Galarreta, quien describió el episodio como un error individual, incluso de carácter anecdótico. A su juicio, las críticas que utilizan la fotografía para sostener que el Gobierno “no tiene rumbo” estarían sobredimensionando un hecho puntual. La defensa, sin embargo, no elimina la tensión central: la imagen fue difundida inmediatamente después de una operación oficial en una zona afectada por un crimen grave, por lo que su impacto no depende únicamente de la intención de quien la publicó.
Qué hacía el ministro de Defensa en La Libertad
La presencia de Belaunde en La Libertad, según explicó el jefe del gabinete, no respondió a una actividad protocolar aislada. El ministro debía evaluar posibles operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para enfrentar a las organizaciones criminales, además de revisar asuntos vinculados con ciudadanos venezolanos en situación irregular, la infraestructura militar y los establecimientos penitenciarios.
Ese conjunto de temas muestra que la visita estaba relacionada con varias dimensiones de la respuesta estatal: seguridad territorial, control migratorio, capacidad operativa de las instituciones armadas y situación de las cárceles. El secuestro del empresario minero y la muerte de cuatro personas dieron a la misión un peso político adicional, porque expusieron la capacidad de los grupos criminales para actuar con violencia en una región donde la actividad económica y las rutas de transporte se encuentran bajo presión.
La coordinación se defiende, pero también se pone a prueba
Galarreta aseguró que “se está trabajando” y que no existe descoordinación dentro del Ejecutivo. También defendió que los ministros expresen posiciones diferentes, al recordar que el gabinete es un órgano político y no una estructura en la que todos deban repetir una misma postura. Según su explicación, las declaraciones controvertidas de algunos integrantes del Gobierno ya fueron discutidas y “zanjadas”, mientras que la comunicación entre ellos se mantiene de forma permanente, aunque no siempre sea visible públicamente.
La distinción entre discrepancia y desorden resulta relevante. En un gabinete, la pluralidad puede ser compatible con una estrategia común si las decisiones se adoptan mediante procedimientos claros y las instituciones comunican objetivos coherentes. El problema aparece cuando las señales públicas contradicen la gravedad de la situación que el propio Gobierno intenta atender. En ese escenario, un mensaje individual deja de ser únicamente personal: puede afectar la percepción sobre la seriedad de la respuesta estatal.
El costo político de comunicar después de una masacre
La controversia no se explica solo por el contenido del selfi, sino por el momento en que fue publicado. Tras un ataque con cuatro víctimas mortales y un secuestro, cualquier imagen asociada a la visita ministerial queda vinculada a la capacidad del Estado para comprender la dimensión de la emergencia. La comunicación oficial, en esas circunstancias, cumple una función operativa: informa, transmite control y establece prioridades. Una publicación percibida como impropia puede debilitar esos tres objetivos, incluso si detrás de ella existían reuniones o evaluaciones relevantes.
Por eso, el episodio plantea una cuestión que va más allá de la conducta de Belaunde. La eficacia de una política de seguridad no se mide únicamente por los operativos que se anuncian, sino también por la coordinación entre autoridades, la claridad de las decisiones y la confianza que consiguen generar. Galarreta busca contener el daño presentándolo como un tropiezo individual. La evolución de la crisis criminal en La Libertad determinará si esa explicación resulta suficiente o si el incidente termina siendo interpretado como un síntoma de problemas más profundos en la conducción pública.
