El mega apagón registrado esta semana en Mérida pudo haber provocado pérdidas de hasta 100 millones de pesos para empresas de la Península de Yucatán, de acuerdo con estimaciones preliminares de organismos empresariales. La cifra todavía no es definitiva, pero dimensiona el alcance de una interrupción que dejó de ser vista como un inconveniente temporal y comenzó a ser considerada un riesgo directo para la operación de cientos de negocios.
Una factura que aún no termina de calcularse
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome) y la Canacintra advirtieron que el monto continúa en proceso de cuantificación. La dificultad para establecer una cifra exacta radica en que el corte no afectó de la misma manera a todas las empresas: el suministro no se interrumpió por completo en toda la zona y sus consecuencias variaron según el sector, el horario, la duración del apagón y la capacidad de cada establecimiento para mantener sus operaciones.
David Reyes Aguiar, presidente de Coparmex Mérida, y José Enrique Molina Casares, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, reconocieron que por ahora es imposible precisar el impacto económico real. Ambos trabajan en un mecanismo estandarizado de medición que permita contabilizar no solo las ventas que dejaron de realizarse, sino también los productos dañados, las horas de trabajo perdidas, los costos de reactivación y las afectaciones a proveedores y clientes.
Restaurantes, los más expuestos por el horario
La industria restaurantera concentró una parte importante del golpe porque el apagón ocurrió durante la tarde y la noche, precisamente cuando estos negocios alcanzan una porción relevante de sus ingresos diarios. Una interrupción en ese periodo puede impedir la preparación de alimentos, detener los sistemas de cobro, afectar la conservación de insumos y obligar al cierre cuando ya se habían realizado compras, contratado personal y recibido reservaciones.
En Campeche, Abraham Azar Wabi, representante del sector, describió el escenario como una crisis provocada por la frecuencia creciente de las interrupciones. Su advertencia apunta a un problema que va más allá de un solo evento: cada corte reduce las horas efectivas de operación y vuelve incierta la posibilidad de mantener abierto un establecimiento durante los periodos de mayor demanda. Para los negocios pequeños, que suelen operar con márgenes estrechos y menor respaldo financiero, esa incertidumbre puede ser más dañina que la pérdida de una jornada aislada.
El sector privado comienza a protegerse por su cuenta
La repetición de los apagones está llevando a las empresas a contratar soluciones que antes podían considerarse extraordinarias. Molina Casares informó que más de mil afiliados de Canaco Mérida se encuentran en proceso de adquirir seguros contra las pérdidas derivadas de futuras interrupciones. También se analiza la instalación de plantas de emergencia, aunque su costo, mantenimiento, consumo de combustible y requerimientos técnicos las hacen inaccesibles para muchos establecimientos.
Estas medidas pueden reducir el daño inmediato, pero también revelan una transferencia de costos. Cuando una empresa debe pagar una póliza o comprar un generador para compensar la falta de continuidad del servicio, el problema deja de ser exclusivamente operativo y comienza a influir en sus precios, inversiones y decisiones de contratación. Además, la capacidad de respuesta queda determinada por el tamaño del negocio: una cadena comercial puede instalar respaldo eléctrico con mayor facilidad que una tienda, un restaurante familiar o un taller independiente.
La demanda empresarial apunta a obras pendientes
Por ello, los dirigentes empresariales no consideran suficiente la adopción de medidas de contingencia. Su principal exigencia a la Comisión Federal de Electricidad es concluir las obras de gasoductos y plantas de ciclo combinado previstas para la Península de Yucatán. Según su planteamiento, el fortalecimiento de la generación y la disponibilidad de energía es indispensable para reducir la vulnerabilidad de una región cuya actividad económica depende cada vez más de un suministro estable.
Reyes Aguiar señaló que los cortes constantes también afectan la capacidad de los empresarios para desarrollar nuevos proyectos, crear empleos y concretar inversiones. La razón es sencilla: la confiabilidad eléctrica forma parte de la evaluación básica de cualquier negocio. Si una empresa no puede garantizar la continuidad de sus procesos, debe elevar sus costos de respaldo, asumir mayores riesgos o posponer su expansión. Así, una falla en la red puede producir efectos que persisten mucho después de que las luces vuelven a encenderse.
Vandalismo, una explicación que enfrenta dudas
La CFE atribuyó el apagón más reciente a actos de vandalismo en infraestructura eléctrica. Esa explicación, sin embargo, no ha cerrado la discusión. El PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron la versión oficial y sostuvieron que durante sus administraciones no se registraban apagones constantes de esta naturaleza.
Vida Gómez, presidenta de Movimiento Ciudadano, pidió esclarecer quiénes habrían intervenido las torres de alta tensión y calificó de poco creíble que personas ajenas pudieran subir a ese tipo de estructuras y manipular sistemas de alta tensión sin enfrentar riesgos extremos. La objeción no prueba por sí misma una causa distinta, pero plantea una exigencia concreta: la CFE debe presentar evidencia técnica y una explicación detallada sobre el punto de la falla, el tipo de daño y las condiciones en que ocurrió.
El debate de fondo no se limita a determinar si el apagón fue provocado o accidental. Incluso si se confirma el vandalismo, la frecuencia de las interrupciones mantiene vigente la pregunta sobre la capacidad de la infraestructura para resistir y recuperarse de incidentes. La estimación de hasta 100 millones de pesos funciona, en ese sentido, como una señal económica de la fragilidad del sistema: mientras no exista una medición confiable ni una solución estructural, cada nuevo corte seguirá convirtiendo la incertidumbre eléctrica en un costo para toda la actividad productiva de la Península.
