El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una revisión nacional de los sistemas de fotodetección que operan en Colombia, después de advertir posibles irregularidades técnicas, administrativas y legales en varios dispositivos. La decisión fue anunciada este 6 de septiembre, luego de que una verificación preliminar en Cartago, Valle del Cauca, dejara bajo sospecha cerca de 40.000 órdenes de comparendo.
La instrucción fue dirigida a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que deberá examinar las condiciones de funcionamiento de los equipos, las autorizaciones otorgadas y la fecha oficial de inicio de operaciones de cada sistema. El objetivo es establecer cuáles dispositivos cumplen las exigencias vigentes y si las sanciones generadas mediante ellos cuentan con el respaldo legal requerido.
De acuerdo con la información divulgada por el mandatario en su cuenta de X, el caso de Cartago se originó en la negativa a permitir la entrada en operación de un sistema que, según el Gobierno, no cumplía los requisitos técnicos establecidos. A partir de esa revisión surgió el dato de los aproximadamente 40.000 comparendos que podrían haber sido impuestos de manera irregular, aunque la cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente.
La validación en el Simit será determinante
El Gobierno indicó que los comparendos atribuidos a Cartago están siendo contrastados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, conocido como Simit. Esa consulta deberá precisar cuántas órdenes fueron efectivamente registradas, en qué fechas se generaron y bajo qué autorización operaba el dispositivo utilizado para detectarlas.
La revisión resulta relevante porque la autorización de un equipo no necesariamente equivale a la habilitación efectiva para comenzar a imponer comparendos. Para que una fotodetección tenga validez, deben coincidir distintos elementos: la aprobación de la autoridad competente, el cumplimiento de las condiciones técnicas, la señalización y puesta en funcionamiento conforme a la regulación, además de los procedimientos de notificación y defensa para el presunto infractor.
Por esa razón, el anuncio presidencial no implica por sí mismo la anulación automática de los 40.000 comparendos mencionados. Primero será necesario individualizar cada caso y determinar si existió una falla que afecte la legalidad de la actuación administrativa. Una vez terminada esa verificación, las autoridades definirán si corresponde archivar órdenes, revisar procesos, devolver pagos o adoptar otras medidas jurídicas, según las circunstancias de cada expediente.
Doce dispositivos, bajo trámite de revocatoria
El presidente también informó que fueron identificados 12 dispositivos cuyas autorizaciones se encuentran sometidas a un trámite de revocatoria. La causa estaría relacionada con modificaciones en la competencia de la autoridad de tránsito que los habilitó, un asunto que puede afectar la validez de las decisiones adoptadas por esos equipos.
La revocatoria, sin embargo, debe seguir un procedimiento administrativo y garantizar el derecho de defensa de las entidades involucradas. Mientras no exista una decisión definitiva, la situación jurídica de cada autorización deberá establecerse de manera individual. El Gobierno no ha detallado cuáles son los municipios vinculados ni cuántos comparendos podrían estar relacionados con esos dispositivos.
La revisión tampoco se limitará a Cartago. De la Espriella anunció que serán examinados todos los puntos de fotodetección habilitados en el país, así como los vehículos que utilizan herramientas tecnológicas para imponer comparendos sin la presencia de agentes de tránsito. La orden incluye verificar que esos operativos cuenten con autorización y que se ajusten a las reglas aplicables.
Una discusión sobre seguridad vial y recaudo
El anuncio reabre el debate sobre el propósito de las fotomultas. Estos sistemas fueron diseñados para detectar conductas que aumentan el riesgo de accidentes, como el exceso de velocidad, el paso de semáforos en rojo o la circulación por zonas restringidas. No obstante, su utilización ha sido cuestionada cuando los ciudadanos perciben que los equipos están instalados principalmente para aumentar los ingresos de las administraciones locales.
“Las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, escribió el presidente. También advirtió que “el dispositivo que no cumpla la ley no puede operar” y que el Gobierno actuará cuando encuentre irregularidades. La posición oficial plantea que la eficacia de estos mecanismos no debe medirse únicamente por el número de sanciones impuestas, sino por su capacidad para prevenir infracciones y reducir la siniestralidad.
El Ministerio de Transporte participará en la elaboración de una nueva reglamentación para los sistemas de fotodetección. Aunque todavía no se conocen los detalles del proyecto, la intención anunciada es reforzar los controles sobre los equipos, las condiciones previas a su operación y los procedimientos de sanción. El alcance de esos cambios dependerá de la norma que finalmente sea expedida y de su compatibilidad con las competencias de las autoridades territoriales.
La revisión hace parte de una agenda más amplia
La decisión se suma a otras propuestas del Gobierno sobre los costos y trámites que enfrentan los conductores. El pasado 29 de agosto, De la Espriella planteó ante el Congreso reducir hasta en un 50 % el valor de algunas multas de tránsito, con el argumento de que las sanciones deben ser proporcionales y no convertirse en una carga económica desmedida para las familias.
Entre las iniciativas mencionadas también figuran cambios en la revisión técnico-mecánica, las condiciones aplicables a los vehículos nuevos y el funcionamiento de las licencias de conducción. El Ejecutivo pretende además revisar los registros del Runt y del Simit para identificar posibles cobros duplicados y disminuir los costos de determinados trámites.
Por ahora, el primer resultado concreto dependerá de la validación de los comparendos registrados en Cartago. Ese proceso permitirá establecer si la cifra cercana a 40.000 órdenes corresponde a sanciones efectivamente emitidas, si fueron generadas durante un periodo no autorizado y qué mecanismo deberá aplicarse en cada caso. La revisión nacional podría convertirse así en una prueba para determinar hasta dónde pueden operar los sistemas de control electrónico y qué garantías deben cumplir antes de afectar a los conductores.
