El programa federal para construir 1.8 millones de viviendas aún necesita una metodología que permita saber dónde se edificarán, bajo qué condiciones y de qué manera se garantizará que los nuevos hogares dispongan de servicios básicos. La advertencia fue planteada por Bianka Llamas Covarrubias, académica de la Universidad Panamericana, quien señaló que el éxito de la política no puede medirse únicamente por el número de inmuebles levantados.
La cifra de avance necesita una ruta verificable
Durante su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) recuperaron la capacidad de construir casas. El objetivo es ampliar el acceso para familias con ingresos inferiores a 2.9 salarios mínimos.
De acuerdo con los datos presentados, hasta ahora han sido contratados 668 mil hogares; de ellos, 278 mil se encuentran en construcción y 90 mil ya fueron asignados. Las cifras muestran un despliegue relevante, pero también dejan abierta una pregunta decisiva: qué ocurre entre la contratación, la edificación y la entrega efectiva de una vivienda adecuada.
Para Llamas Covarrubias, cada meta debe estar acompañada por un proyecto que detalle el proceso de construcción, los criterios de selección de los terrenos, los tiempos de ejecución y las condiciones de entrega. “Se deben establecer metodologías”, explicó, al señalar que los informes públicos no deben limitarse a registrar resultados, sino explicar desde dónde parte el programa, a dónde pretende llegar y con qué recursos humanos, estadísticas y mecanismos de seguimiento alcanzará sus objetivos.
Una vivienda aislada no resuelve el problema habitacional
La preocupación central no se refiere sólo a la calidad de los materiales o al cumplimiento de los contratos. También abarca la relación entre los desarrollos y las ciudades en las que serán construidos. La académica recordó el caso de Tlajomulco, donde se edificaron conjuntos habitacionales que posteriormente enfrentaron carencias de servicios, una experiencia que evidencia los costos de planear la vivienda sin planear simultáneamente el territorio.
El abastecimiento de agua, la disponibilidad de transporte público, la conexión con las vialidades, la presión sobre el tránsito y la cercanía de escuelas, centros de salud y empleos deberían formar parte de la evaluación desde la etapa inicial. Si estos factores se incorporan después, las familias pueden recibir formalmente una casa y, al mismo tiempo, quedar expuestas a largos desplazamientos, gastos adicionales y condiciones que incentiven el abandono de los inmuebles.
Por esa razón, el indicador de “viviendas construidas” resulta insuficiente. Sería necesario conocer, entre otros elementos, cuántas unidades tienen servicios operando al momento de la entrega, cuántas se encuentran habitadas, cuánto tiempo requieren sus residentes para llegar a sus actividades principales y qué costos representa para ellos vivir en esos nuevos núcleos urbanos. La diferencia entre construir y consolidar una comunidad depende precisamente de esas variables.
El otro desafío: medir el alivio real de los créditos
La metodología pendiente también alcanza la reestructuración de financiamientos. Llamas Covarrubias pidió informar cuánto disminuyó la deuda de cada persona, cuántos créditos fueron liquidados, cuántos únicamente cambiaron de condiciones y qué monto terminaron pagando los trabajadores.
La precisión es importante porque una reestructuración puede mejorar temporalmente el flujo mensual de una familia sin reducir de manera sustancial el saldo total. Presentar millones de créditos beneficiados puede ofrecer una imagen positiva, pero no permite conocer por sí solo si los hogares dejaron atrás una situación de sobreendeudamiento o sólo obtuvieron más tiempo para cubrir una obligación todavía difícil de sostener.
Para evaluar ese resultado se requieren indicadores comparables: reducción promedio del saldo, disminución de la mensualidad, plazo restante, número de cuentas liquidadas y proporción de familias que dejaron de enfrentar atrasos. También sería pertinente saber cuántos beneficiarios volvieron a caer en incumplimiento después de la medida. Sin esa información, el alcance social de la política permanece parcialmente oculto detrás de una cifra agregada.
Más participación estatal, con controles que eviten conflictos
La especialista consideró positivo que el Estado participe directamente en la construcción y amplíe las opciones para familias que no pueden comprar una vivienda en el mercado. Esa intervención puede atender segmentos que la oferta privada suele dejar fuera, especialmente cuando los ingresos son bajos y los precios del suelo elevan el costo final de las casas.
Sin embargo, también advirtió sobre la necesidad de establecer controles de calidad y supervisión independiente. Si una misma institución actúa como constructora, administradora y evaluadora de su propio programa, se debilita la posibilidad de detectar fallas, comparar resultados y sancionar incumplimientos. La separación de funciones no es un trámite burocrático: constituye una garantía para que el avance reportado tenga una comprobación externa y para que las familias puedan reclamar ante deficiencias.
La participación de urbanistas, constructores, especialistas en movilidad, expertos en agua y profesionales de la evaluación social permitiría convertir el programa en una política habitacional de largo plazo. El reto no es sólo alcanzar los 1.8 millones de viviendas, sino asegurar que sean habitables, accesibles y sostenibles para quienes las recibirán.
Fortalecer las instituciones será igualmente decisivo. Un programa de esta escala puede perder continuidad con cada cambio de administración si sus criterios, bases de datos y mecanismos de evaluación dependen de decisiones coyunturales. La metodología solicitada por la académica debe servir, por tanto, no sólo para ordenar la ejecución actual, sino para dejar reglas públicas que permitan medir avances, corregir errores y preservar los resultados más allá del periodo de gobierno que los puso en marcha.
