La propuesta para designar a Carlos De Lara McGrath como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón (CJM), en sustitución de Martha Rodríguez Romero, debe leerse más allá de un cambio administrativo. El Cabildo analizará este miércoles, a las 13:00 horas, una transición en una institución que concentra una parte sensible de la relación cotidiana entre el gobierno local, las personas detenidas por faltas administrativas, los inspectores municipales y quienes buscan resolver procedimientos vinculados con la convivencia urbana. La eventual aprobación colocaría al frente del organismo a un abogado con experiencia judicial, municipal y de procuración, pero también abriría preguntas sobre el modelo de justicia cívica que Torreón pretende consolidar.
Rodríguez Romero encabeza el organismo desde 2022, cuando inició la primera administración de Román Alberto Cepeda y la instancia todavía operaba bajo la denominación de Tribunal de Justicia Municipal. El dato institucional es relevante: el cambio de nombre no es un detalle semántico, sino parte de una transformación esperada desde un esquema centrado en sancionar infracciones hacia uno que, al menos en teoría, debe privilegiar mediación, evaluación de riesgos, proporcionalidad de las sanciones y prevención de reincidencias. La sucesión, por tanto, coincide con una etapa en la que el CJM necesita demostrar que su modificación de identidad se tradujo en resultados verificables.
Una designación pendiente de aprobación, no un nombramiento consumado
La primera precisión necesaria es jurídica y política: De Lara McGrath será propuesto, no automáticamente designado. Corresponde al Cabildo discutir su perfil y, en su caso, aprobarlo. Esa diferencia define el margen de exigencia pública que todavía existe. Los regidores pueden pedir información sobre metas, criterios de operación, rezagos, tiempos de atención, recursos humanos y mecanismos de supervisión antes de ratificar la sustitución. Cuando una designación se procesa sólo como trámite, se desaprovecha la principal oportunidad institucional para fijar compromisos medibles al nuevo responsable.
En gobiernos municipales, los cambios de titularidad suelen justificarse mediante currículums amplios, pero la función exige mucho más que credenciales. El CJM opera en una zona de alta fricción: ahí confluyen policías preventivos, personas remitidas, defensores, médicos, trabajadores sociales, familiares y funcionarios responsables de juzgar o canalizar conductas administrativas. La calidad de sus decisiones tiene efectos inmediatos sobre libertades, trato digno, orden público y percepción ciudadana. Un titular con sólida experiencia legal puede fortalecer los procedimientos; sin embargo, esa ventaja sólo tendrá impacto si se acompaña de protocolos claros, personal capacitado y rendición de cuentas.
El perfil combina tres lenguajes del poder público
La trayectoria de Carlos De Lara McGrath reúne tres ámbitos que rara vez se articulan con facilidad: justicia estatal, administración municipal y protección al consumidor. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Campus Laguna, cuenta con una especialidad en Criminología por la Universidad Autónoma del Noreste y tiene diplomados en derechos humanos y juicio de amparo. Además, trabajó en la entonces Procuraduría General de Justicia de Coahuila, en el Ayuntamiento de Torreón y en la Procuraduría Federal del Consumidor, donde fue delegado en Coahuila entre 2008 y 2013.
Su experiencia municipal incluye la Dirección Jurídica, el encargo de Inspección y Verificación, la jefatura de Plazas y Mercados y la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Entre 2019 y 2025 fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, adscrito a la Sala Regional. En términos de capacidades, ese recorrido le proporciona conocimiento de expedientes, legalidad administrativa, actividades comerciales, facultades de inspección y deliberación judicial. Para un CJM que debe resolver asuntos originados, entre otros factores, por faltas administrativas y conflictos en el espacio público, se trata de herramientas potencialmente útiles.
Pero la diversidad curricular también plantea una prueba de adaptación. La lógica de un tribunal superior no es idéntica a la de una institución municipal que enfrenta decisiones rápidas, población vulnerable y problemas recurrentes de proximidad. La magistratura trabaja con expedientes más estructurados y temporalidades distintas; la justicia cívica requiere respuestas inmediatas sin sacrificar garantías. El principal desafío de De Lara McGrath, si obtiene el cargo, será trasladar rigor jurídico a una operación ágil y comprensible para personas que frecuentemente llegan al CJM sin asesoría legal ni capacidad para navegar procedimientos complejos.
La experiencia en inspección puede ser fortaleza o foco de escrutinio
Un elemento especialmente significativo de su perfil es el paso por Inspección y Verificación, así como por Plazas y Mercados. Estas áreas están ligadas a establecimientos mercantiles, comercio en vía pública, licencias y sanciones administrativas: actividades donde suele haber desacuerdos entre autoridad y particulares. Ese conocimiento puede mejorar la coordinación entre dependencias y reducir errores en la integración de expedientes. Si las remisiones al CJM llegan con hechos mal documentados, notificaciones defectuosas o fundamentos imprecisos, cualquier resolución posterior queda expuesta a impugnaciones y a una percepción de arbitrariedad.
La misma cercanía profesional con áreas de fiscalización obliga a reforzar la independencia operativa del Centro. Comerciantes, dueños de establecimientos y personas sujetas a inspecciones necesitan certeza de que la autoridad que califica una infracción no actúa como prolongación automática del área que la reportó. La justicia municipal gana legitimidad cuando distingue con nitidez las funciones de inspeccionar, detener, acusar, defender, valorar pruebas y resolver. El eventual nuevo titular tendría que hacer visible esa separación mediante reglas públicas, criterios homogéneos y registros que permitan revisar cómo se tomaron las decisiones.
La cuestión no es menor para la actividad económica local. Una sanción incorrecta, una clausura tramitada sin sustento suficiente o un procedimiento opaco puede representar pérdidas para pequeños negocios, trabajadores y consumidores. A la inversa, una inspección sin seguimiento institucional debilita las reglas de competencia y permite que algunos establecimientos operen trasladando costos a vecinos, clientes o competidores formales. Por eso la experiencia de De Lara McGrath en este terreno puede aportar capacidad técnica, siempre que el CJM no sea entendido como una oficina recaudatoria ni como una instancia destinada a validar por rutina la actuación de otras dependencias.
El cambio real se medirá en datos que hoy deben estar sobre la mesa
La discusión de Cabildo debería desplazar el foco del currículum hacia indicadores. La administración y el candidato tendrían que precisar cuántos asuntos recibe el CJM, qué proporción concluye mediante acuerdos, cuántas resoluciones son impugnadas, cuál es el tiempo promedio de atención y en cuántos casos se identifican condiciones de vulnerabilidad, consumo problemático de sustancias, violencia familiar o necesidades de atención médica. Sin estas referencias, será difícil distinguir entre una institución que procesa remisiones y otra que resuelve conflictos de manera útil.
La justicia cívica moderna no se evalúa sólo por el número de arrestos, multas o horas de arresto administrativo. Un sistema que reduce conflictos vecinales, canaliza adecuadamente a una persona en crisis y evita que una falta menor escale a un delito genera beneficios sociales que no aparecen en un balance de ingresos. En ciudades mexicanas que han adoptado modelos más robustos de justicia cívica, la mediación, la evaluación de perfiles de riesgo y el trabajo coordinado con salud y desarrollo social han sido herramientas centrales. Torreón no necesita copiar mecánicamente otros modelos, pero sí establecer un estándar local que pueda medirse y compararse.
La primera idea de fondo es que la transición podría ser una oportunidad para profesionalizar la cadena completa, no únicamente para cambiar a su cabeza. La experiencia judicial del candidato puede contribuir a mejorar motivación de resoluciones, control de expedientes y defensa de derechos; no obstante, el resultado dependerá también de policías que documenten correctamente, personal que informe derechos desde el ingreso, defensores disponibles y áreas sociales con capacidad real de seguimiento. Nombrar a un titular sin revisar esa cadena equivaldría a tratar un problema sistémico como si fuera exclusivamente individual.
Los grupos afectados esperan resultados distintos
Para la administración municipal, una eventual designación ofrece la posibilidad de incorporar a un perfil que conoce tanto el funcionamiento interno del Ayuntamiento como el sistema judicial estatal. Su interés previsible será mejorar coordinación, disminuir riesgos jurídicos y sostener el orden administrativo. Para el Cabildo, el reto es evitar que la votación quede reducida a una validación partidista: su función incluye exigir objetivos verificables y mecanismos para evaluar el desempeño posterior.
Para policías municipales e inspectores, un CJM más sólido puede dar mayor certeza sobre cómo integrar remisiones, preservar evidencias y actuar dentro de sus atribuciones. Esto reduce el riesgo de que procedimientos se caigan por errores formales y protege a los propios servidores públicos frente a acusaciones derivadas de actuaciones deficientes. Sin embargo, una cultura de control más estricta también puede generar resistencias internas si revela prácticas informales, documentación incompleta o hábitos de sanción sin suficiente fundamento.
Para la ciudadanía, especialmente para personas remitidas y sus familias, el criterio decisivo será la experiencia concreta: información clara, revisión individualizada del caso, acceso a defensa, condiciones dignas y resoluciones oportunas. Los sectores empresariales y comerciales, por su parte, observarán si el Centro garantiza imparcialidad en los conflictos relacionados con la regulación municipal. Las organizaciones de derechos humanos pondrán atención en otro punto: que la eficiencia no sea utilizada como argumento para acelerar sanciones sin escuchar a las personas ni revisar la legalidad de las detenciones.
El mayor riesgo es confundir orden administrativo con justicia
La segunda idea central es que un Centro de Justicia Municipal pierde legitimidad cuando privilegia la rapidez sobre la revisión sustantiva. La presión por desahogar remisiones, mantener capacidad operativa o responder a demandas de orden puede llevar a procedimientos estandarizados donde todos los casos parecen iguales. Pero no lo son. Una persona detenida por una falta administrativa puede estar atravesando una crisis de salud mental, violencia en el hogar, consumo de sustancias o falta de redes de apoyo. Tratar esos casos sólo con multa o arresto puede producir reincidencia y trasladar el problema de un día a otro.
También existe un riesgo inverso: que la narrativa de derechos se quede en discursos y no cuente con presupuesto, personal especializado ni coordinación interinstitucional. La atención diferenciada requiere espacios físicos adecuados, médicos, trabajadores sociales, intérpretes cuando sean necesarios, protocolos de canalización y seguimiento. Sin esos componentes, el nuevo titular podría enfrentar expectativas elevadas con herramientas insuficientes. La responsabilidad no recaerá únicamente en él; Cabildo y administración deberán definir recursos y prioridades para que el CJM funcione como una pieza efectiva de prevención, no como una ventanilla de sanciones.
Una tercera conclusión es que la calidad de esta transición dependerá de la transparencia posterior a la votación. La autoridad puede convertir el relevo en una señal de fortalecimiento institucional si publica objetivos trimestrales, estadísticas desagregadas y criterios de actuación. Datos sobre género, edad, tipo de falta, duración de la estancia, resultados de mediación y quejas permitirían identificar patrones y corregirlos. La opacidad, en cambio, alimentaría la sospecha de que el cambio busca únicamente reordenar posiciones dentro del gobierno municipal.
Los próximos meses definirán si el CJM cambia de nombre o de función
Si el Cabildo aprueba la propuesta, los primeros meses de gestión serán decisivos para observar prioridades. Un inicio centrado en revisión de protocolos, capacitación conjunta con Policía Municipal, auditoría de expedientes y definición de indicadores enviaría una señal de cambio operativo. También sería relevante conocer si habrá un diagnóstico del periodo 2022-2026: qué funcionó bajo la conducción de Rodríguez Romero, dónde persisten rezagos y cuáles son las causas de las quejas o impugnaciones, si las hubiera. Una transición institucional madura no borra la administración anterior; aprovecha sus avances y corrige sus límites.
El margen de acción puede ser relevante porque De Lara McGrath combina experiencia en gobierno local y Poder Judicial, pero precisamente por ello enfrentará un estándar más alto. Se esperará que traduzca conocimiento técnico en decisiones mejor fundamentadas, coordinación sin subordinación y procedimientos más confiables para la población. El verdadero indicador no será la aprobación del nombramiento ni la extensión de su hoja curricular, sino la capacidad del CJM para resolver conflictos con legalidad, proporcionalidad y humanidad, mientras mantiene controles que permitan a Torreón verificar que la justicia municipal se ejerce con reglas y no con discrecionalidad.
