Culiacán, Sin.— La familia del diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix, solicitó al Congreso de Sinaloa respetar los derechos políticos y económicos del legislador mientras continúa en recuperación de las heridas que sufrió durante un ataque armado ocurrido hace siete meses. La petición se produjo después de que la representación estatal de MC y la diputada Elizabet Montoya plantearan convocar al suplente para ocupar la curul.
Melissa Torres, hija del legislador, sostuvo que su padre permanece con vida, convalece de lesiones graves y no ha presentado una solicitud de licencia temporal o definitiva. Con base en esa situación, pidió a los integrantes de la LXV Legislatura conservar el escaño de su padre hasta que exista una determinación formal que modifique su condición como diputado.
La familia argumentó que el ingreso mensual que recibe Sergio Torres como integrante del Congreso es necesario para cubrir los gastos médicos y de recuperación derivados del atentado. Melissa señaló que esperan que el legislador supere sus lesiones y pueda reincorporarse tanto a sus actividades políticas como a sus funciones legislativas.
Un escaño en disputa por la ausencia del legislador
La controversia se centra en la posibilidad de que el Congreso convoque al suplente de Torres Félix ante su prolongada ausencia. La familia considera que esa medida podría dejar al diputado sin la protección económica vinculada a su cargo y afectar también su representación institucional, especialmente porque la agresión ocurrió cuando se encontraba en funciones como legislador y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.
La solicitud del suplente, de acuerdo con lo expuesto por Melissa, fue conocida recientemente por la familia. La representación estatal de MC y Elizabet Montoya acudieron al Congreso para pedir que se active el procedimiento correspondiente. La diputada también fue víctima del ataque de enero y resultó con una lesión grave en uno de sus ojos.
El planteamiento abre un debate sobre la forma en que deben resolverse las ausencias prolongadas de representantes populares cuando no existe una licencia formal. Por un lado, la incorporación del suplente busca evitar que un distrito o grupo parlamentario quede sin participación efectiva en las tareas legislativas. Por otro, la familia sostiene que la ausencia de Torres Félix responde a una circunstancia médica derivada de un hecho violento y no a una renuncia, separación voluntaria o abandono del cargo.
El ataque ocurrió tras salir del Congreso
El 28 de enero de este año, Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya solicitaron salir del Congreso del Estado porque tenían previsto viajar a la Ciudad de México para asistir a una reunión con dirigentes nacionales de su partido. Minutos después de abandonar el recinto legislativo, ambos se dirigieron a sus oficinas por la avenida conocida como el Malecón Viejo.
En ese trayecto fueron atacados a balazos. Los escoltas de los diputados repelieron la agresión, mientras que los dos legisladores fueron trasladados por separado a distintos hospitales debido a las heridas sufridas. Desde entonces, Torres Félix permanece en recuperación, mientras que Montoya enfrenta las consecuencias de la lesión que recibió en uno de sus ojos.
La familia de Torres Félix recordó que el ataque ocurrió dentro de un contexto de violencia y cuando el legislador encabezaba las actividades estatales de Movimiento Ciudadano. Ese antecedente es utilizado para sostener que la situación actual no puede analizarse únicamente como una ausencia administrativa, sino como el resultado de una agresión relacionada con el ejercicio de sus responsabilidades públicas.
La decisión corresponderá al Poder Legislativo
El Congreso de Sinaloa deberá determinar si existen condiciones jurídicas y políticas para llamar al suplente, así como las consecuencias que tendría esa decisión para la percepción de remuneraciones y la representación parlamentaria de Torres Félix. La petición familiar, sin embargo, no sustituye los procedimientos internos ni define por sí misma la situación legal de la curul.
La discusión también coloca bajo escrutinio los mecanismos institucionales disponibles para proteger a funcionarios que quedan temporalmente impedidos para desempeñar sus funciones tras sufrir ataques. El caso combina una necesidad de continuidad legislativa con la obligación de garantizar que una víctima de violencia no pierda automáticamente sus derechos por encontrarse en recuperación.
Mientras el Congreso analiza la solicitud, la familia insiste en que cualquier determinación debe tomar en cuenta el estado de salud del diputado, la ausencia de una licencia y los gastos que implica su rehabilitación. También pidió muestras de solidaridad y respeto hacia el legislador, con la expectativa de que pueda recuperarse y regresar a sus actividades políticas y legislativas.
