Enrique Inzunza Cázarez reapareció el 31 de agosto en el Senado de la República tras cuatro meses sin acudir físicamente al recinto. Su regreso ocurre en una condición política distinta a la que tenía durante la mayor parte de su mandato: dejó la bancada de Morena, no ha renunciado al escaño y continuará como senador sin grupo parlamentario, mientras rechaza las acusaciones divulgadas por autoridades de Estados Unidos y pide a la Fiscalía General de la República cerrar la investigación abierta en México.
La reaparición, en vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones del 1 de septiembre, vuelve visible un problema que combina tres planos: la defensa personal del legislador, la responsabilidad institucional de las autoridades investigadoras y el costo político para Morena en una entidad donde Inzunza fue una de las figuras más cercanas al gobernador Rubén Rocha Moya. El senador sostuvo ante la prensa que tiene la “conciencia tranquila”, se declaró inocente y afirmó que enfrenta una “embestida mediática”.
Una ausencia de 124 días y una vuelta sin bancada
La última asistencia física de Inzunza al Senado había sido el 29 de abril, el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación en la que fue mencionado junto con Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Desde entonces, su caso dejó de ser únicamente un asunto de trayectoria política para convertirse en una prueba de respuesta institucional: qué información existe, bajo qué jurisdicción se investiga y cuándo habrá una determinación formal de la FGR.
Inzunza señaló que cuatro meses son tiempo suficiente para que la fiscalía establezca si hay responsabilidades. La exigencia tiene una doble lectura. Por un lado, busca desplazar la discusión de las acusaciones públicas hacia un expediente verificable y una resolución ministerial. Por otro, aumenta la presión sobre una institución que debe actuar con evidencia y debido proceso, no con los tiempos políticos de un legislador ni con la intensidad de la cobertura mediática.
Al ser cuestionado sobre si era un “narcolegislador”, respondió que nunca ha sido “narconada”, y enumeró sus anteriores ocupaciones: bibliotecario, taquero, magistrado y legislador. La frase fue una defensa enfática, pero no sustituye el punto central del caso: la credibilidad pública dependerá de que las acusaciones sean aclaradas por las vías competentes y de que las autoridades informen, dentro de los límites legales, si existen elementos para proceder o para descartar responsabilidades.
La separación de Morena limita el daño, pero no cancela el vínculo político
El 26 de agosto, Inzunza comunicó mediante una carta dirigida a Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, que se separaba del grupo parlamentario por convicción personal y para ejercer su defensa sin afectar al movimiento. No ha confirmado que abandone su militancia, por lo que la decisión no equivale necesariamente a una ruptura partidista definitiva. Sí modifica, en cambio, su posición operativa dentro de la Cámara alta: pierde el respaldo cotidiano de una bancada y queda fuera de su disciplina interna.
Para Morena, la salida evita que el asunto se procese dentro de las reuniones de grupo y reduce la exposición de sus legisladores ante cuestionamientos sobre el caso. Sin embargo, la distancia parlamentaria no borra la trayectoria compartida. Inzunza fue secretario general de Gobierno de Sinaloa entre noviembre de 2021 y febrero de 2024, durante la administración de Rocha Moya, antes de integrarse con Imelda Castro a la fórmula de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
La ausencia de Inzunza en la reunión plenaria de senadores de Morena refuerza esa separación. Días antes había dicho que buscaba participar, pero finalmente no acudió. La señal es relevante porque la vida parlamentaria se organiza en buena medida a través de las bancadas: allí se definen posiciones, prioridades legislativas y repartos de responsabilidades. Un senador sin grupo conserva voz y voto, pero enfrenta una capacidad menor para incidir en la agenda colectiva.
Del archivo universitario a la cúpula judicial de Sinaloa
La biografía profesional de Inzunza explica por qué su caso tiene repercusión más allá de un escaño. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde cursó la carrera entre 1990 y 1995. Su primer empleo, sin embargo, fue como bibliotecario en esa misma universidad, entre 1993 y 1996. Después se incorporó al Poder Judicial estatal, un trayecto que lo llevó desde labores de capacitación e investigación jurídica hasta la magistratura y la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Su formación incluye un diplomado en Derecho Parlamentario impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Congreso de Sinaloa; estudios de posgrado en Derecho con especialidad en Criminología en la Universidad de Salamanca; una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, y un diplomado en Administración de Justicia de la Suprema Corte. El perfil muestra una carrera construida en torno al derecho público, la justicia penal y la administración judicial.
Entre 2001 y 2008 dirigió el Instituto de Capacitación Judicial de Sinaloa. Más adelante fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia estatal y llegó a presidirlo. El Congreso local aprobó su retiro voluntario el 20 de agosto de 2021, al reconocerle 22 años y nueve meses de servicio judicial, de los cuales 12 años y nueve meses correspondían a su desempeño como magistrado. Esa experiencia es ahora parte del contraste político: un exintegrante de la cúpula judicial que demanda celeridad y certeza en una investigación que lo involucra.
La presidencia de una comisión queda bajo revisión política
Tras asumir como senador en septiembre de 2024, Inzunza fue designado presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, encargada de analizar y dictaminar reformas antes de su discusión en el pleno. Hasta el 31 de agosto, el portal de esa comisión todavía lo mostraba en el cargo. Su salida de la bancada abre la posibilidad de una reasignación, aunque ésta requiere aprobación y formalización por los órganos internos del Senado.
La definición no es menor. Las comisiones son espacios donde se ordena buena parte del trabajo legislativo y donde la mayoría partidista distribuye responsabilidades según acuerdos políticos. Mantener a Inzunza al frente de la comisión implicaría separar su situación jurídica de su función parlamentaria; removerlo sería una decisión política orientada a proteger la cohesión de Morena y a responder a la presión pública. En ambos escenarios, la cuestión de fondo seguirá siendo la misma: una investigación clara y una resolución sustentada son las únicas vías capaces de delimitar responsabilidades y evitar que el caso quede atrapado entre acusaciones, silencios y cálculos partidistas.
