Ramón Ángel “N”, alias “R1”, promovió un amparo para impugnar la vinculación a proceso que enfrenta por narcotráfico y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El recurso, registrado bajo el expediente 1002/2026, abre una revisión judicial sobre la decisión tomada por la jueza del caso en el Estado de México. La audiencia constitucional fue programada para el 5 de octubre de 2026 a las 11:20 horas.
El juicio de garantías presentado por su defensa cuestiona la resolución mediante la cual se le vinculó a proceso. Durante la audiencia constitucional se analizará el amparo y la autoridad judicial deberá justificar y explicar la determinación que mantuvo abierto el procedimiento penal contra el imputado. La información disponible no anticipa el sentido que tendrá esa resolución.
El avance hacia juicio queda en pausa
Mientras se revisa el amparo, el expediente no será enviado al Tribunal de Enjuiciamiento para que se dicte el auto de apertura a juicio oral, una vez concluida la etapa intermedia. Esa suspensión del avance procesal es el efecto inmediato señalado en torno al recurso: antes de continuar hacia la siguiente fase, deberá atenderse la impugnación contra la vinculación dictada en el Estado de México.
El “R1” permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Además del proceso que busca controvertir mediante el amparo, enfrenta otros procedimientos judiciales, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
La defensa señala a Sheinbaum
Los abogados del imputado incluyeron a la presidenta Claudia Sheinbaum como autoridad responsable dentro de sus planteamientos. La defensa reclama presuntos actos de incomunicación y tortura, así como una presunta intención de expulsarlo a Estados Unidos. Esos señalamientos forman parte de los argumentos expuestos para frenar el proceso, no de una resolución judicial reportada.
Ramón Ángel “N” enfrenta acusaciones tanto en México como en Estados Unidos. En territorio mexicano se le relaciona con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo; con la autoría intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez; con la operación de una red de extorsiones y cobro de piso contra productores en Michoacán, y con coacción a servidores públicos. La audiencia de octubre definirá únicamente la revisión del amparo promovido contra su vinculación a proceso.
